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«Esas declaraciones no son ciertas», replicó de inmediato el ex mandatario. «Si hubiese existido (tal aporte), lo habríamos reportado», agregó.
El empresario brasileño Marcelo Odebrecht, condenado a 19 años de prisión por corrupción, reveló a la Justicia de su país que entregó supuestamente tres millones de dólares al expresidente peruano Ollanta Humala, para financiar su campaña electoral de 2011.
«Esas declaraciones no son ciertas», replicó de inmediato el ex mandatario. «Si hubiese existido (tal aporte), lo habríamos reportado», agregó.
La supuesta transferencia a la campaña de Humala apareció en un escrito del Supremo Tribunal Federal de Brasil, donde el magistrado Edson Fachín transcribe declaraciones que Marcelo Odebrecht ofreció ante él.
«El Grupo Odebrecht (…) habría enviado, a través del Departamento de Operaciones Estructuradas (la dependencia de la empresa encargada de administrar los sobornos), tres millones de dólares al candidato a la Presidencia del Perú Ollanta Humala», describe de hecho el documento.
El escrito fue hecho público por el exprocurador anticorrupción Ronald Gamarra en su cuenta de Twitter. Poco después, Gamarra declaró que la revelación «complicaría la situación de Ollanta Humala que, por angas y por mangas, negó la entrega de ese dinero».
El supuesto pago fue conocido inicialmente por declaraciones de Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en Perú.
Según Gamarra, a mediados de 2010 recibió una llamada donde Marcelo Odebrecht le ordenó realizar una donación para la campaña de Humala, a pedido del Partido de los Trabajadores de Lula da Silva, cuya caja común con el gigante brasileño de la construcción estaba a cargo de Antonio Palocci —conocido como El italiano—, por entonces ministro de Hacienda de Brasil.
Con las elecciones presidenciales en curso, el candidato del Partido Nacionalista peruano necesitaba todos los recursos disponibles para hacer frente a figuras como Keiko Fujimori, el ahora presidente Pedro Pablo Kuczynski y el expresidente Alejandro Toledo.
El grupo Odebrecht es investigado en varios países latinoamericanos por el pago de sobornos a presidentes y legisladores, entre otras autoridades políticas.
