Urbanista Iván Poduje y crimen organizado: «Tomas de casas son más graves que campamentos»

El secuestro y muerte del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, cuyo cuerpo fue hallado enterrado a 1.4 metros de profundidad en un campamento de la comuna de Maipú, puso el ojo de la discusión en las tomas ilegales y su vínculo con el crimen organizado. Esto se suma a las declaraciones de la alcaldesa subrogante de Cerrillos, Verónica Montecinos, respecto a un supuesto cementerio ilegal que habría en la toma Nuevo Amanecer.

Si bien en los campamentos se ha dado un fenómeno conocido como “favelización”, similar a lo que ocurre con los campamentos en Brasil, donde bandas criminales se instalan en esos lugares para infiltrar el territorio, para el arquitecto y urbanista, Iván Poduje, el problema más grave está en las tomas ilegales de casas en las ciudades, particularmente en barrios de Santiago como Yungay o Matta Sur.

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“Es lo más grave que tenemos hoy día en Santiago. Las tomas de casas son más graves que las tomas de campamentos, porque las casas están en lugares centrales y lo que hacen estos tipos es ubicar esa casa para alojar a su gente, a sus soldados o para negocios de arriendo para bodegaje de droga, tráfico de droga”, señala Poduje en conversación con El Desconcierto.

La gravedad de esta situación y que para el urbanista y socio de Atisba es el fenómeno más complejo que existe hoy en día, se problematiza además por el hecho de que está atomizado y subestimado por las autoridades, sin percatarse del lucrativo negocio que es para las bandas criminales.

“Lo más importante lo usan para iniciar su radio de acción para cobrar, para extorsionar. Entonces, se instalan en Yungay, en San Pablo y empiezan a cobrar a todos los comerciantes de a poco hasta que tienen un área de 20 cuadras de la redonda donde todos están pagando 2 millones de pesos mensuales. Esos 200 locales son 400 millones mensuales, entonces es muy rentable el negocio de la extorsión y es un negocio, además que es muy silente porque tú no sabes cuántas personas están siendo extorsionadas”, agrega.

Segregación y “negocio inmobiliario” del crimen

Para Poduje el problema de fondo y que es aprovechado por el crimen organizado para disputarle influencia y territorio al Estado es la segregación que existe en las ciudades, caldo de cultivo del que se benefician las bandas criminales para ir ganando poder.

“Usan la ciudad segregada para instalar sus redes y expandirse. En el caso de Chile hoy día tenemos un problema porque eso se está moviendo. La comuna de Santiago por ejemplo hoy día es un territorio en disputa, se está desplazando desde sectores periféricos a sectores centrales y eso es muy peligroso porque cuando se desplazan estos grupos están conquistando territorios que se supone son más protegidos, por ejemplo, el barrio Yungay, donde vive el Presidente, hoy día está absolutamente en disputa”, señala.

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El urbanista agrega que este movimiento desde la periferia hacia los conos urbanos es un fenómeno que está ocurriendo tanto en barrios de Santiago como Yungay, Matta Sur y Franklin, como en otras ciudades como Arica en el norte o Coronel en la región del Biobío.

“Básicamente es un tema de dominio geográfico. El crimen organizado funciona controlando barrios, sectores geográficos en los que trafica droga, extorsiona a comerciantes, les cobra un impuesto para no quemar los locales o no matarlos en esos lugares. Por lo tanto, lo que estamos viviendo hoy día en Chile es la pugna por el control de esos sectores entre bandas y el Estado”, señala.

El arquitecto explica que esta pérdida de control de los territorios por parte del Estado acelera la segregación ya existente en las zonas urbanas.

“Lo que hace la segregación urbana es que separa los sectores más postergados del resto de la ciudad, los separa desde el punto de vista de la visibilidad que tienen los problemas que ocurren en la ciudad segregada. Eso permite que las bandas criminales entren y se instalen ahí”, señala.

Como urbanista, Poduje ha visto un cambio significativo del aumento de tomas ilegales y campamentos a partir de 2017-2018, donde el estallido social y posteriormente la pandemia, obligaron al Estado a replegarse, lo que fue aprovechado por el crimen organizado para avanzar en los territorios y las zonas urbanas.

