Hasta las dependencias del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) Metropolitano llegaron esta mañana integrantes de la coordinadora Justicia para Macarena Valdés, para exigir que el organismo investigue el proyecto “Mini Central Hidroeléctrica de Paso”, de la empresa RP Global, que se busca instalar en la pequeña localidad de Tranguil, comuna de Panguipulli.

Macarena Valdés era una activista de la zona y líder de la oposición al proyecto hidroeléctrico, quien apareció muerta la mañana del 22 de agosto en su casa colgada de una viga, días después de haber sido amenazada de muerte. Fuera de su hogar es que la empresa insistía en la instalación de un cableado de alta tensión, cosa que intentó hacer un día después de la muerte de Macarena, en pleno funeral. Desalojada por los vecinos, finalmente completaron la tarea en octubre pasado. Las dudas en torno a la muerte de la activista se acrecentaron después de que distintos médicos cuestionaran la autopsia del Servicio Médico Legal -que había descartado intervención de terceros-, afirmando que el informe no era concluyente respecto a las razones de su muerte. 

En la comunidad de Tranguil, los habitantes han denunciado que se repiten las amenazas de muerte para quienes se han opuesto a la construcción de la mini central hidroeléctrica. Actualmente la familia de Macarena puso una querella criminal para que se investigue su muerte.

Pero fuera del caso, también apuntan a las irregularidades que ha realizado RP Global en la instalación de la central. La coordinadora considera que el SEA de la Región de los Ríos ignoró los impactos de la central hidroeléctrica incluso sin considerar las observaciones que hizo la directora regional del Servicio Nacional de Turismo (Sernatur), sobre el impacto en este lugar dedicado eminentemente a este rubro y catalogado como zona de interés turístico.

El proyecto, además, no fue sometido a un estudio de impacto ambiental, no cuenta con una declaración de impacto ambiental del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y  no ha sido sometida a consulta indígena por lo que el Estado y el gobierno se encuentran infringiendo el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales. También denuncian que la transnacional declaró la intervención de 2 kilómetros del río para la realización de la central, pero aumentaron arbitrariamente la intervención a 8 kilómetros, acción realizada sin autorización de los organismos pertinentes. Asimismo han desviado el caudal del río en 200 metros, hecho que tampoco cuenta con ningún tipo de permiso.

Otro aspecto polémico es que la sala de máquinas de la empresa se encuentra dentro de la propiedad de una de las familias de la Comunidad Newen Tranguil. RP Global ha declarado que el proyecto no afecta a la comunidad.

Revisa la carta completa acá:

Carta a Director SEA by Francisco Parra Galaz on Scribd