La reforma del proyecto de Ley de Migraciones regresó este lunes a la casilla de salida, luego de que el presidente Sebastián Piñera ingresara la indicación para sustituir la propuesta impulsada por su anterior gobierno en 2013, que no alcanzó a ir más allá del primer trámite legislativo.

El nuevo proyecto iniciará un recorrido que podría demorarse meses en avanzar, según cómo evolucionen los acuerdos en materia migratoria en el Congreso. Sin embargo, el Ejecutivo no quiso esperar los tiempos del Legislativo y se apuró en decretar varias medidas administrativas para abordar “las urgencias” de forma inmediata, a partir de su publicación en el Diario Oficial, modificando así la actual Ley de Extranjería.

El decretazo impulsado por Piñera busca la regularización a través de la visación consular, es decir, que a partir de ahora las visas para permanecer de forma legal en Chile se entregarán en los países de origen y se eliminará la posibilidad de solicitar el visado temporal por motivos laborales en Chile. El Ejecutivo ha querido poner fin a una serie de situaciones (vínculos con chilenos o residentes definitivos, profesionales y técnicos y refugiados) que permiten que los turistas, estando en Chile, puedan cambiar su calidad migratoria a residente.

A partir del próximo 23 de abril, las solicitudes deberán hacerse antes de emprender la migración y el trámite será distinto según tres casos muy concretos.

Visa Temporaria de Oportunidades

Es la que solicitará a su país de origen cualquier migrante de cualquier país que quiera llegar a Chile a trabajar por hasta 12 meses, y será prorrogable por una vez. Esta medida, para el abogado y presidente de Consejo Consultivo Nacional de Migraciones, Eduardo Thayer, abre un interrogante ya que no se aclara si los países del Mercosur (Bolivia, Argentina, Uruguay y Brasil) también entrarían en esas condiciones porque -dice- “el acuerdo internacional estaría por encima de ese decreto”.

Visa Temporaria de Orientación Internacional

Será para aquellos extranjeros que deseen emprender y trabajar en Chile y que cuenten con un postgrado en alguna de las mejores universidades del mundo, según el Ranking QS World University. Bajo ese criterio, los profesionales de América Latina que decidan llegar a Chile este 2018 acogiéndose a esta visa sólo podrán proceder de cuatro universidades: la Universidad de Buenos Aires (75 puntos), la Universidade de São Paulo de Brasil (121), la Universidad Nacional Autónoma de México (122) y la Universidade Estadual de Campinas de Brasil (182), todas ellas públicas. Si la misma norma que ahora aprueba Piñera se aplicara a otros países, sólo los profesionales chilenos con posgrado en la Pontificia Universidad Católica, que tiene 137 puntos en el ranking, podrían optar a esa visa y, por ejemplo, quedarían fuera -por un punto-, los de la Universidad de Chile (201).

Thayer recuerda que medidas de este tipo ya se tomaron en un pasado en el país y fracasaron: “Históricamente, el Estado chileno ha querido sobre-regular la migración: y reclutar aquellos migrantes que estima convenientes y excluir a los que estima inconvenientes. Cuando en Chile se aplicaron políticas de reclutamiento de migrantes europeos a lo largo del siglo  XIX y parte del XX no fueron efectivas”, señala. Y agrega: “Los doctores, magísteres o ingenieros no se van a mover por las visas o facilidades migratorias, sino que irán donde hay oportunidades reales para ellos”.

Visa temporaria de Orientación Nacional

Este es el único permiso que podrá solicitarse en Chile y se otorgará por un período de 12 meses, prorrogable por una vez, a aquellos extranjeros que obtengan postgrados en universidades chilenas acreditadas y que quieran trabajar en nuestro país.

Para el abogado y dirigente de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes de nuestro país, Rodolfo Noriega, el anuncio de Piñera instala “un sistema selectivo e discriminatorio, no sólo por una cuestión racial, sino también social y por niveles de educación”. Piensa que es probable que, bajo estas directrices, se detenga la llegada de médicos y profesionales de la salud de Cuba o de Ecuador, porque “no entran en la lista”. Y añade: “Al final, tendremos que hacer que las nanas que vienen a trabajar vayan a Harvard para titularse”.

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/ Agencia Uno

Venezuela y Haití, casos opuestos

En la presentación de este lunes, el mandatario también anunció cambios específicos dirigidos a dos comunidades concretas: la haitiana y la venezolana.

