Continúa la odisea por la ley de aborto. Durante la tarde de este jueves, el pleno del Tribunal Constitucional acogió a trámite el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por parlamentarios de Chile Vamos, con respecto al artículo que se refiere al reglamento de objeción de conciencia de la ley que permite la interrupción del embarazo en tres causales. 

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El documento emitido por el tribunal señala que el reclamo cumple con los requisitos legales, por lo que fue admitido a tramitación. La determinación fue adoptada por el presidente de la entidad Iván Aróstica y los ministros Gonzalo García, Domingo Hernández, Juan José Romero, María Luisa Brahm, Cristián Letelier, Nelson Pozo, José Ignacio Vásquez, María Pía Silva y Miguel Ángel Fernández.

La tramitación del reglamento que regula la objeción de conciencia institucional, es decir, la facultad de los recintos privados para negarse a practicar el procedimiento, se ha extendido por casi un año.

Esto debido a que cuando apenas llevaba dos semanas instalado, el gobierno de Sebastián Piñera modificó el documento que dejó la administración de Bachelet, para permitir que las clínicas privadas pudieran negarse a practicar abortos a pesar de que tuvieran convenios con el Estado y recibieran fondos públicos.

Sin embargo, esto fue objetado por Contraloría, que señaló que la normativa no se ajustaba a derecho, por lo que se debió elaborar un nuevo documento con el mismo espíritu original, y que fue publicado recién a comienzos de octubre.

Todo parecía terminar ahí, pero la acción judicial presentada por representantes de la UDI y RN insiste en abogar por las clínicas privadas y su negativa ante la ley.

“Acá lo que nosotros estamos defendiendo es que dado que hay una ley, que se aplique, pero dentro de los marcos que la Constitución regula y que no obliguen a quienes pensamos a que el aborto es un asesinato de un ser vivo dentro del vientre materno a hacer ese tipo de acciones”, señaló la senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe cuando se presentó el requerimiento a fines de octubre.

En una siguiente fase, los ministros del TC deben pronunciarse sobre si el requerimiento es admisible o no, y en caso de que así lo consideren, se discutirá el fondo del asunto.