Reflexión no policial sobre el crimen de una estudiante chilena en Buenos Aires

El asesinato de Nicole Sessarego Bórquez, estudiante chilena de periodismo de la Universidad de Playa Ancha (UPLA), oriunda de Valparaíso, quien se encontraba cursando una pasantía en la Universidad de Buenos Aires (UBA) gracias a un convenio de movilidad estudiantil entre ambas casas de estudio, deja un conjunto de dudas y cuestionamientos no solo por el misterio tras su horroroso asesinato sino por las condiciones en que los estudiantes de intercambio deben subsistir sin el apoyo que requieren, lo cual amerita una revisión a las normativas estipuladas en el Reglamento General del Programa Escala Estudiantil diseñado por parte de las instituciones educativas que conforman el Grupo Montevideo.

Resulta impensado que los sueños de una estudiante terminaran de esta forma, y a solo dos semanas de su anhelado retorno a Chile. Es cierto que en estos momentos lo que debe primar es el apoyo a la familia y la pronta respuesta que esta debe tener por parte de la justicia argentina, para así develar las circunstancias en que perdió la vida y el o los responsables de este apabullante crimen.

Sin embargo, además de la parte criminal que debe resolver el proceso investigativo en manos de la policía y la fiscalía trasandina, las rectorías de ambas casas de estudio también deben asumir la responsabilidad que les compete en tanto las características de los convenios de movilidad para estudiantes, lo cual rebasa el caso particular en que Nicole perdió la vida pero no por ello deja de tener vinculación en algunos aspectos ligados a su permanencia en Argentina.

Tras conocida la noticia, el rector de la UPLA, Patricio Sanhueza, decreta oficialmente el luto como universidad y ofrece el apoyo institucional a la familia en materia de gestión a través de un abogado y la cobertura de los gastos asociados al engorroso proceso de repatriación del cuerpo de la estudiante. Asimismo, y pese a que en el convenio estaba involucrada la UBA como universidad de destino, esta última institución hasta ahora no se ha pronunciado públicamente respecto a los hechos acontecidos.

Ante todo esto, resulta necesario revisar las condiciones que ofrece el convenio de movilidad del Grupo Montevideo y que en este caso particular involucra a estas dos universidades. Los estudiantes de intercambio, muchos de ellos a muy temprana edad como el caso de la joven chilena, que al momento de su muerte tenía tan solo 21 años, arriban a capitales como Buenos Aires donde deben resolver por su propia cuenta el lugar en que vivirán durante su estadía. Ni mencionar la existencia de pensiones universitarias (como una condición básica para recibir a los becados) que contemplen un régimen de funcionamiento fiscalizado por las casas de estudio que pactan el convenio, y la orientación permanente hacia los estudiantes, cuyo objetivo sea ofrecer a estos una experiencia asociada a su formación profesional y al plan de estudios que deben cursar.

En el capítulo 4 del Reglamento General del Programa de Movilidad Estudiantil de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM), se establece que “La universidad de destino debe financiar, durante todo el período de su estadía, el alojamiento y alimentación de los estudiantes que recibe”. Lamentablemente esta ayuda por parte de la universidad de destino se traduce en el depósito de un monto específico que el alumno individualmente administra, lo cual implica no hacerse responsable de su desenvolvimiento en el periodo que permanezca en el país. De hecho, en el apartado que define los deberes de los estudiantes que participen en el programa, se establece que estos tendrán que “Asumir personalmente la responsabilidad de los daños que sufrieren y de los perjuicios que causaren durante su participación en el Programa y que no estén cubiertos por el seguro contratado y relevar expresamente de esa responsabilidad a las instituciones participantes y al Programa mismo”.

En estricto rigor, lo que aquí se resuelve es que las universidades que suscriben el convenio, y el Programa mismo, se desvinculan automáticamente de cualquier responsabilidad en diversos aspectos, incluido aquellos asociados a la seguridad de los estudiantes, es decir una “lavada de manos” que nos hace cuestionar el marco ético sobre el cual se rige este acuerdo. Se trata de instituciones de carácter público y estatal, por lo tanto es el Estado a través de sus universidades quien no asume el rol de resguardo y protección de sus estudiantes.

Se equívoca el cónsul chileno Raúl Sanhueza cuando alude a la posibilidad que tienen los alumnos de “vivir como adultos en otro país” (tal como declaró a la prensa trasandina), pues no se trata de un viaje turístico o un programa de incentivo a la maduración juvenil, o que por ser un hecho de carácter policial no comprometería el programa de movilidad. Debemos considerar que esta joven habitaba en el barrio de Almagro en un departamento junto a dos amigas, y que según constata el diario La Nación de Argentina se trataría de 6 personas, lo que de ser verídico nos habla de una situación de precariedad pese a las ayudas recibidas por parte de ambas instituciones, que en el caso de la UPLA se traduce (de acuerdo a lo establecido por el programa) en financiamiento de transporte y documentación.

