Denuncia por VIF: La mancha en el expediente del nuevo presidente de la Corte Suprema

El nombre de Ricardo Blanco Herrera comenzó a sonar desde hace algunas semanas en la carrera para presidir la Corte Suprema, destacándose al menos dos situaciones que podrían afectar su nombramiento: una misteriosa enfermedad que lo mantuvo el año pasado ocho meses con licencia médica y una antigua causa por amenazas en contexto de violencia intrafamiliar.

Pese a las especulaciones, ninguno de los eventuales impedimentos fue determinante a la hora de asumir como el nuevo presidente del máximo tribunal del país en reemplazo del juez Juan Eduardo Fuentes Belmar, tras una carrera que lo mantuvo hasta antes de su nombramiento como el más antiguo de los ministros en ejercicio.

“Me siento muy honrado por esta designación, pues constituye el más alto honor al que un juez de esta República puede aspirar y, al mismo tiempo, una gran responsabilidad”, fueron las palabras con las que Blanco Herrera tomó el bastón de la Corte Suprema.

Aunque en su trayectoria destaca su paso como secretario del Séptimo Juzgado del Crimen de Santiago, relator de la Corte de Apelaciones de Santiago y ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, entre otros cargos, a Blanco también le tocó estar al otro lado de la testera cuando fue acusado por su esposa de amenazas en el verano del año 2008.

El 23 de enero de ese año, la esposa del entonces ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, entabló una denuncia por amenazas en la 19 Comisaría de Providencia, tras una fuerte discusión ocurrida en el hogar que ambos compartían en calle Suecia.

Ricardo Blanco/ Agencia Uno

El documento judicial, al que tuvo acceso este medio, detalla que la mujer encaró a su cónyuge tras enterarse que éste tenía una amante en su “lugar de trabajo”. La discusión habría subido de tono, desembocando en graves amenazas proferidas por el actual presidente de la Corte Suprema en contra de su esposa.

“El ofensor (Blanco) se ofuscó y amenazó a su cónyuge con matarla o dejarle la cara marcada para siempre”, figura en la denuncia presentada en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.

Más tarde, ese mismo día, la pareja habría tenido un nuevo altercado, con agresiones físicas y verbales, donde Blanco habría manifestado “que no le importaba que hiciera alguna denuncia por cuanto iba a mover sus influencias y nada lograría”.

“Temor a su reacción”

La esposa de Blanco declaró ante el fiscal que los problemas se arrastraban desde el año 2000 y que al menos en tres oportunidades anteriores había sido agredida por su esposo, una de ellas con una cachetada en la cara y las otras dos estrellándola contra los muebles de la cocina. Además, señala que “nunca se atrevió a denunciarlo por temor a su reacción”.

La víctima agregó que la noche que ocurrió la última agresión durmió en una habitación contigua y que al despertar cambió la chapa de la puerta del domicilio para evitar el reingreso del abogado experto en criminología. Al regresar al hogar, Blanco la habría llamado por teléfono, “amenazándola con volver con Carabineros y un fiscal para abrir la puerta”.

El mismo día de la denuncia, el juez Fernando Valderrama decretó la medida cautelar de “abandono del lugar común”, prohibiendo al imputado todo tipo de  acercamiento a la víctima, ya sea en el domicilio o en cualquier otro lugar, hasta la audiencia de formalización fijada para el 25 de enero de ese mismo año.

Un día antes de la audiencia, sin embargo, Blanco denunció a su esposa de hurto simple y daños, luego que regresara a su hogar percatándose que su cónyuge por “motivo de celos” habría cortado varias prendas de vestir -“prestigiosas y de alto valor”-, además de sustraerle un notebook, 10 relojes pulsera de distintas marcas, diferentes perfumes, un distintivo de ministro para su vehículo y 400 mil pesos en efectivo que mantenía en un maletín.

Lo curioso de la denuncia es que los hechos se habrían producido tras el regreso de Blanco al domicilio conyugal, cuando se supone que había una orden de alejamiento en su contra. Se desconoce en todo caso si es que el entonces imputado contaba o no con una autorización de retiro de pertenencias, situación que no quedó consignada en el documento al que tuvo acceso El Desconcierto.

Pese a esto, la causa finalmente no prosperó, debido a que la pareja estaba casada bajo el régimen de sociedad conyugal, quedando ella exenta de cualquier responsabilidad penal, según verificó El Desconcierto.

El día de la audiencia de formalización de Blanco, la prensa fue obligada a abandonar la sala, provocando fuertes reacciones por parte de los periodistas presentes en la sala número 7 del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.

En la instancia la mujer se retractó de las acusaciones y manifestó que no continuaría con el procedimiento. El Ministerio Público, representado por el fiscal Jorge Martínez, comunicó entonces su decisión de no perseverar en la investigación.

La audiencia duró apenas cinco minutos.