Fronteras, dinero sin rastro y enemigos del Estado: falencias contra el crimen organizado

“No quiero molestarte, pero en este momento me está siguiendo un auto de Carabineros. Deben contar con una orden judicial de algún juzgado de Santiago. ¿Puedes tenerme algo para mañana? ¡Hay que pararlos!”

Es mediados de 1998 y el que habla es Edgardo Bathich Villarroel, empresario chileno de origen sirio que desde el teléfono celular en su Rolls-Royce color rojo contacta a Gloria Olivares, jueza por ese entonces de la Corte de Apelaciones de Santiago para que averigüe por qué un Toyota Tercel lo está siguiendo desde que salió de su departamento en Los Leones, comuna de Providencia.

El hecho de que un “hijo de vecino” contacte, sin intermediarios, a una jueza de la República para pedirle información sobre el trabajo de las policías, se puede explicar en parte por el vínculo familiar entre Bathich y Monzer Al Kassar.

Al Kassar, conocido como el “Príncipe de Marbella”, fue uno de los más poderosos traficantes de armas, acusado de terrorismo, lavado de dinero, ser el cabecilla de una red de tráfico de heroína, obtener misiles antiaéreos, vender armas a agentes encubiertos que se hacían pasar por miembros de la FARC, y de estar involucrado en el escándalo Irán-Contra, la operación encubierta que le permitió a Estados Unidos vender armas a los Contras que intentaban derrocar a los sandinistas en Nicaragua.

En 1992 Al Kassar fue detenido junto a Bathich en el Aeropuerto de Barajas en Madrid, acusado de falsificación, tráfico ilícito de vehículos, portación ilegal de armas y de participar en actos de terrorismo internacional.

Bathich tenía junto a su socio Firmino Tavares la empresa Focus Chile, empresa dedicada a la importación de piezas de camiones desde Europa y que, según documentos judiciales, tenía vínculos comerciales con Marco Antonio Pinochet y era controlada por narcotraficantes colombianos.

El caso del familiar de Al Kassar y sus vínculos con Chile, tal como lo relata “La delgada línea blanca, narcoterrorismo en Chile y Argentina”, de Rodrigo de Castro y Juan Gasparini, habla de las relaciones de poder y mafia en América Latina, durante la dictadura y su continuación tras el retorno de la democracia.

Esta red de intrincadas relaciones de negocios ilícitos entre empresarios locales, traficantes de armas y narcotraficantes abre una ventana que muestra que la criminalidad organizada no es un fenómeno nuevo en Chile y que, el hecho de que sea materia de discusión en la actualidad habla más de las instituciones, si es que están preparadas y cuáles son los «puntos ciegos» que tendría para enfrentar la orgánica de la criminalidad organizada

Crimen organizado made in Chile

“Hay que sincerarse en estos aspectos que dice relación con que el crimen organizado en Chile existe. Está presente. No es que se esté empezando con este fenómeno. Ya tenemos organizaciones criminales instaladas en Chile. Ahora, hay que distinguir también, porque una cosa es que una organización esté instalada y otra cosa es que una organización criminal venga a hacer operaciones”, dice el Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios en conversación con El Desconcierto.

Castro Bekios aclara que no hay un consenso ni una única definición sobre criminalidad organizada.

Según la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida como “Convención de Palermo” y celebrada en diciembre de 2000, la criminalidad organizada se entiende como «un grupo estructurado de tres o más personas que existe durante cierto tiempo y que actúa concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves, con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material».

Lo complejo es que cada organización criminal tiene su propia orgánica y no necesariamente sigue un patrón ni se dedican a los mismos negocios ilícitos. El crimen organizado hay que entenderlo como una empresa, muchas veces transnacional, que utiliza la misma lógica que cualquier otro holding que aprovecha las ventajas y herramientas que ofrece la globalización y la circulación de bienes y servicios entre naciones. La diferencia es que lo que vende y transa son “commodities” ilegales que pueden ir desde el tráfico de drogas, venta de armas, trata de personas y homicidio hasta la piratería o la venta de cigarrillos.

