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Los directores de Matucana 100, la Fundación Teatro a Mil y el Museo de Arte Precolombino relatan los inconvenientes que supone para ellos contar con un 30% menos de recursos y la pelea que están dando por estos días, junto con parlamentarios de la oposición, para revertir la polémica propuesta del gobierno para el Presupuesto de 2019.
Estos son días intensos para los altos cargos de las instituciones culturales del país. Desde que conocieron los recortes que el gobierno de Sebastián Piñera quiere aplicar a varios organismos culturales emblemáticos, se pasan el día en reuniones arriba y abajo, entre Santiago y Valparaíso, tratando de buscar apoyos entre parlamentarios y parlamentarias para frenar lo que han calificado de «retroceso» para la cultura en Chile.
Las instituciones más afectadas son seis: la Fundación Internacional Teatro a Mil, la Corporación Cultural Balmaceda 1215, la Corporación Cultural Matucana 100, el Museo Violeta Parra, el Museo Chileno de Arte Precolombino y la Corporación Cultural Teatro Regional BíoBío. Para todas ellas se anunció una disminución del 30% de sus recursos.
Desde el lunes y hasta mañana, la comisión mixta revisa las cuentas presentadas por el ejecutivo, con la partida 29, la de Cultura, bajo la lupa. Si bien el presupuesto aumenta en un 4%, su mayor parte se destina a poner en marcha el nuevo ministerio y dedica los recursos a personal, oficinas o equipamientos, pero deja en pañales a los programas que fomentan acciones culturales concretas.
Por eso, por estos días, se han concretado contactos y reuniones entre el Ministerio de Hacienda de Felipe Larraín y parlamentarios de oposición que han escuchado los argumentos del mundo cultural en contra de la medida del gobierno. Los diputados y senadores de la oposición intentan presionar al ejecutivo para que revierta la medida y presente una nueva propuesta. De partida, este martes, dieron un duro golpe al gobierno a través de una indicación al Presupuesto 2019 para reducir los fondos de libre disponibilidad del Tesoro Público. El ejecutivo había considerado más de $1.4 billones (que representan un aumento del 56% para 2019) en la partida del Tesoro Público. Sin embargo, tras la indicación de la oposición esos fondos quedaron reducidos a $280 mil millones. La decisión de los congresistas molestó a titular de Hacienda, quien preguntó de donde saldrán los fondos necesarios para el reajuste, los incentivos al retiro o las eventuales emergencias.
Sea cual sea la estrategia a seguir, el mundo de la cultura y sus aliados en el Congreso tienen claro que insistirán para reponer los 1.000 millones de pesos recortados a las seis instituciones colaboradoras. El Desconcierto entrevistó a tres de los principales afectados el reparto de la torta que ha decidido el ejecutivo: Cristóbal Gumucio, director de Matucana 100; Carmen Romero, directora de la Fundación Teatro a Mil; y Carlos Aldunate, director del Museo de Arte Precolombino. Los tres aseguran que no esperaban un tijerazo de este porte y coinciden en no entender los criterios en base a los que se decidió que a unas instituciones se les recortara el 30%, a otras el 10 y a otras nada. Todos enfatizaron que no se detendrán hasta recuperar los fondos.
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Gumucio se mostró «preocupado» por lo que significa ajustar «de forma importante» la estructura de la Corporación y su programación. «Uno podía pensar en un ajuste abordable y compartido, obvio que estaba dentro de las posibilidades, pero un 30% es un ajuste más que relevante para cualquier tipo de institución, no solamente cultural», sostuvo el director de la Corporación. Y precisó: «Uno entiende que quizás hay una intención de abordar la cultura de otra forma, pero me preocupa que existan criterios de economistas que no entienden sobre la materia, en definitiva, que se quiera ver desde un perspectiva económica sin entender la economía de la cultura y sus propias especificidades». Para él, se trata de una decisión «que quiere ser técnica pero no lo es» porque -dice- no hay referencias internacionales ni ejemplos en el mundo de las políticas culturales «eficientes» que lo lleven a pensar que los criterios se basen en una referencia técnica. «Lo veo como un error o como idea ortodoxa de pensar que para todo se tiene que competir», aseguró.
El gestor cultural sostuvo que no encuentra una justificación a la decisión del ejecutivo y pone en duda que «detrás de esto exista una política cultural pensada». En esta línea, opinó que «no hay algo diseñado que nosotros estaríamos abiertos a entender». Con un llamado al diálogo sobre la mesa, explicó que «los defectos o roles que puedan haber en la institucionalidad se tienen que ir ajustando gradualmente, en una conversación abierta y sincera, entendiendo que hay desafíos importantes, como el de este año que es la instalación del nuevo Ministerio.»
