Maipeluza al banquillo: Cómo Cathy Barriga evitó juicio oral por daños a monumento histórico

Fueron cinco días de celebración durante Fiestas Patrias, con una parilla programática de lujo -Los Vásquez, Noche de Brujas, Los Tres y Miriam Hernández, entre otros artistas- y una anfitriona que no sólo bailó al ritmo de Rosalía en el escenario, sino que premió a su propio hijo por cantar el himno oficial del evento.

No fue la única crítica que recibió la alcaldesa Cathy Barriga ese año 2017. El lugar elegido para la masiva convocatoria, el monumento histórico nacional Cerro Primo de Rivera,  puesto de mando del Ejército realista durante la batalla de Maipú, fue severamente intervenido sin contar con las autorizaciones pertinentes.

La primera denuncia fue impulsada por los vecinos de la comuna, encabezados por Héctor Silva, presidente de la Unión Comunal de juntas de vecinos, y Mauricio Llaitul, presidente  de la asociación indígena Tripay Antu, quienes fueron los primeros en manifestar sus inquietudes sobre las evidentes vulneraciones al patrimonio histórico. Luego se sumarían al caso judicial, el Consejo de Defensa del Estado y la Municipalidad de Maipú, durante la administración de Tomás Vodanovic.

Seis años más tarde de los hechos acaba de anunciarse, para el 5 de enero próximo, el comienzo del juicio oral en contra de Víctor Caro y José Castillo, ex funcionarios municipales a cargo de la producción del evento. Cathy Barriga, técnicamente la “jefa de servicios” de la municipalidad, quedó excluida dentro del grupo de eventuales culpables.

El Desconcierto reconstruye los detalles de la extraña marginación de la exalcaldesa, a quien el Ministerio Público formalizará en enero próximo, en otra causa por fraude al fisco por 31 mil millones de pesos.

Maipeluza

“Un día pasamos por ahí”, dice Héctor Silva, intentando explicar lo evidente que era observar lo que estaba pasando. Bastaba pasar en micro por el paradero 15 para comprobarlo. “Ahí vimos con gran desazón cómo habían empezado a intervenir el cerro”, agrega el presidente de la Unión Vecinal.

-Entonces al ver la destrucción con las máquinas, hicimos la denuncia por Maipeluza, porque sabemos que para hacer algún movimiento en un monumento nacional hay que pedir permiso. Nadie puede llegar e intervenirlo.

Las sospechas de Silva tenían fundamentos. Para cuando entabló la denuncia en Carabineros junto a Llaitul, varias instituciones ya habían advertido al municipio sobre las implicancias que tenía desarrollar la actividad en el lugar escogido.

El 11 de septiembre de 2017, René Martínez, asesor de la Intendencia Metropolitana, informó expresamente a la entonces alcaldesa Cathy Barriga sobre la falta de antecedentes administrativos y técnicos requeridos para la realización de la actividad.

En esa misma fecha, mediante correo electrónico, Daniela Aravena, geógrafa de la secretaría técnica del Consejo de Monumentos Nacionales, indicó a la directora de Secpla del municipio que el cerro Primo de Rivera se encontraba bajo supervigilancia del organismo y que “todo trabajo que se realice requerirá su autorización previa”.

El 14 de septiembre de 2017, un día antes del inicio de la celebración, la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales informó al administrador municipal de Maipú, Felipe Contreras, que las intervenciones realizadas en el monumento nacional -tres escenarios, carros de comida, juegos infantiles- no habían sido autorizadas por la institución.

Pese a las advertencias y falta de permisos, el evento se desarrolló en el Cerro Primo de Rivera. Una vez concluido quedó en evidencia la magnitud del desastre. Según el informe pericial del Laboratorio de Criminalística de la Brigada de Delitos Contra el Medio Ambiente de la PDI hubo remoción de terreno, daños en surcos, instalación de pozo séptico y cañerías, corte de árboles y excavación con maquinaria pesada.

Un informe pericial de paisajismo y urbanismo del Laboratorio de Criminalística de la PDI determinó que las intervenciones en el terreno alcanzaron un “17,63% del total de la superficie”, concluyendo la existencia de dolo debido a que se realizaron de manera reiterada, pese a la negativa expresa del Consejo de Monumentos Nacionales.

A medida que la investigación fue avanzando, algunos imputados fueron quedando en el camino. Barriga pasaba por su más alto nivel de popularidad – fue la sexta figura política mejor evaluada en encuesta CEP de junio de 2019– y ni siquiera figuró en el listado de eventuales responsables.

También salió indemne tras el informe de Contraloría de diciembre de ese mismo año que detectó millonarias compras irregulares, entre ellas collares, peluches y hasta la renovación de pintura del automóvil municipal (color rosa). Pero lo más llamativo, sin embargo, fueron las compras fragmentadas y las órdenes por trato directo involucradas en la producción de Maipeluza.

En este último ítem fueron objetados decenas de órdenes de compra por la contratación de guardias, los sistemas de audio, la adquisición de empanadas, choripanes, pantallas led, carpas y toldos. La suma total de gastos cuestionados por Contraloría fue de poco más de 502 millones de pesos.

Al finalizar la investigación judicial, sin embargo, quedaron sólo dos exfuncionarios del municipio en el banquillo, Víctor Caro Olate y José Castillo Guzmán. El primero se desempeñaba como jefe de la Unidad de Eventos y el segundo como coordinador en la misma dependencia.

Caro había sido concejal de Ñuñoa, militaba en la UDI tras renunciar a RN, y según fuentes que conocen el caso pertenecía al círculo de confianza de Cathy Barriga, al punto de manejar la agenda de eventos de la autoridad comunal. También fue cuestionado en su momento por depositarle más de 3 millones a la cuenta corriente de Pedro Sabat.

A ambos exfuncionarios de Maipú se les imputa el “delito de daño o afectación de integridad de monumento nacional, sin contar con las autorizaciones pertinentes”. El 5 de enero estarán sentado en el banquillo de los acusados.

Sobre la exclusión de Barriga en el juicio, Héctor Silva asegura que lo sorprendió “porque si bien habían funcionarios involucrados, la responsabilidad recaía en la primera autoridad”. “Es importante que el Ministerio Público determine quienes son los responsables, que nadie escape a la función de sus cargos, porque yo creo que estos funcionarios no se mandaban solos. A veces el hilo se corta por lo más delgado para eludir responsabilidades”.