En específico, su próximo trabajo, que sería presentado el 26 de septiembre, se enmarca en una investigación comenzada en marzo de 2014 con un grupo de cientistas sociales y ex presas y presos políticos del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). El proyecto busca aprovechar el vacío legal de la Ley 19.992, conocida como «la ley del secreto», que puso 50 años de secreto a las declaraciones que inculpan a una serie de torturadores, asesinos y sus cómplices. Este supuesto vacío legal abre una posibilidad concreta para que las víctimas puedan obtener los testimonios y archivos que guarda la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.
Aquí se inicia la nueva apuesta de Papas Fritas: la idea es iniciar un proceso de desclasificación popular de archivos, sin esperar 50 años, que busca dar a conocer públicamente el nombre de los torturadores y no el nombre de las víctimas, invitando al público a sumarse a la iniciativa con manuales y videos explicativos, bajo la consigna «la memoria es nuestra». Sin duda, una instalación que dará de qué hablar en un escenario político donde las violaciones a los DD.HH y las responsabilidad impunes vuelven a la palestra pública.