La idea propuesta por la Mandataria apunta, precisamente a lo contrario; a que sea una señal gratuita y sin publicidad para que el efecto y la lógica comercial no tiñan la programación cultural y educativa ante una desesperada demanda de los empresarios que –indirectamente– manipulan la programación televisiva, al crear las necesidades propias de la audiencia. Se sabe que desde hace años la televisión chilena se encuentra en crisis; y se sabe también que la crisis registra sus antecedentes en el momento en que el rating irrumpió en el desempeño de los programas. No existe otra manera para explicar el gusto de la teleaudiencia en programas basuras de farándula, concursos y entretención, si no se encuentra ese comportamiento en los puntos de rating que mueve a la industria.
TVN, en sus mejores tiempos (comienzos de los 90’) cumplía, en cierta forma, la función de canal público al mostrar una diversidad de programas educativos y culturales, pero con el tiempo su programación quedó supeditado a los registros de televidentes que alimentaban ese feroz rating. La metamorfosis de sus contenidos fue tal, que actualmente se ha posicionado en un penoso y pobre cuarto lugar con pérdidas que arrojaron 5 mil 562 millones de pesos, entre enero y marzo de este año; poco menos de lo que perdió en todo el año anterior que fue de 6 mil 593 millones de pesos, de acuerdo a los resultados entregados por las propias señales a la Superintendencia de Valores y Seguros, durante esta semana.
¿Qué pasa entonces? Pasa que el canal público –como sucede con la mayoría de los organismos del país– se vio fuertemente influenciado por la irrupción de los inversionistas que advirtieron en TVN otra plataforma de competencia con los demás canales privados, generando esta crisis de audiencia dado los bajos puntos de rating. De ahí entonces la importancia de que un eventual nuevo canal dedicado a la cultura sea bajo los parámetros y características anunciadas por la Jefa de Estado, porque al no verse involucrado con inversionistas privados podemos estar seguros de que su programación perdurará y cumplirá el objetivo de mostrar una serie de contenidos basados en la diversidad, pluralidad y transversalidad sin importar los resultados económicos. Resulta incomprensible, entonces, que existan voces disidentes a este tipo de iniciativas, cuyo único objetivo es ponerse a la altura de países desarrollados que cuentan con señales estatales dedicadas a la cultura. Porque convengamos que la legislación que buscaba aumentar la programación cultural en las señales abiertas no surtió el efecto esperado. Básicamente, porque se tergiversó lo que se entendía por “programación cultural” y porque se relegaron a horarios y días periféricos que, coincidentemente, son los mismos en que se registran menos puntos de rating. Algo así como el patio trasero de la programación.
No ocurrió con la miniserie sobre el caso Zamudio, ni tampoco con el programa Qué comes, cuyos contenidos nos hacen recordar el rol que debe cumplir un canal público, pero que de una u otra forma sigue a merced de lo que indican los números de audiencia, influyendo directamente en la cantidad de recursos que aportarán los inversionistas de las grandes marcas.
Entonces, no es menor que un eventual nuevo canal cultural posea las características anunciadas por la Presidenta. Porque si lo que realmente se quiere es entregar un canal pluralista, tiene que ser obligatoriamente ajeno al financiamiento de la publicidad, las grandes marcas y los inversionistas privados. Si no, estaríamos frente a otro modelo como el de TVN que ampararía programas de concursos como los de Viñuela.
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Puedes leer otra columna del autor sobre TV aquí: Cuenta Pública: TV cultural, por el bien de Chile