La vergüenza de una petición de renuncia

El día de ayer, jueves 28 de julio, el Ministerio de Educación dio a conocer una “Declaración Pública” a propósito de la petición de renuncia hecha a la Rectora de la Universidad de Aysén, Dra. Roxana Pey. La declaración deja en claro cuál es la motivación de fondo de dicha petición.

Las inquietudes que formulé en carta abierta a la Ministra señora Adriana Delpiano el mismo día jueves no requieren más confirmación que la lectura de dicha declaración. Se dice en ella que la renuncia de la Rectora se hace necesaria para asegurar la “sostenibilidad” y la “viabilidad” de la Universidad de Aysén. ¿En qué consisten esa “sostenibilidad” y esa “viabilidad”?

Pues bien, en tres cosas: primero, que los estatutos de la institución “guarden coherencia” con el “marco común de gobierno universitario” del proyecto de reforma que ha sido ingresado al Parlamento para tramitación y que, en consecuencia, no ha sido aprobado y está naturalmente sujeto a diversos cambios. Es peculiar, pues, que la coherencia que se exige deba guardarse con algo que aún no está definido y en cuya discusión bien cabría considerar la propuesta de gobernanza de la Universidad de Aysén, que de manera innovadora y a mi juicio absolutamente necesaria para un nuevo ordenamiento de la educación superior, incluye la representación de la comunidad regional.

Segundo, que el planteamiento respecto de la aplicación de gratuidad universal para todos los futuros estudiantes de la Universidad de Aysén no ha “tenido en consideración el debate público sobre la gradualidad y avance de la gratuidad universitaria”. Ha de entenderse, pues, que un planteamiento desde todo punto de vista razonable como este y de profundo sentido social, habida cuenta de las características regionales de la Universidad, no tiene espacio de debate.

Tercero, la propuesta de unas condiciones de admisión específicas para esa institución que aseguraría el principio de inclusión. El Ministerio, por cierto, prefiere presentar dicha propuesta como una que excluiría a los futuros estudiantes de los requisitos del Sistema Único de Admisión. Esto es falso, puesto que lo planteado consiste en una flexibilización de los mecanismos de dicho sistema, técnicamente estudiada y concorde con el mandato de la ley que crea la Universidad, la cual señala la necesidad de atender a las necesidades específicas de los estudiantes de la región “a través de programas de acceso especial”.

No me puedo hacer cargo, obviamente, de la alusión a la “inquietud” manifestada por “diversos actores regionales”, puesto que resulta críptica y más bien insidiosa, detalle más digno del chisme que de una declaración oficial.

En resumen, la renuncia ha sido solicitada por la Ministra —sin que la declaración diga si ha sido por instrucción expresa de la Presidenta, única con la facultad para hacerlo según el mismo Decreto Supremo N° 367 del 1° de septiembre de 2015 que en ella se cita— porque la Rectora Pey no se ha alineado con lo que, después de múltiples titubeos, errores, enmiendas y modificaciones ha terminado siendo la política ministerial de reforma de la educación superior. El proyecto ejemplar de universidad estatal y pública formulado por la Universidad de Aysén bajo el liderazgo de la Rectora Pey simplemente no tiene cabida en esa política.

En consecuencia, la petición (palabra eufemística, porque se trata de una imposición) es flagrantemente autoritaria y arbitraria. La Rectora Pey no es una funcionaria del Ministerio, así como tampoco es una autoridad de confianza, a quien se puede destituir sin expresión de fundamento, sino solo sobre razones fundadas y esto hasta fecha muy próxima, lo que explica la premura y la improvisación con que se ha actuado. La lectura de la declaración ministerial deja de manifiesto que no existen tales razones fundadas.

Si el Ministerio quería obediencia ciega y obsecuencia absoluta, debió haber nombrado a algún oscuro burócrata y no a una académica de brillante trayectoria y compromiso irrestricto con la educación pública. No es improbable que lo haga. Pero entonces tampoco tendrá una verdadera Universidad.

En cuanto a los miembros de las comunidades universitarias, particularmente las estatales, debemos entendernos notificados de que el proyecto de reforma, como ya han dicho nuestras mismas autoridades, prosigue, profundiza y hace irreparable en todos los aspectos el daño de la educación pública que iniciara de manera tan brutal la dictadura.

¡Qué vergüenza!