La iniciativa nos pertenece: Que se escuche nuestra voz por la Asamblea Constituyente

El próximo 23 de abril se dará inicio formal a los encuentros locales del proceso constituyente oficial. A pesar de los bajos estándares que desde su origen tiene este proceso, nuestra Iniciativa Ciudadana ha decidido participar activamente con sus equipos territoriales en los diálogos ciudadanos comunales, provinciales y regionales, no para de validar el modelo del Ejecutivo, sino para convertirlos en convenciones de ciudadanos y ciudadanas y hacer presente allí, nuestra demanda por la Asamblea Constituyente.

Si hemos sido capaces de estar volanteando en ferias, agitando en marchas y dialogando en juntas de vecinos y foros, se nos hace natural presentarnos ante la ciudadanía en un espacio donde lo que se discutirá es nuestro pacto social.  Es evidente que, si bien nuestra opción de cambio constitucional está considerada institucionalmente (gracias a nuestro trabajo y el de tantos otros), el desafío es sostenerla en los muchos momentos en que los grupos de interés adversos intentarán eliminarla como alternativa, tal como ha quedado de manifiesto en las temáticas a discutir, donde ni el Gobierno ni el Consejo Ciudadano de Observadores han incorporado explícitamente al debate los mecanismos constituyentes.

Nuestra participación es fundamental para que las Bases Ciudadanas para una Nueva Constitución sean un insumo de trabajo constituyente y quede absolutamente claro que el poder constituyente originario está en la ciudadanía y no en el Congreso ni en una Convención ni en el Ejecutivo redactando un texto constitucional a fines de 2017. La decisión sobre el mecanismo requiere nuestra acción permanente, exige la presión ciudadana para continuar empujando la Asamblea Constituyente o para que sea el pueblo –y no una elite institucional- quien decida sobre la vía de reemplazo constitucional, a través de un plebiscito. En este sentido, reafirmamos nuestra posición, subrayando que no puede haber cabida para acuerdos que dejen fuera a la ciudadanía y su participación vinculante.

No renunciaremos, entonces, como sociedad organizada, a participar en este itinerario, fijando públicamente estándares mínimos para el proceso constituyente, para reafirmar nuestra propuesta de Asamblea Constituyente como el mecanismo más democrático que garantiza la mayor participación de la ciudadanía, y para neutralizar cualquier intento de evadir la discusión sobre quién debe definir la nueva Constitución. Para esto no necesitamos permiso. No lo pedimos el 2013 para marcar el voto con AC ni lo haremos ahora para expresar ante la ciudadanía (aunque sea en la sección «otros» de las actas de los encuentros) que nuestra demanda de Asamblea Constituyente es la única que nos garantiza el derecho a la autodeterminación democrática, donde la ciudadanía tenga la capacidad real de influencia en las decisiones públicas, como la elaboración de la Constitución Política.

Claramente los grupos conservadores transversales no harán lo que nosotros, el pueblo, debemos hacer. Las reivindicaciones han seguido su curso y los distintos actores sociales las encausan y profundizan, de acuerdo a sus capacidades, hacia la demanda común que cuestiona al sistema político en su fundamento: Nueva Constitución a través de Asamblea Constituyente. Esa es la tarea que hemos asumido como sociedad organizada para que nuestra legalidad deje de ser una amnistía permanente firmada entre quienes quieren que olvidemos.

Habilitarnos en esta acción política es nuestro rol, para insistir sobre nuestro planteamiento de que la forma condiciona el contenido. La disputa crucial sobre quién decide debemos asumirla en cada espacio que tengamos, y éste es el principal. El trabajo por la AC se hace, no se declara. Debemos impulsar la participación de las organizaciones sociales y políticas para que hagan presentes sus demandas sobre derechos y deberes, sobre la forma que va a tener el Estado y su carácter, acerca de los principios y valores inspiradores de la nueva Constitución, y la distribución de poder que ésta debe considerar, destrabando aquellos dispositivos, presentes en la actual Constitución, que neutralizan la política e impiden su libre ejercicio. En estos encuentros tendremos la verdadera educación cívica, aquella que no se vio en un «constitucionario» ni en ningún debate en la televisión pública.

Ya estamos aquí y llegamos para quedarnos. Desde su origen, nuestra demanda ha estado de frente a la ciudadanía, en las urnas, en las redes sociales y en la calle, en el Congreso y en las juntas de vecinos, en las canchas de barrio y en La Moneda. Nunca hemos sido una opción neutra, carente de sentido crítico del país en que estamos viviendo. Estamos en esta Iniciativa Ciudadana porque queremos una nueva Constitución para construir un país más razonable, equitativo y justo, porque requerimos un cambio en las reglas del juego y determinar las normas de nuestra comunidad de acuerdo a la decisión mayoritaria de la población, porque queremos más y mejor democracia.

Este proceso tiene lugar porque la ciudadanía organizada lo ha ganado, para inundarlo del país que soñamos y del pacto social y político que lo haga posible. La Iniciativa nos pertenece. Que se escuche nuestra voz por la Asamblea Constituyente en cada rincón de Chile.