Eurozona y Grecia habrían llegado a acuerdo para extender el rescate financiero

Salió humo blanco de las negociaciones emprendidas por el nuevo gobierno de Grecia, comandado por Syriza, y los países de la Unión Europea que han acogido el Euro como moneda, la Eurozona, para resolver los términos de ayuda para la superación de la crisis económica del país helénico.

Después de cinco horas de negociaciones en la cita de esta tarde, el Financial Times informa que ambas partes habrían elaborado un comunicado conjunto para informar de la extensión de la ayuda financiera a Grecia. El texto debe todavía ser aprobado por los 19 ministros de Finanzas de los gobiernos de la Eurozona.

Las negociaciones estuvieron marcadas hasta ayer por fuertes presiones internacionales hacia Grecia para que aceptara una extensión sin cambios sustantivos al rescate ofrecido por sus acreedores (la Eurozona y la Troika). Estas presiones excedieron los límites de Europa, llevaron al propio Estados Unidos a presionar directamente a Atenas y plantearon como ultimátum una respuesta para hoy viernes.

La propuesta griega consistía en una extensión del Acuerdo de Facilidad de Asistencia Financiera, es decir, del contrato de crédito suscrito con el fondo de rescate de la Unión Europea que expira este 28 de febrero, para negociar un nuevo rescate dentro de seis meses.

Luego de enviada la propuesta helénica al Eurogrupo este jueves, el Gobierno alemán tardó sólo unas horas en rechazarla. A través de Martin Jaeger, portavoz del ministro de Finanzas de Alemania, Wolfgang Schäuble, el gobierno de Angela Merkel consideró insuficiente la postura del gobierno de Alexis Tsipras por no ofrecer una «solución sustancial» al problema y exigió más concesiones.

A la dureza de Alemania se sumó el gobierno de España, sin embargo, gobiernos como el de Francia e Italia ya habían adelantado que la propuesta griega constituía «un primer paso» y anunciaban la posibilidad de concretar un acuerdo hoy viernes.

La extensión del programa de ayuda solicitada por Grecia contiene la exigencia de que los acreedores no impongan como condiciones recortes en jubilaciones y salarios, así como tampoco nuevas privatizaciones y aumento del IVA. Sobre la mesa también estaba en discusión el papel de la Troika en un eventual nuevo acuerdo después de seis meses.