Omar Abdel Rahman/ Creative commons

Un ejemplo de esta diversificación del crimen es Omar Abdel Rahman, jeque de origen egipcio responsable del primer atentado al World Trade Center en 1993, quien tenía como cómplices a miembros de Hezbolá, quienes a su vez se asociaban con narcotraficantes mexicanos para importar pseudoefedrina de Canadá a Estados Unidos, además de establecerse en este último país para la distribución ilegal de cigarrillos, fraudes con cupones de descuento y venta de camisetas falsificadas.

El exfiscal y doctor en Derecho, Andrés Cruz, explica que no todo grupo que se organiza para cometer un delito es considerado parte del crimen organizado, sino que además se deben dar ciertas características y orgánica propia de la organización, como son determinadas jerarquías y roles definidos que se mantienen en el tiempo.

“No es un solo hecho, sino que yo me concierto con otros individuos para los efectos de que mi conducta se despliegue a través de una actividad que se desarrolla no solamente para un hecho, sino que respecto del futuro. Tienen una jerarquía determinada, estructuras que permiten la fungibilidad, es decir, podemos reemplazar un sujeto por otro cuando se trata de individuos que están en una escala inferior como el pistolero o el soldado”, explica el exfiscal.

En ese sentido, los autores del robo del siglo, hecho ocurrido en agosto de 2014 y donde una banda armada hasta los dientes logró sustraer desde la losa del Aeropuerto de Santiago cerca de $6 mil millones de un camión de valores de Brinks, no estaría dentro de esta definición, ya que sólo se trató de un grupo de personas que se concertaron una sola vez para cometer un delito, más allá de expectación y asombro que generó en la opinión pública.

Cruz, quien en 2010 acusó a la cúpula de la Coordinador Arauco Malleco (CAM) por el atentado contra el fiscal Mario Elgueta, y pidió 103 años de cárcel para Héctor Llaitul, insiste en la necesidad y el desafío para los tribunales de justicia de saber distinguir entre una estructura criminal y una banda que se organiza para realizar un delito en específico.

“Yo era especializado en la investigación del tráfico de droga, lavado activo y crimen organizado y cuando me correspondía investigar el crimen organizado, hace mucho tiempo atrás, las exigencias eran imposibles de cumplir para los efectos de acreditarlo entre los tribunales. O sea, prácticamente se requería de una declaración jurada entre los individuos diciendo ‘nosotros pertenecemos a una organización criminal’. Lo que es descabellado», señala.

«Hoy creo que la sensibilidad es distinta porque la situación es completamente diferente de la que teníamos antes. Eso hace que, a través de la prueba de indicios, no necesariamente de prueba directa, lográramos generar convicción en los tribunales para que ellos, los tribunales, se convirtieran en una organización de justicia. Finalmente condenen por la existencia de una organización criminal, una asociación ilícita, modificación legal que viene del 2022 y que ha sido muy útil”, complementa.

La “favelización” de la criminalidad en Chile

«Lamentamos el desenlace de este caso de criminalidad extrema y reiteramos nuestras condolencias a la familia», señaló este sábado el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, tras el hallazgo del cuerpo sin vida del exmilitar venezolano, Ronald Ojeda, quien fue secuestrado el pasado 21 de febrero.

Captura de pantalla

El cuerpo de Ojeda fue encontrado en un campamento en la comuna de Maipú, al interior de una maleta que fue enterrada bajo una losa de cemento a 1.4 metros de profundidad.

Por las características del secuestro y la forma en que se encontró el cuerpo de Ojeda, desde un primer momento estuvo la posibilidad de que el Tren de Aragua estuviera detrás del crimen, dato que fue confirmado este lunes por el fiscal Héctor Barros.

«Hemos estado realizando una serie de diligencias que están destinadas precisamente a establecer la participación de cada uno de los imputados con las complejidades que eso significa», señaló Barros.

«Es un contexto de criminalidad transnacional y criminalidad transnacional organizada, vinculado principalmente al Tren de Aragua en este caso», agregó el persecutor.

