VOCES| Un nuevo presidente lector y la política del libro

Dentro de la lógica estatal y del derecho de Estado, la escritura de una Política Nacional del Libro proyecta un camino y sus condiciones, de esta forma se elige entre perspectivas. Se entiende, aunque suene chiste repetido, el libro como una mercancía y la lectura como un mercado, o se comprende como se comprenda según el punto de vista involucrado, como un objeto cultural, como un arma, como herramienta para el aprendizaje, como una experiencia íntima, como un red de relaciones en busca de prácticas laborales alternativas al capitalismo. 

Nuevo presidente: poeta inédito

Desde mi perspectiva, la edición chilena no necesita de fondos concursables para su publicación. Por una parte, la edición de libros es una de las industrias culturales que menos inversión requiere. Por otra parte, el foco puesto la presencia de géneros discriminados en el mercado, pero fundamentales en la cultura, ya no es un problema. Hoy la publicación de poesía y de narrativa chilenas es fructífera, y lo seguirá siendo por la entrada de nuevos agentes. Más hoy cuando nuestro nuevo presidente es lector también de poesía, y poeta inédito. Sin embargo, mi perspectiva no es relevante cuando lo importante es, desde una lógica estatal y de derecho de Estado, asegurar un proceso virtuoso en el mundo del libro, sobre todo, a la luz de una nueva Constitución. 

En ese marco, cabe preguntarse: ¿qué proyectos editoriales, qué proyectos de libros financiar?, ¿qué lógica usar: concursos adjudicables u otra forma?, ¿qué otras lógicas se podrían usar para el financiamiento a la edición chilena? Hasta el momento, la concursabilidad, la competencia, ha sido la lógica usada en el último tiempo, lo que ha permitido la existencia de una parte importante de la edición independiente chilena. Sin embargo, persisten desigualdades estructurales en el ecosistema del libro. También, la adjudicación del fondo de edición no siempre se aprecia en el precio de venta al público, en otras ocasiones sí se nota con claridad; lo que es un impacto positivo en el ecosistema del libro y la lectoría. 

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La concursabilidad no permite que proyectos se desarrollen a largo plazo, es una lógica de plazos anuales que solo afecta en lo inmediato lo económico, tal como plantea Andrés Fernández en Brechas en el ecosistema del libro: gasto y política pública en Chile. Este libro es un insumo significativo para plantear alternativas a la lógica imperante. Desde mi punto de vista, si se va a destinar dinero para la ejecución de proyectos de libros y proyectos editoriales, que los recursos se asignen bajo un análisis previo de las desigualdades lectoras que se necesitan remediar en la relación entre bibliodiversidad y lectoría, bajo una política sistémica respecto a la edición y desigualdades estructurales. Yo reconozco tres prioridades, tres desigualdades estructurales.

No ver no es igual a no leer

La primera se relaciona con las personas no videntes, a quienes los hemos pensado implícitamente como no lectores: imaginario que se ha perpetuado con una escasa oferta lectura para quienes no pueden ver, pero que sí pueden leer. Independiente de la cantidad de lectores no videntes, el Estado debe asegurar que tal comunidad puede ejercer el derecho a la lectura en la misma calidad que es ejercida por una persona vidente, lo que no solo se refiere a instalaciones, sino también a bibliografía, a bibliodiversidad.

Un análisis para la implementación de una política sistémica podría dar fácilmente con aquellos proyectos editoriales, como Libro Imaginario, que ya publican para toda esa comunidad lectora, sea en el formato braille o en formato audiolibro. Propongo darles la posibilidad de financiamiento continuo, y alejado de lógicas precarizadoras –algo tan propio del capitalismo–, para que profundicen los planes de publicación y que el financiamiento impacte en el precio de venta.

La segunda desigualdad estructural se relaciona con la extrema concentración de producción editorial de Santiago y con la falta y ausencia de edición en regiones. Esta desigualdad se está trabajando en la actual Política Nacional del Libro y la Lectura, en los fondos entregados para el desarrollo de editoriales en regiones. Por tanto, hay que solo sistematizar la entrega de recursos a proyectos editoriales que ya existen y el desarrollo de fondos editoriales municipales. Es importante comprender que la edición regional no se puede limitar a las editoriales universitarias, ni menos que sean el centro de esta política sistémica.

Hegemonía del castellano de España

La tercera desigualdad estructural refiere a la publicación de traducción nacional. La hegemonía del castellano de España en la traducción al español nos posiciona en una situación de dependencia idiomática a un registro que no solo no es parte de nuestra experiencia lectora, sino que también su ejercicio implica poder, implica censura. Además, el Estado no solo debe resguardar en el derecho a la lectura el acceso a la literatura nacional, sino que también a la literatura internacional.

La traducción nacional es necesaria para la circulación de escrituras extranjeras novísimas, pensada para lectores chilenos, sino que también para revisitar literatura canónica y revisar críticamente la traducción del canon, como lo hace Horacio Ferro. En la actualidad, hay una comunidad de traductores, que se despliega en editoriales independientes que dedican una parte importante de los catálogos a la publicación de traducciones, tales como Dscntxt Editores. Por cierto, es evidente que hay que apoyar económicamente a editoriales y a traductores, bajo líneas diferentes.  

El intento de repensar la línea de fomento a la edición desde una lógica distinta a la usada en las últimas políticas nacionales del libro y la lectura, que no dependa de la competencia, ni de los criterios subjetivos de evaluadores. Es posible redirigir los recursos, destinarlos a partir de un análisis cualitativo del ecosistema del libro y de las diversas brechas o desigualdades estructurales. Es posible renunciar a la posibilidad de ser financiado, en pos de un uso racional de los recursos, buscando que los beneficios de una política nacional sean para quienes leen con el corazón y no para la economía o para quienes leen con el bolsillo. Que el impacto se vea reflejado en la amplificación de bibliografía para lectores postergados, en la producción editorial de regiones silenciadas, en el acto de justicia lingüística para quienes leen desde el castellano chileno puedan contar con material traducido por traductores y traductoras compatriotas.