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El mediático operativo, que detuvo a ocho comuneros mapuche en septiembre de 2017 –entre ellos Héctor Llaitul, el ex líder de la CAM– acusados de una serie de atentados incendiarios, tuvo como principal evidencia unas conversaciones de Whatsapp.
Ya se sabe cómo Carabineros de Chile podría haber falsificado las pruebas de la «Operación Huracán», provocando el cierre del caso y el inicio de una investigación penal en contra de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada (UIOE) por parte de la Fiscalía. Un reportaje publicado la tarde de este viernes por Reportajes de Radio Bío Bío revela el contenido de los peritajes llevados a cabo por el Ministerio Público a doce teléfonos celulares de comuneros mapuches.
“Cabe hacer presente que los archivos de supuesta mensajería no reúnen las características ni condiciones de elementos generados ni exportados desde los aplicativos de mensajería instantánea (WhatsApp, Telegram y Facebook Messenger) ni tampoco del tipo SMS o cualquier tipo de mensajería instantánea común”, dice el peritaje en su apartado de conclusiones.
En concreto, los informes dan cuenta de archivos en formato TXT que no tienen relación con el tipo de archivos que generan la mensajería instantánea de aparatos celulares como WhatsApp y Telegram. “El archivo Text_.txt no sería un archivo de mensajería”, dice el análisis de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado (Uldeco). “Esto considerando que no contiene TimeStamp (marca temporal) ni la estructura de un elemento exportado de la aplicación de mensajería Telegram, ya que las bases de datos de conversaciones generados por Telegram corresponden a ficheros con nombre ‘Cache.db»”, agrega.
Estos peritajes convencieron a la Fiscalía Regional de La Araucanía que los informes de inteligencia que les había presentado Carabineros para inculpar a los comuneros mapuches tenían serias inconsistencias.
Las supuestas conversaciones vía WhatsApp, Telegram y Facebook Messenger que realizaron los comuneros mapuches y que fueron objetadas en el peritaje hablaban de atentados realizados, internación de armas, financiamiento para sus actividades y la preparación de nuevas acciones de quema de camiones. Precisamente, esas conversaciones fueron las objetadas por el peritaje, el cual detectó inconsistencias técnicas de las cuales se deduce que dichas conversaciones podrían haber sido incrustadas en los aparatos de forma externa.
A la luz de las conclusiones del peritaje de la Uldeco, las conversaciones que detalla el informe de inteligencia de Carabineros no tendrían las características de mensajería, tal y como demuestran los mensajes de los celulares de los comuneros mapuches Llaitul, Claudio Leiva y Martín Curiche.
La revisión de los celulares de esos tres comuneros mapuches también da cuenta de que la fecha de registro de las conversaciones vía mensajería en los dispositivos fue posterior a la fecha de incautación de los aparatos. Así, mientras los celulares fueron incautados el 23 de septiembre entre las 14:15 horas y las 14:35 horas, la fecha y hora de registro de los mensajes, es decir, de cuando se realizaron las supuestas conversaciones entre los comuneros, corresponden al mismo 23 de septiembre, pero en la noche, entre las 20:50 horas y las 22:35 horas, cuando los celulares ya estaban en manos de Carabineros.
Ante lo anterior, Pablo Viollier, analista de políticas públicas de la ONG Derechos Digitales, agregó que Carabineros además pasó a llevar al Ministerio Público con su actuar. «La policía está utilizando la ley de inteligencia para obtener estas pruebas, lo cual es impropio porque los policías son órganos auxiliares de la Fiscalía, y les corresponde hacer las diligencias que ella ordene», explicó.
De este modo, el abogado criticó que «al usar la ley de inteligencia para hacer intercepciones sin su control, la policía está escapando del control del Ministerio Público y por lo tanto está actuando de forma autónoma y de forma indebida«, y agregó que lo anterior es «algo que se buscaba activamente cuando pasó lo del decreto espía, que buscaba permitir a la policía tener acceso a las bases de metadatos sin necesariamente parar por el control de la fiscalía. Y eso afecta profundamente al estado de derecho, y al debido proceso de los imputados».