Tras asegurar que la preocupación es compartida por los artistas y el conjunto del tejido cultural, dijo que lo que proyecta por ahora pasa por mantener el diálogo y que se reconsidere la medida. «Tengo una pequeña esperanza», concluyó
/ Agencia Uno
La directora del Festival Santiago a Mil fue muy crítica en lo que los sucesivos gobiernos del país han destinado a la cultura históricamente. «Chile necesita una institución que maneje recursos que permitan a instituciones como las nuestras tener un financiamiento basal». Romero recordó que cuando en 2014 el Estado aumentó el presupuesto de Arte y Cultura, los aportes de sector al PIB se duplicaron: «Cada peso que invierte el Estado es apoyo que se devuelve con creces», indicó. La gestora cultural subrayó la importancia de las organizaciones culturales que atienden y reciben al público y de acogerse bajo un ministerio cuyos recursos «dejen de aumentar de forma vegetativa». Y espetó: «No puede ser que nos estemos repartiendo la pobreza». En su opinión, destinar el 0,4% del gasto público a cultura «es insuficiente», mientras en los países de la OCDE la inversión llega al 2%, y lamentó que «quienes promueven la cultura sean recortados».
Romero se muestra molesta al ser preguntada por los criterios que definieron las proporciones de los recortes. «Todavía estamos esperando una respuesta, no tiene ninguna explicación lógica. Simplemente, tomaron toda una glosa y le recortaron el 30», dijo. Y añadió: «A ninguna institución se le hace algo así tres meses antes de comenzar sus actividades. Si esto fuera en una empresa, ¿qué pasaría?», preguntó de forma retórica. «No son muchos los recursos que recibimos, y para nosotros son clave para cumplir con lo que tenemos previsto, el Festival que queremos hacer y el programa del próximo año», dijo Romero. Sobre la forma de ajustarse al nuevo presupuesto, insistió que «todavía» cree que puede cambiar y respondió que si no pueden contar con los aportes basales, la Fundación tendrá que sacrificar diferentes programas previstos para el años y varias de las actividades previstas en regiones.
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No se esperaba ni el recorte ni su dimensión y por eso, para Carlos Aldunate, el recorte le cayó «como una ducha de agua fría». Del proceso de negociación actual, destaca el «apoyo transversal» de los parlamentarios y la unión que han logrado entre todos los afectados: «Estamos haciendo de esto una causa común para que no resulte como una cosa egoísta», explicó. Aldunate fue enfático en subrayar que lo que piden las seis instituciones más perjudicadas por la propuesta gubernamental no es en beneficio propio, sino «para el público, para apoyar a la cultura del país, que es lo que hacemos nosotros». En este sentido, el arqueólogo destacó que son instituciones privadas sin fines de lucro, pero «a la vez públicas porque prestamos servicios públicos, manejamos colecciones que son monumentos nacionales del país, no son propias».
Entre sus principales críticas destaca que el ejecutivo les ofrezca fondos concursables para participar «sin darse cuenta» de que estos recursos no financian gastos generales que tienen que ver con el pago de los sueldos o de los servicios de agua o luz. «El nudo del problema es que nosotros podremos concursar proyectos, pero no podemos concursar el pago de la electricidad», se quejó.
Aldunate tampoco entiende cómo fue el reparto de los recursos e insistió que nadie les ha dado una «respuesta convincente» sobre eso. «Me dijeron que éramos nosotros porque estábamos todos en la misma glosa, pero uno no puede estar perjudicado por estar en una glosa y no en otra», criticó luego de recordar que hay entidades como la Fundación Frei, el Museo Interactivo Mirador o el Museo Aylwin a las que no se aplicó ningún recorte.
Esperanzado de que en las próximas horas va a haber cambios favorables para que se reintegren los recursos -«que son el mínimo que pedimos para funcionar», insistió- alertó que de no ser así, los privados dejarán de invertir en estas instituciones culturales. «Si las instituciones no podemos funcionar, comenzarán a caer los privados», dijo. Y así parece que vaya a ser. Este martes, la Asociación de Utilidad Pública ARTISTICAMENTE, que propició la repatriación de tres obras de Violeta Parra, ya advirtió que en caso de que el Museo Violeta Parra, otro de los afectados, sufra la reducción de un 30% del aporte anual, pedirá la donación de regreso.