Los haitianos que quieran ingresar a Chile para hacer turismo tendrán que solicitar una visa en el consulado de Puerto Príncipe. Eso los iguala a la comunidad dominicana y cubana, que también requieren el documento para turistear en Chile. Sin embargo, los haitanos y haitianas caen -en palabras de Thayer- en “una doble discriminación” ya que sólo podrán permanecer en nuestro país durante un mes, que es el máximo que durará su visa, mientras que el permiso para cubanos y dominicanos llega a los 90 días.

Visado Humanitario de Reunificación Familiar

Ese permiso es la segunda alternativa que el gobierno da a la comunidad de Haití para, según Piñera “regular los flujos de personas y resguardar las condiciones de su movilidad hacia Chile”. El llamado “visado humanitario” se entregará a cónyuges, convivientes civiles, hijos menores de edad y mayores que estudien hasta los 24 años de nacionales haitianos, que no posean antecedentes penales. Pero no todos los que cumplan los requisitos se asegurarán el visado: el Ministerio de Interior autorizará un máximo anual de 10 mil visados humanitarios, que tendrán que solicitarse en el consulado chileno en Haití.

Noriega, como abogado, cuestiona que ese tipo de visas puedan entregarse por decreto ya que, según él, eso puede establecerse sólo por ley. Critica que hoy ya existe una visa que se entrega en caso de vínculos familiares y que este nuevo decreto limita sólo a 10 mil los futuros beneficiarios del permiso.

Visa de Responsabilidad Democrática

Para la comunidad venezolana, la decisión del ejecutivo es una visa llamada de “responsabilidad democrática” porque, según explicó el presidente, se entrega “en razón de la crisis democrática por la que actualmente atraviesa el país”. Se otorgará, por un año, a todos aquellos que no posean antecedentes penales, una vez solicitada en el Consulado chileno en Caracas.

Para Thayer, en Chile el rol que cumple esta visa se tendría que cumplir a través de los acuerdos de la Convención de Cartagena, que recoge el estatuto del refugiado en circunstancias de asilo: “Si apunta a las dificultades políticas que hay en un país, debiera ser cubierta por la solicitud de asilo”, afirma, a la vez que recuerda que nunca para ningún otro conflicto de la región, como por ejemplo el colombiano, que duró 50 años, se ha aplicado una medida así para un país.

“Usan la migración para hacer la crítica política al gobierno de Venezuela”, lamenta Noriega, por su parte, quien pone en cuestión  que “hablen de responsabilidad democrática, cuando el mismo gobierno no ha permitido la participación ciudadana en este proyecto, no han invitado al Consejo Consultivo a hablar de este tema”.

Proceso de Regularización Extraordinario

Piñera cerró su catálogo de medidas revelando uno de los grandes interrogantes de los últimos días: habrá proceso de regularización extraordinario. El mandatario justificó la decisión explicando que para implementar las decisiones que el gobierno tomó “se requiere integrar a los migrantes irregulares al país y reconocer sus derechos”. Es lo que él definió como “dar un puntapié inicial al establecimiento de una política migratoria moderna” que permita lograr “una migración ordenada, segura y regular”.

Sobre este proceso, detalló que regularizará a aquellos extranjeros que permanezcan en el país en situación irregular y que hayan ingresado a Chile hasta el día 8 de abril de este año. El gobierno se abrió a regularizar, también, a aquellos hayan ingresado de forma irregular al país, es decir, por pasos no habilitados, pero les exige solicitar ante la Subsecretaría del Interior un permiso de residencia temporaria dentro del plazo de 30 días a partir del 23 de abril de 2018.

Un poco más de tiempo -90 días- tendrán aquellos que ingresaron como turistas y que se les venció el permiso estando ya en Chile. Quienes no presenten solicitudes de regularización dentro del plazo señalado serán expulsados.

Traficantes de drogas, armas, migrantes o personas; aquellos que destruyan o alteren el orden social a través de la violencia; los que tengan reputación de ser agitadores o activistas de doctrinas violentas; y los condenados -o actualmente procesados- por delitos que la ley chilena califique de crímenes, también serán expulsados. “Esos requisitos son muy discrecionales porque excluyen a personas con ideologías determinadas, que supongan una agitación o que atenten contra lo que se considere el orden público”, comenta Thayer.

El abogado del Consejo insiste en que “no existe ninguna justificación estructural, ni en términos de magnitud del flujo migratorio, ni del tipo de migrantes, que justifique un cierre de las fronteras como el que se propone”. Según él, “responde al estado de ánimo de la sociedad, más que a otra cosa”. Noriega comparte los argumentos y relaciona la nueva normativa con “un manejo basado en la opinión pública”.