Documentos contables de la empresa entre 2012 y 2015, disponibles en algunos computadores, fue el material incautado hace una semana por la Brigada de Delitos Funcionarios, después de que la fiscal Ximena Chong pidiera la diligencia en contra de la constructora OAS.

Sin embargo, a diferencia de cómo apareció en la prensa, no se trataba de las oficinas de la brasileña en el país, sino de tres bodegas de empresas informáticas que almacenaban lo que quedaba de información que mantenía OAS en Chile.

No fue fácil para la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte dar con el material de OAS en Chile. La empresa es investigada por presuntos delitos tributarios y fraude electoral por la cesión de un avión privado a la campaña de Marco Enríquez-Ominami y recientemente fue ligada al financiamiento irregular de campaña la presidenta Michelle Bachelet. Pero hace tiempo que la constructora no opera en Chile.

El 14 de noviembre de 2014, el empresario brasileño José Adelmario “Leo” Pinheiro, cabeza de la constructora OAS, fue detenido en Brasil. En agosto de 2015 sería condenado a 16 años y 4 meses de prisión por corrupción activa, lavado de dinero y participación de crimen organizado. Junto a él, otros tres ejecutivos de la empresa fueron condenados a prisión por un crimen que se estima supera los ocho mil millones de pesos. Todo en el marco del caso Lava Jato, el esquema de corrupción más grande que ha conocido Latinoamérica y que, hasta ahora, involucra a más de 10 presidentes y expresidentes de la región.

En abril de 2015, cuatro meses antes de la condena a Pinheiro, de OAS quedaba poco y nada en Chile, pese a que se encontraban en medio del proyecto más grande que tenían en el país, el puente Chacao. Ese año, la constructora realizó los trámites de término de giro para su sociedad de inversiones y dio por terminados los contratos de arriendo de las oficinas que mantenía en Vitacura y Las Condes.

Es decir, un año antes de que la Fiscalía recibiera las denuncias de posible fraude de parte de OAS, toda la plana gerencial de la empresa había abandonado el país.

Las esquirlas de las investigaciones del Ministerio Público de Brasil perjudicaron los negocios de la constructora. En febrero de 2016, vendieron el 33% que mantenían del cuestionado hospital concesionado de Rancagua y hasta el día de hoy están en negociaciones con Hyundai para la venta de su 49% correspondiente al proyecto del puente Chacao. Una vez concretado, OAS no tendrá ningún proyecto vigente en el país. Algo impensado para una compañía que, a todas luces, se perfilaba como una de las grandes receptoras de licitaciones públicas. El Lava Jato fue el hecho detonante que lo cambió todo.

El controvertido paso de OAS por Chile

En julio de 2006 la sociedad Constructora OAS Chile S.A. se constituyó en el país. En paralelo, los brasileños formaron también una sociedad de inversión llamada OAS Chile Inversiones Limitada.

El paso de la constructora por el país está marcado por tres grandes licitaciones no exentas de polémicas pero que suman el exorbitante monto de 805 millones de dólares, equivalentes a más de 500 mil millones de pesos.

El primero fue un proyecto colector de aguas servidas del Mapocho llamado “Mapocho Urbano Limplio”, una inversión de 133 millones de dólares por la recolección de aguas servidas del río y llevarlas a la planta La Farfana.

Construido junto a la constructora OHL, el proyecto le valió a OAS una serie de acusaciones de incumplimientos de contrato, despidos injustificados y no pago de cotizaciones previsionales, además de una serie de multas superiores a los dos mil millones de pesos por dificultar fiscalización.

Pero el proyecto más polémico de la constructora es sin duda el Hospital Regional de Rancagua, una instalación de seis pisos más zonas subterráneas que se anunció con la proyección de convertirse en un moderno recinto asistencial, referencia para más de 850 mil personas.

El consorcio que se adjudicó la licitación estaba conformado por Comsa, OAS y Echeverría Izquierdo y era representado por el español Jaume Serret, ex gerente general de OAS Chile. Las bases originales estipulaban una fecha de término para el 2 de febrero de 2012. Recién en 2016 fue inaugurado por la presidenta Michelle Bachelet.

Jaume Serret junto a ex MOP Loreto SIlva / Agencia Uno

Jaume Serret junto a ex MOP Loreto SIlva / Agencia Uno

Fueron seis años de construcción marcados por la quiebra de Comsa y diversas deficiencias en la construcción detectadas tempranamente por la Contraloría. En 2014, el hospital de Rancagua pasó a los tribunales, después de que el Ministerio de Salud le pidiera la renuncia al entonces director del servicio de salud de la sexta región Cristián Gabella por irregularidades en la construcción del Hospital por no cursar sanciones a la concesionaria por los claros retrasos en la obra.

Un informe de Contraloría daba cuenta que la entonces autoridad “no tomó medidas para que las obras correspondientes a la construcción del Hospital Regional de Rancagua avanzaran en un porcentaje tal que permitieran terminarse el 11 de octubre de 2013, conforme lo establecido en el contrato y sus modificaciones”.

Ese mismo año, distintas empresas proveedoras que prestaron servicios a la construcción denunciaron servicios y sueldos impagos de los trabajadores, sumándose a detección de fallos estructurales, descontento laboral y retraso sistemático de la fecha de entrega de la obra. Pymes reclamaron la prepotencia de los ejecutivos de OAS y que incluso recibieron amenazas.

En noviembre de 2014, la entonces ministra de Salud Helia Molina aprobó un aumento de valor a la licitación y una extensión del plazo de entrega. El hospital, que incluso en algún momento se discutió ponerle “Dra. Michelle Bachelet”, fue puesto en marcha a principios de 2016, transformándose en el primero inaugurado por la actual mandataria en su segundo mandato.

