Política y ciencia en Chile: más allá de las demandas por financiamiento y por un Ministerio

La discusión sobre el proyecto científico y tecnológico del país no puede reducirse a las demandas de otra institucionalidad y más financiamiento. Necesitamos una perspectiva política basada en el interés público para desarrollar realmente nuestro sistema de producción y transmisión de conocimiento. Los problemas que tienen que ver con el futuro de nuestra sociedad son políticos y no se solucionan con meros ajustes burocráticos, ni menos si estos ajustes siempre vienen “desde arriba”. Este simple marco es el que muchos se niegan a aceptar. Desde nuestro punto de vista, sólo a través de la proyección de una perspectiva política que emerja desde la comunidad científica y académica seremos capaces de superar las manoseadas demandas por más financiamiento y por un Ministerio.

El problema de la subordinación del Estado a las leyes mercado es el signo de nuestros tiempos. El sistema de producción de conocimiento actual no es es una excepción a esta relación transversal, ni logrará escapar de ella simplemente escalando en la jerarquía administrativa. De hecho, lo más probable es que sean los mismos mecanismos de mercado los que determinen la forma de una nueva institucionalidad con mayor jerarquia, profundizando asi la subordinación. El mercado determinando la actividad científica se manifiesta, por ejemplo, en iniciativas que favorecen al interés privado por sobre el interés social, en financiamiento basado en la competencia, y en la desconexión entre la ciencia y la sociedad. Claramente, las demandas burocráticas no apuntan a resolver los problemas asociados a la mercantilización de las relaciones internas de nuestro sistema de producción de conocimiento.

La discusión sobre la relación entre la ciencia y la sociedad está aún muy inmadura en nuestro país. La valorización social de la ciencia no se alcanzará presentando por cadena nacional descubrimientos, nuevas disciplinas y “cosas entretenidas o curiosas” que ocurren en la práctica científica. Tampoco se solucionará asignando recursos para la “divulgación” de estos hitos, por muy espectaculares que sean. Debemos abordar el problema de la relación ciencia y sociedad desde su raíz, no desde sus frutos más brillantes. Estamos frente a un problema de relaciones materiales, no de percepciones o desinformación. Una perspectiva madura debe estar enfocada en las relaciones de producción de conocimiento. ¿Cómo lo producimos? ¿Cuáles son las condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo científico? ¿Quiénes lo realizan? ¿Quiénes se benefician actualmente, y quiénes deberían beneficiarse de este trabajo?

Esta perspectiva ha estado prácticamente ausente en las discusiones de la comunidad científica durante las décadas de establecimiento y expansión del neoliberalismo en nuestra sociedad. De hecho, ha sido ignorada sistemáticamente por los mismos que abogan ingenuamente por las propiedades mágicas de las inyecciones de recursos y la creación de un nuevo Ministerio. Por ejemplo, en el programa El Informante “acerca de la ciencia” del pasado 25 de agosto, entre anécdotas y descubrimientos se preguntó por la cantidad de doctores que habrá dentro de un par de años y sobre sus posibilidades de inserción en universidades e institutos. Este problema simplemente fue obviado entre afirmaciones optimistas “sí, obvio que tienen donde trabajar, porque Chile necesita doctores”. Mientras que lo segundo es verdadero, lo primero es a todas luces falso. No podemos pretender que solo con buenas intenciones el problema del escaso desarrollo en infraestructura para la ciencia y la actividad académica se va a resolver.

El problema central de la inversión en formación de doctores no es que no tendrán empleo, sino la relación contrastante entre la tremenda capacidad de trabajo para producir conocimiento que como sociedad hemos desarrollado, y la falta de infraestructura y planificación para utilizar estas capacidades. Un marco de análisis enfocado en el trabajo humano, en este caso en las condiciones de producción de conocimiento, permite pensar los problemas poniendo como eje central de la discusión el desarrollo de nuestra sociedad. La posición política de la comunidad científica debe apuntar al desarrollo de la infraestructura, de modo que podamos aprovechar socialmente nuestra capacidad de trabajo intelectual y de producción de conocimiento. Además debe ser especialmente cuidadosa con las condiciones laborales bajo las cuales se incorporan estas nuevas capacidades. Pero, sobre todo, debe apuntar a democratizar sus relaciones internas. Aquí radica la disputa entre razonamiento y deliberación frente a implementación ciega de modelos mercantiles sobre nuestro modelo de producción de conocimiento.

Hace falta que definamos en conjunto un plan de desarrollo democrático y participativo. No basta con afirmar nuestras buenas intenciones ni sumarnos a demandas que a la luz de los problemas reales se muestran vacías de contenido. Es necesario que actualicemos la discusión y hagamos que tenga sentido con el momento específico en que nos encontramos como sociedad. Nuestro norte es transformar las instituciones que rigen el trabajo de producción de conocimiento en unas que respondan a los intereses de la mayoría de la sociedad y en las que haya espacio para la discusión abierta y democrática. Por el momento, no es necesario e, incluso, podría ser contraproducente hacer cambios burocráticos sin cuestionar el carácter neoliberal de un Estado que ha sido un obstáculo más que una ayuda para recuperar la democracia y avanzar hacia el desarrollo de nuestra sociedad.