Este caso de “brutalidad extrema”, como señaló Monsalve, no es el primero que ocurre en Chile, sino que es una expresión más de violencia como método de resolución utilizada en el mundo del crimen.

En junio de 2022 la Fiscalía de Arica junto con la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron un operativo en el Cerro Cuño donde además de detener a 11 sujetos pertenecientes a la temida banda Los Gallegos, célula del Tren de Aragua en Chile, identificaron una “casa de tortura” y un cadáver enterrado.

Mismo escenario con el que la Brigada Antinarcóticos y la de Homicidios de la PDI se toparon en mayo de 2023, donde encontraron dos cuerpos enterrados a metro y medio de profundidad bajo una losa de concreto.

Hace un par de años que la Unidad Especializada en Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional viene identificando patrones similares donde las bandas criminales se instalan en los campamentos para el acopio de droga, centros de detención o eliminación de personas secuestradas.

Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios/Ministerio Público

Para el fiscal Juan Castro Bekios, se está dando un fenómeno de “favelización”, similar a lo que ocurre con los campamentos en Brasil. En ciudades como Arica, Antofagasta e Iquique, las bandas criminales, muchas de ellas extranjeras, se instalan en tomas ilegales y campamentos para infiltrar el territorio y establecen un sistema de “seguridad” que ayuda a no ser detectados con facilidad.

“El elemento control territorial es bastante importante en Antofagasta, y sobre todo por lo que dice relación con una realidad que tenemos acá, que es la de campamento. Las organizaciones criminales que están insertas en los campamentos de la región, particularmente Antofagasta, Calama, también han aparecido en Mejillones, operan bajo esa lógica del control territorial, y por lo tanto las distintas organizaciones están en una disputa por el control de campamentos enteros o sectores de campamento”, dice el fiscal.

En esa línea y respecto al hallazgo del cadáver de Ronald Ojeda, el alcalde de Maipú Tomás Vodanovic señaló que la toma ilegal de Camino a Melipilla “es fuente permanente de delitos e incivilidades que afectan a diario la seguridad de nuestros vecinos y la calidad del espacio público”.

La criminalidad en sectores marginales no es algo nuevo en Chile. Bandas delictuales y narcotraficantes han controlado por décadas sectores como La Victoria en Pedro Aguirre Cerda o La Legua Emergencia en San Joaquín, por lo que el vínculo entre criminalidad y campamentos es más bien consecuencia de la precariedad, falta de oportunidades y desigualdad de la sociedad chilena.

Sin hacer un vínculo entre criminalidad y migración, dejando en claro que el aumento de la delincuencia y la violencia tiene una multiplicidad de factores, Castro Bekios sí ha visto un cambio en la forma de operar respecto a los extranjeros vinculados al tráfico de droga y el uso de la violencia.

“Yo siempre hago la distinción: la migración no es en ningún caso sinónimo de delincuencia”, enfatiza.

Sin embargo, reconoce que el ciudadano colombiano es mucho más agresivo que, por ejemplo, el boliviano, actor que en las décadas pasadas era el encargado de ingresar la droga al país.

Gabriel Ugarte, investigador del CEP y coautor junto a Rodrigo Vergara del estudio “Inmigración y delincuencia: últimas cifras”, explica que la población migrante está subrepresentada en la comisión de delitos, donde la población migrante representa cerca del 8% de la población total en Chile, pero sólo el 5% está condenada por algún delito.

Sin embargo, el estudio refleja un aumento en los homicidios violentos. “Delitos más violentos con foco principalmente en homicidios y robos con violencia. Siguen estando subrepresentados (los migrantes), pero hay una excepción que son los homicidios, que están más o menos parejos con los chilenos”, señala Ugarte.

Para el exfiscal, Andrés Cruz, lo ocurrido con el exmilitar Ojeda es un hecho grave que habla de cómo la criminalidad extranjera permeó el territorio nacional.

