Chile: Proletarización aquí y ahora

En Chile, desde fines del siglo XX, se ha experimentado un proceso de permanente desmantelamiento de los derechos sociales, el cual ha estado acompañado de un discurso tecnoprivatizador que viene a justificar, mediante la defensa de una muy particular forma de libertad y gestión, los “avances” sociales del neoliberalismo, relativizando y muchas veces omitiendo cualquier negatividad a consecuencia de tales políticas.

El Estado, en su fase autoritaria (1973-1990) y democrática (posterior a 1990), en vez de asegurar los derechos de la población en materias de salud, educación y previsión, además de disminuir, limitar y, en algunos casos, suspender el aporte presupuestario, en cada uno de estos ámbitos, ha implementado las políticas necesarias para promover, afirmar y consolidar su privatización.

Así, en lo relacionado con la salud, se crearon las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES); en cuanto a la educación, se municipalizó la gestión de los liceos, se subvencionó la educación escolar particular y se disminuyó el aporte presupuestario a las universidades públicas, permitiendo, específicamente en el ámbito de la educación superior, la formación de instituciones privadas que hoy en día, de la mano de la banca, desbordan el “mercado de la educación”; y, finalmente, en cuanto a la  previsión, se estableció la capitalización individual, a través del descuento de cotizaciones del salario de cada trabajador con contrato de trabajo y la administración privada de estos fondos por medio de las Administradoras de Fondos de Previsionales (AFPs), que, como ya se sabe, resultaron ser un pingüe negocio para sus dueños y socios a base de pensiones miserables para gran parte de la población.

La mercantilización de estos espacios, en vez de entregar condiciones óptimas para la reproducción social, al mismo tiempo de echar por tierra la responsabilidad del Estado en estos asuntos, ha generado nuevos nichos para la acumulación de capital con elevados costos sociales, exhibiendo la brutalidad del modelo chileno.

Si a lo anterior le agregamos la incorporación de la población a un mercado laboral propenso a la precarización de las condiciones de trabajo y con tendencias salariales a la baja, donde el 70% de los trabajadores gana menos de $426 mil líquido, cifra que puede ser incluso inferior ($400 mil líquido) en sectores productivos como Comercio, Construcción, Hoteles y Restaurantes, Agricultura, Pesca, Industria Manufacturera y Otros Servicios comunitarios y sociales (ramas de la actividad en las que se encuentra gran parte de la PEA contratada) y en regiones como La Araucanía, Maule, Bíobío y Los Ríos, puede descender aún más, con el 70% de los trabajadores recibiendo menos de $350 mil líquidos mensuales.

Con los antecedentes antes expuestos, se puede identificar la tendencia clara, permanente durante los últimos 30 años, tanto de parte del Estado como del mercado del trabajo, a proletarizar a la población chilena. Lo segundo, es decir, la participación del aparato estatal en la generación de las condiciones de proletarización, otorga cierto grado de singularidad y excepcionalidad a este proceso ya que, en la manera que hoy podemos llamar apresuradamente clásica, la proletarización identificada como propia del capitalismo de la Europa del siglo XIX, se vinculaba exclusivamente al trabajador asalariado, reducido a pura mercancía que circulaba según los requerimientos irrefrenados de la oferta y demanda en un sistema económico caracterizado por la inestabilidad de su comportamiento. En aquel escenario, el trabajador asalariado era un proletario, la figura paradigmática de una clase cuyas condiciones productivas y reproductivas necesariamente generaban miseria para sí y riqueza para el capital.

Si en el Chile actual, al bajo nivel de los salarios que obtienen los trabajadores a partir de su vinculación al mercado del trabajo formal se le adiciona la desprotección social a la cual han estado expuestos las últimas décadas, gracias a la retirada del Estado o, más precisamente, a la promoción y aseguramiento constante de la privatización de los derechos sociales de parte del aparato estatal poniéndolos a disposición como espacios para la inversión y capitalización privada, en este contexto, se está directamente ante un proceso de proletarización amplio que afecta al segmento de la población trabajadora en su conjunto. Proletarización que en este caso va más allá de los estrechos límites del trabajo asalariado, rebasando el espacio productivo o fabril y arribando a sectores que se esperaría intocados por el capital, como son los derechos sociales, en donde, en vez de asegurarse condiciones de vida digna a la población, se imponen los mecanismos de mercado como panacea del desarrollo social.