El estallido en las mejores fotos de la Agencia Uno

A mediados de octubre de 2019, Chile, país percibido por la comunidad internacional como uno de los más estables y seguros de la región, catalogado por algunos como un “oasis” dentro de un mundo convulso, y por esa fecha abocado a organizar dos importantes encuentros de Estados  –Apec y COP 25–, experimentó, de un día para otro, un estallido monumental, comparable a la crisis existencial de una persona que ve cómo se le derrumban sus paradigmas de vida. La diferencia es que en este caso el estallido es de orden social e involucró a toda la sociedad civil, con una fuerza y virulencia desatadas que cambiaron dramáticamente el paisaje urbano y social.

En sus inicios, a partir de escaramuzas realizadas por estudiantes secundarios del Instituto Nacional, quienes a través de la acción denominada “evasión” –consistente en eludir el pago del Metro (ferrocarril metropolitano) saltando los torniquetes– llamaban a la población a rechazar el alza de 30 pesos del pasaje anunciada a principios de mes por el Gobierno y materializada el 7 de octubre. Esta acción progresivamente adquiere mayor respaldo de la ciudadanía gracias a las redes sociales y una semana después redunda en severos destrozos a la infraestructura del Metro que, a las 7 de la tarde del 18 de octubre, y en vista de los desmanes en sus estaciones, decide cerrar el servicio, obligando a cientos de miles de personas a caminar largos trayectos para volver a casa.

Esa misma noche comienzan los cacerolazos en distintos puntos de la capital y no pocos disturbios, se registran saqueos en supermercados y un incendio en el edificio corporativo de la empresa eléctrica de capitales italianos Enel. Lo que vendría a continuación sería un destape descomunal que se extendería hasta fin de año, afectando a todas la regiones del país, con la ciudadanía en las calles en constantes protestas y ejecutando acciones masivas de todo tipo, desde pacíficas y lúdicas manifestaciones hasta violentos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad; con cacerolazos y bocinazos sonando por todas partes; con estado de emergencia, militares en las calles y toque de queda; con barricadas, incendios y saqueos; con un millón doscientas mil personas congregadas en Plaza Italia, en el centro de la capital, en la mayor concentración registrada en la historia del país; con grupos realizando perfomances artísticas en medio de las marchas; con encapuchados lanzando proyectiles y generando destrozos; con carabineros utilizando gases lacrimógenos y disparando balines y perdigones a mansalva; con más de veinte muertos; con veinte mil detenidos; con más de doscientas personas con heridas oculares tras recibir balines y bombas lacrimógenas de parte de carabineros (entre ellas dos casos de pérdida total de la visión); con numerosas denuncias de organismos de derechos humanos por las acciones represivas de las fuerzas de seguridad, incluida tortura; con las calles céntricas desoladas y devastadas y las tiendas y el comercio tapizados con planchas de aluminio, rayadas con consignas y furia; con Bomberos multiplicándose y haciendo esfuerzos extremos para combatir incendios; con el Metro funcionando a medias; con la ciudadanía expresando su malestar y reivindicando derechos.

(Las personas hablan de una vida más digna, hablan de pensiones miserables, de abuso institucional; hablan de condiciones de existencia precarias y vulnerables, de deudas que sextuplican sus ingresos, de desigualdad; hablan de que les “vendieron humo”, de cobros excesivos de los servicios básicos, de ausencia del Estado; hablan también de pillaje, de grupos infiltrados y de delincuentes).

Con jóvenes radicalizados transformando las calles en campos de batalla (“no estamos ni ahí con los bienes públicos, no son nuestros”, parecen decir); con sectores de la sociedad civil pidiendo el restablecimiento del orden público; con la clase política y empresarial haciendo un mea culpa (“no supimos ver las necesidades de la gente”, dicen); con sociólogos y cientistas políticos refiriéndose a la crisis del sistema; con analistas de todo el mundo señalando el descrédito de las instituciones y la clase política chilena; con la prensa –nacional e internacional– haciendo hincapié en el carácter inorgánico, transversal y carente de liderazgo del movimiento; con las redes sociales en estado de frenesí (“la violencia es una voz que debe ser escuchada. Ningún país que genere una clase de parias condenados a la miseria por acento y aspecto y capital social debería poder dormir tranquilo”, señala Lokomotiv a propósito de quienes mantienen el Estado en tensión a través de la violencia sistemática).

Con la rutina diaria trastocada; con los horarios trastocados; con la pérdida de fuentes laborales; con la Apec, la COP 25 y la final de la Copa Libertadores suspendidas; con el fútbol profesional abruptamente clausurado faltando seis fechas; con la Teletón postergada; con un cambio sustancial del Ejecutivo respecto a su programa de gobierno; con un vuelco radical de la clase política relativo a la “agenda social”; con la cristalización de un “pacto social” entre las diversas fuerzas políticas y el anuncio de un plebiscito para una nueva Constitución  y, por sobre todo, con la ciudadanía preguntándose qué es verdaderamente este país llamado Chile y cómo quiere vivir en él.

Mientras tanto, en una tranquila calle santiaguina, a la entrada de un almacén, se puede leer escrito sobre una pizarra: “Estamos peor, pero estamos ‘mejor’, porque antes ‘estábamos bien’, pero era mentira. No como ahora, ‘que estamos mal’, pero es verdad”.