“Está agotado (el Estado) con el fenómeno anterior, una dotación policial mermada, una clase política agotada. Lo que hace el crimen organizado es que aprovecha esa brecha y se expande más y más. Entonces lo que tenemos hoy día es una ampliación importante del área geográfica cubierta por el crimen organizado en comunas, en ciudades del norte, particularmente en Alto Hospicio, Arica, Antofagasta, también en Coronel también en el sector sur de Santiago en el sector poniente”, dice Poduje.

“Las tomas parten como una solución al desborde migratorio y la pandemia. Parten porque la gente se queda sin plata y no puede pagar más. Se acelera considerablemente cuando entran lógicas criminales, se hacen cargo de las tomas de tierra que es lo que los peruanos llaman ‘el tráfico de terrenos’”, agrega.

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Poduje explica que este “tráfico de terrenos” es un negocio basado en tomarse terrenos, venderlos o arrendarlos y así apoyar económicamente los otros negocios que tiene el crimen organizado, como es la trata de personas, el ingreso de inmigrantes indocumentados, secuestros, tráfico de drogas, entre otros.

“Hacen un negocio inmobiliario y luego controlan sectores del campamento y desarrollan ahí su economía criminal, porque el campamento es el sector más segregado dentro de la ciudad segregada. Sus calles no se conocen, básicamente no puedes entrar, o sea, hay mucho más control geográfico que en las zonas urbanas consolidadas y eso ha hecho que estas tomas se transformen por la acción de estas bandas en espacios muy peligrosos y en espacios propensos para tener actividades ilícitas”, señala.

Corrupción y caldo de cultivo para la criminalidad

El crimen organizado necesita la corrupción para sobrevivir, establecerse y expandirse. Donde exista un funcionario público que haga vista gorda o acepte algún soborno es escenario en el que la criminalidad va a poner su mirada para intentar infiltrar el Estado y disputarle poder.

En ese sentido, existe una larga lista de casos de corrupción en los últimos años, que han afectado a municipalidades e instituciones públicas, donde en ocasiones no ha existido una condena transversal por parte de la clase política, lo que para Poduje es algo gravísimo y que invita al crimen organizado para que haga su negocio.

“Es inaceptable que los partidos políticos no tengan una condena transversal, por ejemplo, lo que pasa con la alcaldesa Peñalosa de Las Condes. Está siendo investigada por casos de corrupción gravísimos y lo que uno esperaría de la clase política es que la aíslen para esperar un resultado, pero no, la respaldan. Entonces qué piensa un tipo que está mirando desde afuera, dice ‘mira a una alcaldesa que está formalizada o sea que está investigada por corrupción la respaldan los políticos más importantes del país’. Es una señal horrible. No estoy diciendo que haya entrado (el crimen organizado) a Las Condes, a lo mejor sí, pero la señal es muy mala”.

Para Poduje, la clase política no están entendiendo la gravedad del asunto y a lo que se está enfrentando, por ejemplo, lo ocurrido con el secuestro y posterior muerte del exmilitar venezolano, Ronald Ojeda, donde acusa un uso político del tema, donde la derecha vinculó el hecho con el gobierno de Nicolás Maduro.

“Hay un uso político del caso para pegarse mutuamente. Por ejemplo, cuando se sabe que hay tipos del tren de Aragua vinculados, también se descarta la participación de Nicolás Maduro desde el otro lado. uno la verdad es que no tiene idea de qué ha pasado porque generalmente, y en el caso del tren de Aragua hay vínculos o hubo vínculos con el gobierno de Maduro, en algún momento no sabemos si existen esos vínculos o no, pero claro, uno debería esperar que las cosas decanten, pero lo grave acá es la vulnerabilidad que muestra el Estado de Chile, sea quien sea el hechor, para matar a una persona que supone que está asilada y esa vulnerabilidad se va a extrapolar después. Si tú puedes matar a un tipo que está asilado ¿por qué no vas a poder matar a un juez o un fiscal o un alcalde que no acepta la comia?”, señala.
“Lo que uno esperaría es que los políticos estén discutiendo formas para que el Estado proteja a su población de estos tipos y eso es lo que no estamos viendo. Lo que mostró el caso del teniente Ojeda es que Chile es un país altamente vulnerable al punto que sea quien sea es capaz de hacer este delito, pasar impune y que no va a pasar nada”, cierra.