El primer antecedente que encontramos al respecto es la “Comisión Asesora Presidencial en Materias Artístico-Culturales” (Comisión Ivelic) de 1997, creada por mandato del entonces presidente Eduardo Frei. Dicha comisión propuso la creación de un Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) que contara con dos direcciones: la Dirección Nacional de Fomento a la Creación Artística y la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural (basada en la reformulación de la DIBAM). Posteriormente en el año 2003 se promulga la Ley N° 19.891, que crea el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
Ya en el año 2006, por encargo de las entonces Ministra de Educación, Ministra Presidenta del Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes, y la presidenta Michelle Bachelet, se forma una Comisión de Institucionalidad Patrimonial. A raíz del trabajo de esta comisión se ingresa a la Cámara de Diputados, en septiembre del año 2009, un proyecto de Ley que crea el Instituto del Patrimonio Cultural. Sin embargo dicho proyecto no fue sometido a discusión alguna, siendo retirado en el mes de junio del año 2010.
Durante el discurso del 21 de mayo de 2011, el presidente Piñera compromete el envío de un proyecto de ley que crea el Ministerio de la Cultura y el Patrimonio. Casi dos años después del discurso, esto es el 14 de mayo de 2013, es ingresado a la Cámara de Diputados por primera vez en nuestra historia legislativa un Proyecto de Ley que crea un Ministerio de la Cultura.
Sin embargo dicho proyecto, tal como las iniciativas anteriormente referidas, no había sido discutido con los migrantes, Pueblos Indígenas y organizaciones afrodescendientes de nuestro país, cuestión absolutamente pertinente, considerando que estos grupos representan parte importante de la diversidad cultural de Chile.
En cuanto al texto del proyecto, es posible observar la absoluta ausencia de referencias a la realidad pluricultural de Chile. Es así como los organismos colegiados que diseñaba la nueva institucionalidad, tal como sucede con los organismos del Estado abocados a la gestión cultural en la actualidad (CNCA[1], DIBAM[2], CMN[3]), no contemplan la participación de representantes de estos grupos y no existen referencias, en las atribuciones de los distintos órganos administrativos que diseñaba el proyecto, que permitan canalizar institucionalmente la diversidad cultural existente en el territorio nacional.
Tanto el proceso de gestación del referido proyecto, como el contenido del texto, develan la idea de un Estado Nación monocultural, que identifica la cultura exclusivamente con la producción artística y no se hace cargo de las complejidades propias de un espacio sociopolítico en el que conviven distintas culturas.
En razón de estas y otras críticas al proyecto de ley que crea el Ministerio de Cultura, durante la campaña presidencial de Michelle Bachelet esta comprometió, dentro de los primeros 100 días de su gobierno, el envío al Congreso de una indicación sustitutiva que reemplazaría por completo el texto. Sin embargo ya durante el mandato de la presidenta se decidió postergar el envío del nuevo proyecto, con el objeto de desarrollar un proceso de consulta a los Pueblos Indígenas. Tarea que, de acuerdo a la información proporcionada por el Consejo de la Cultura y las Artes, entidad que ha llevado adelante el proceso, se desarrolló durante el segundo semestre del 2014 y parte del 2015. En razón de ello durante el mensaje del 21 de mayo de este 2015 se anunció que finalmente durante el segundo semestre del año se ingresaría el nuevo proyecto.
Sin embargo resulta preocupante que hasta la fecha no se conozca el contenido y/o el fruto de las discusiones que se dieron durante el proceso de Consulta. A ello debe sumarse el malestar que han manifestado los trabajadores del Consejo de la Cultura y de las Artes, respecto de la falta de información y discusión al interior del organismo sobre los contenidos del nuevo proyecto, los reclamos de la misma índole de organizaciones civiles vinculadas a la materia y el cambio de Ministro en medio de todo este proceso.
El reconocimiento de la realidad pluricultural de nuestro país es absolutamente necesario para avanzar hacia un pacto político en el que la diferencia cultural sea vista como un valor que enriquece nuestra sociedad. El derecho, y en lo concreto la institucionalidad y las regulaciones que se diseñan a través de él, en la medida en que están respaldadas por el poder del Estado, tienen la potencia de crear realidad a través de la palabra escrita, es por ello que una ley que diseñe un Ministerio que visibilice las distintas culturas que están presentes en nuestro país, puede contribuir de manera significativa a un avance en esa dirección.
De ahí que un proyecto de ley sobre institucionalidad cultural que refleje la voluntad política de dejar atrás la idea de un Estado Nación monocultural y que destrabe la comprensión de lo cultural únicamente como producción artística, sino que por el contrario también identifique como cultura las prácticas de las diversas comunidades que conviven en el territorio nacional, es imprescindible. De otro modo la nueva institucionalidad cultural contribuirá al mantenimiento de una jerarquización de culturas, orden en el que el derecho, con toda su carga performativa, hasta ahora ha contribuido claramente.
* Abogada de la Universidad de Chile. Coordinadora del Programa de Antropología Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
[1] Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes.
[2] Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos.
[3] Consejo de Monumentos Nacionales.