Exfiscal, Andrés Cruz/Biblioteca Nacional

“No vamos a restar la gravedad del hecho. Están operando. Es algo que es doloroso reconocerlo, pero efectivamente estamos hablando de que nos permearon ya derechamente las organizaciones criminales extranjeras. Es muy grave lo que pasó. Es indudablemente atendida la gravedad”, señala.

En ese sentido, los miles de kilómetros que tiene la frontera chilena es una dificultad para los organismos del Estado, que ven cómo bandas criminales llegan al territorio luego de traspasar la frontera por pasos no habilitados. De hecho, el sábado recién pasado personal de Carabineros de la Tenencia de la comuna de María Elena, región de Antofagasta detuvo a un conductor de un camión que traía 50 mil cajetillas de cigarrillos de contrabando, avaluados en $114 millones.

«Está evidentemente la naturaleza fronteriza, sobre todo en la región de Antofagasta y la región de Tarapacá. Aquí tenemos amplias fronteras con Bolivia, que es un país productor de droga. Ese dato es súper importante y no sólo para estas regiones, sino que para todo Chile», señala el fiscal Castro Bekios.

El persecutor también se refiere al uso de la violencia de estas bandas extranjeras como, por ejemplo, las vinculadas al Tren de Aragua, quienes utilizan la intimidación, el sicariato y el ajuste de cuentas entre miembros de la misma organización como también para disputarle poder a otras organizaciones.

“Ellos recurren evidentemente a la fuerza, sobre todo a las armas de fuego, recurren a la violencia con el objeto de ir ganándose estos espacios en el mercado criminal. Eso no lo teníamos de la manera que lo tenemos al día de hoy. Por eso es que surge desde la Fiscalía este proyecto ECOH (Equipos de Crimen Organizado y Homicidios), que también está funcionando en la ciudad de Antofagasta, justamente para los homicidios en contexto de crimen organizado. A eso se le suma un nuevo ingrediente que no teníamos antes, que es el secuestro, señala el fiscal.

Según cifras del Ministerio Público, 38% de los homicidios en la región de Antofagasta fueron con arma de fuego, 31% con arma blanca y 9% con elementos contundentes.

Un dato no menor es el aumento de casos de homicidio sin autor conocido. Si antes la resolución de este tipo de delitos rondaba el 80%, en la actualidad cerca del 25% de los homicidios no tienen un imputado conocido.

Respecto a los secuestros, en el 2023 en Antofagasta hubo 52 denuncias por este tipo de delitos, de los cuales 21 fueron secuestros extorsivos, es decir, que se pidió dinero o algún bien a cambio para la liberación de la persona, lo que se traduce en un 32% más que en el año anterior.

Cabe recordar que en diciembre pasado cayeron “Los piratas del Tren de Aragua”, banda dedicada al narcotráfico y el secuestro extorsivo en la ciudad de Calama. En el operativo se detuvo a siete personas extranjeras acusadas de asociación criminal, tráfico de droga, homicidio frustrado y secuestro extorsivo.

En ese sentido, lo que ha podido apreciar el Ministerio Público en la región de Atacama es que luego de algún decomiso de droga importante, al poco tiempo se registra algún homicidio vinculado al narcotráfico o la criminalidad organizada, donde además salta el dato del «homicida desconocido», figura que podría estar vinculado a muertes en el contexto de «ajuste de cuentas».

Derecho penal del enemigo

Una de las dudas que actualmente tienen gobiernos e instituciones estatales es cómo combatir esta nueva forma de criminalidad, sin un líder claro, que trabaja con células en diversas partes del mundo y con penetración transnacional en la que muchas veces la línea que divide las empresas legales y los negocios ilícitos es tan delgada y difusa que es casi imposible saber de dónde vienen los dineros y quiénes están involucrados.

Moisés Naím, exdirector ejecutivo del Banco Mundial es uno de los que más sabe sobre la orgánica de las transnacionales de lo ilícito y el crimen en la era de la globalización. Hace 20 años, cuando aún Internet, el comercio online y empresas como Amazon y AliExpress eran cosas del futuro, Naím hablaba de que el blanqueo de capitales representaba entre el 2% y 5% del PIB mundial, es decir, entre 800.000 millones y dos billones de dólares. Algunas estimaciones situaban al lavado de dinero en 10% del PIB mundial.