No lo hizo sin polémica. En la primera semana ya se había ordenado dos sumarios para responder por el rompimiento de un ducto de alcantarillado, que estaba tapado con basura y papeles. La segunda era una auditoria médica por el no cumplimiento de protocolo clínico con un paciente de 70 años. Además, enfrentaba un paro de la Fenats que denunciaban las ineficiencias y malas condiciones del recinto asistencial.

Antes de la inauguración, en febrero del año pasado, OAS le vendió su participación a Echeverría Izquierdo.

/ Agencia Uno

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Pero el proyecto más grande que tuvo la constructora en el país fue el emblemático puente del Chacao, que a más de 3 años de la licitación aún no comienzan las obras.

Fue adjudicado al consorcio conformado por OAS, Hyundai, Systra y Aas-Jakobsen por más de 550 millones de dólares. Fueron la única oferta, que incluso era más barata que las bases de licitación.

Desde un comienzo, la agrupación Defendamos Chiloé denunció irregularidades ligadas a la consulta indígena y a una evaluación de impacto ambiental que no se efectúo. Se sumaron la asociación de Ingenieros del Ministerio de Obras Públicas (MOP), que acusaron reparos legales y técnicos con la construcción y solicitaron al ministro Undurraga “evaluar seriamente la opción de poner término al contrato” y los abogados del mismo ministerio, que acusaron que las bases de licitación “contravienen los principios jurídicos que gobiernan la contratación pública”.

En octubre de 2015 -después de la repentina escapada del país de la constructora- acusaron no estar en condiciones de pagar las boletas de garantías e iniciaron el retiro del proyecto. Hyundai tomó las responsabilidades. Las negociaciones entre ambos por la compra del 49% correspondiente a OAS estarían cerca de llegar a su fin.

Quien ha llevado las negociaciones por parte de la constructora brasileña no es otro que Pedro Yaconi, ex recolector de campaña de Eduardo Frei y quien emitió boletas que están siendo investigadas por financiamiento irregular de la política a SQM y Aguas Andinas.

Lava Jato y el viaje de Lula

Lo revelado hasta ahora por la justicia brasileña en el caso Lava Jato apunta a sobornos a funcionarios públicos y financiamiento irregular de campañas electorales. Este es el esquema utilizado por las más grandes involucradas en el tema, Odebrecht y OAS.

El Lava Jato está extendido en todo el continente. Financiamiento a campañas de Dilma Rousseff, coimas al actual presidente Michel Temer y su canciller José Serra en Brasil, financiamiento al presidente colombiano Juan Manuel Santos, pagos al jefe de inteligencia argentino y 20 millones de dólares en la cuentas del ex presidente peruano Alejandro Toledo (contra quien la justicia de su país pidió ayer prisión preventiva) son solo algunos de los eventuales delitos que conforman una trama de la que parece que nadie se salva.

En Chile, Odebrecht nunca entró. OAS lo hizo con las tres concesiones mencionadas, además de participar activamente en la licitación del Aeropuerto de Santiago, que finalmente abandonó.

Según conversaciones reveladas por Ciper entre Leo Pinheiro y Cesar Uzeda -ex director internacional de OAS en el cono sur- la constructora brasilera mantenía un fuerte interés por el acontecer político en el país.

En 2013, OAS facilitó durante tres meses el uso de un jet privado para la campaña de Marco Enríquez Ominami y pagó casi 60 millones de pesos a una empresa del asesor del ex y actual candidato, Cristian Warner. El Consejo de Defensa del Estado se querelló contra ambos por fraude, por haber pedido al Servel reembolso de los dineros que habrían sido pagados directamente por OAS.

Según las conversaciones difundidas por Ciper -obtenidas a partir de las diligencias en Brasil- OAS apuntaba por un triunfo de Bachelet en 2013 y ME-O sería una apuesta de largo plazo. En noviembre de ese año, ambos ejecutivos viajaron al país junto al ex mandatario brasileño Lula da Silva, quien mantuvo una activa agenda que incluyeron apoyos de campaña a la actual mandataria y una reunión con 30 empresarios de la CPC, donde estuvieron presentes los hombres de OAS.

/ Agencia Uno

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Once días después del paso del ex presidente del Partido de los Trabajadores, OAS se adjudicó el proyecto del puente del Chacao. Pero eso no era todo: los whatsapps revelados dan cuenta de que la constructora tuvo una activa participación en la licitación del Aeropuerto de Santiago, razón por la que el propio Pinheiro volvió a Chile y sostuvo reuniones con Giorgio Martelli, recaudador de Michelle Bachelet e investigado en el marco del caso SQM.

Según reveló esta semana La Tercera, una de las empresas de Martelli emitió dos facturas a OAS por 60 millones de pesos en 2014. Su abogado Cristian Arias fue tajante en responder que “no son platas políticas”.

Aunque la fiscal Ximena Chong aseguró esta semana que el presunto financiamiento irregular a la campaña de Bachelet por parte de OAS no es parte de la carpeta investigativa que lleva, ya solicitó formalmente ir a Brasil a escuchar la audiencia de delación compensada del ex publicista del PT “Duda” Mendoça, quien ya habría adelantado que la empresa pagó a la campaña de la mandataria según reveló la revista Veja.

Además, requirió al juez Sergio Moro que se informe por la existencia de antecedentes de entregas de dinero a ME-O u otros políticos chilenos en el marco de la investigación Lava Jato.

Hasta ahora, el único antecedente al respecto es el beneficio tributario al que se acogió OAS en 2010 por realizar donaciones con fines políticos, según publicó una investigación del periodista Daniel Matamala.