Con total franqueza hay que reconocer lo incómodo que resulta hacer mención a este tipo de situaciones en este momento, pero no es posible que una universidad acreditada que se vanagloria de su prestigio regional, nacional y que ahora es parte de una alianza interuniversitaria a nivel internacional, limite su ayuda a los estudiantes con aportes que se pueden comparar a las becas que entregan las propias federaciones universitarias, las cuales cuentan con presupuestos millonarios pero ínfimamente inferiores a los de una institución como la UPLA y sobre todo la UBA.

Nada compensa el dolor de la familia, amigos y compañeros, por eso es que el reconocimiento a la excelencia académica de la estudiante debe ir acompañado de un compromiso real por parte de la Universidad de exigir al Estado, en pleno contexto de reforma educacional, la disposición de recursos que vayan también en directo beneficio de los estudiantes de intercambio, y que al menos considere el que se les asegure una residencia donde poder vivir administrada mancomunadamente por la institución de origen y de destino, y se les otorgue un acompañamiento permanente durante la pasantía, lo que incluye hasta el resguardo de su seguridad y apoyo psicológico.

En lo relativo al desenvolvimiento cotidiano de los becados, hay que ser enfático en sostener que un programa de movilidad estudiantil que no contemple un régimen de funcionamiento fiscalizado y monitoreado constantemente y de forma rigurosa por ambas instituciones, es dejar en libertad de acción a los estudiantes que se vean beneficiados por este. No se trata de coartar la libertad individual o el legítimo derecho a las horas de esparcimiento, pero incluso aquello debería quedar estrictamente reglamentado y de no cumplirse, pondría en riesgo la permanencia del becado, al igual que un descenso de su rendimiento académico.

En ese contexto, la UPLA debe dejar a un lado la defensa de sus intereses corporativos para resolver una posición sinceramente autocrítica. Hoy Nicole está muerta, una alumna esforzada como miles en nuestro país, pero mañana le puede tocar a otro(a) estudiante que esté de visita en Chile, considerando los riesgos asociados a la seguridad pública, más aún cuando se trata de visitantes extranjeros jóvenes que se enfrentan a un país que no conocen. Es cierto que este caso resulta un hecho fortuito pero ello no puede ser usado como pretexto para que una institución universitaria como la UPLA, que forma parte del Grupo Montevideo, desestime las condiciones en que los estudiantes deben cursar sus pasantías fuera del país, y en el caso último sí tiene esto directa relación con el programa de movilidad estudiantil, lo cual amerita al menos una revisión de este.

La movilidad estudiantil permite el fortalecimiento de las instituciones que forman parte de estos convenios, pero cuando ello se hace al costo del desamparo de los estudiantes, los objetivos de integración, cooperación e intercambio académico y cultural pierden toda lógica y se transforman en simples mecanismos para la configuración de alianzas estratégicas que permiten la creación de ventajas comparativas, las que efectivamente aportan al posicionamiento de una universidad en un competitivo mercado educacional como el chileno, y que si bien otorgan la posibilidad de que los beneficiarios del programa experimenten una pasantía en el extranjero, lo cierto es que hay que hacerse cargo de la totalidad de los aspectos que involucran vivir y estudiar en otro país, y no solo de aquellos que sirven para ganar prestigio, pues ello daría cuenta de una mirada mercantil del proceso educativo.

Por último, hacer una mención deshonrosa a algunos medios de prensa, principalmente de Argentina, que se han dedicado a especular con la pretensión del morbo en torno a la vida personal de una víctima inocente. No tiene sentido hacer uso del púlpito que les provee el poder para aumentar el grado de sensacionalismo en torno a este crimen y arrogarse la oficialidad de la información de primera fuente, con objetivos publicitarios que lejos están del sentir que afecta a sus seres queridos.

Es nuevamente la prensa la que aporta a la tergiversación y que entorpece los procesos investigativos y judiciales, armando un rompecabezas de declaraciones y presunciones al estilo de las mejores crónicas rojas basadas en crímenes pasionales, para cubrir las portadas que motivarán la deliberación social y el escándalo como factor del marketing comunicacional, en desprecio de la tristeza que afecta irremediablemente al círculo más cercano de una estudiante chilena asesinada.