“El dinero negro equivale al 10% del Producto Interno Bruto mundial, en donde la economía no podría sobrevivir sin la economía sumergida. En algunos países este mercado ilícito incluso supera el 40% del PIB”, decía el experto venezolano.

Agencia Uno

En la actualidad el flujo de capitales, las millones de transferencias bancarias que se hacen por segundo, los paraísos fiscales y la infinidad de empresas de papel que realizan triangulaciones en diversas partes del mundo para no ser detectadas, sumado a las nuevas tecnologías, representan un desafío gigantesco para los Estados y sus instituciones, los que deben luchar para que el crimen organizado dentro de sus fronteras no gane terreno.

“Cuando yo era fiscal, me correspondió investigar grupos delictivos que se desenvolvían en Chile, en Colombia, pero que sus operaciones rendían réditos en Bélgica, es decir, individuos que se desplazan en distintas partes del territorio con el objeto de obtener algún tipo de rentabilidad”, dice el exfiscal Cruz.

Para hacer frente al lavado de dinero, en mayo de 2004 entró en vigencia en Chile la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que trabaja junto al Ministerio de Hacienda con el objetivo de prevenir e impedir la utilización del sistema financiero, y de otros sectores de la actividad económica chilena, para la comisión de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Sin embargo, una de las falencias que actualmente tienen las instituciones persecutoras es la dificultad para seguir la ruta del dinero ilícito y así descabezar a las bandas criminales.

“Para poder atacar las organizaciones criminales, lo fundamental para atacarlas de verdad es la investigación patrimonial. Ese es el punto y diría que esa es la debilidad que en este momento tenemos como país, porque no estamos viendo en qué se está utilizando ese dinero y eso es un tremendo riesgo. No hablo para un gobierno determinado, es un tremendo riesgo para el Estado como tal, para las instituciones democráticas del Estado, por los peligros de corrupción que significan esas tremendas cantidades de dinero que andan circulando en nuestro país y que no las podemos detectar”, dice el fiscal Castro Bekios.

El fiscal de Antofagasta explica que incautar kilos de droga y meter presos a los criminales no sirve para desarticular a las bandas porque no se está atacando el patrimonio. “Yo puedo tener una organización, pero si no me quedo con el dinero la organización va a funcionar desde la cárcel o con el que quede afuera. Por lo tanto, yo diría que es el punto más relevante y en el que nos estamos quedando atrás”, reflexiona.

Además de seguir el dinero del crimen organizado, durante el último tiempo se ha debatido cambiar el foco en la forma de atacar y hacerle frente a la criminalidad, donde el concepto del “derecho penal del enemigo” ha comenzado a sonar con más fuerza.

La expresión fue acuñada en 1985 por el alemán Günther Jakobs y se basa en la idea de que hay ciertas personas o grupos criminales que son enemigas del Estado y por lo cual no deben tener las mismas protecciones ni derechos de los que gozan otros individuos o delincuentes.

Respecto a ese concepto, el fiscal de Antofagasta cree que es una materia que tiene que debatirse para ver si este tipo de criminalidad organizada debe tener otro tipo de normas.

“Hay cierto tipo de criminalidad en donde se tiene que ser más estricto. Esto es una opinión personal, con la posibilidad de beneficios que puedan tener estas personas y creo que eso sí es una materia de discusión. Una materia que tiene que debatirse en donde corresponde, en el Parlamento. Creo que es hora de debatirlo donde corresponde y evaluar si al día de hoy, con la criminalidad que estamos enfrentando, podemos mantener exactamente las mismas normas iguales para todos o tenemos que distinguir respecto de este tipo de personas que presentan un real peligro para nuestra sociedad y no solo para nuestra sociedad sino que para el funcionamiento de nuestras propias instituciones democráticas, por el peligro de que puedan permear nuestras instituciones y que nuestro país se transforme en algo que evidentemente nadie quiere que ocurra”, cierra el fiscal.