En el Ministerio Público se acosa sexualmente

La situación de denuncias de acoso sexual al interior de la institución, la indefensión laboral que viven los trabajadores del Ministerio Publico es crítica. No todas las denuncias por acoso laboral o sexual se han investigado, de hecho el mecanismo utilizado hasta hace poco permitía a los Fiscales Regionales descartar por sí mismos estas acusaciones. Con ese nivel de discrecionalidad no estamos a la altura como Institución en la prevención y sanción de estas malas prácticas.

Si bien es cierto, a petición de los dirigentes, recientemente se ha normado internamente sobre estas temáticas para iniciar indagaciones cuando existan este tipo de denuncias, nada asegura el curso que lleven esos sumarios ni las sanciones que se obtengan finalmente. Cabe señalar también que los reglamentos para estos efectos pueden cambiar a favor o en contra de los trabajadores o como estime conveniente el Fiscal Nacional de turno.

Consideramos que este tipo de vulneraciones se verían favorecidas por la falta de fiscalización externa para el Ministerio Público, porque por ejemplo, en la etapa final de los concursos públicos, como no existen controles externos ni posibilidad de reclamar ante una entidad fuera de la institución, el poder que adquieren algunas jefaturas es realmente exhorbitante, y los aspirantes a un puesto se pueden sentir presionados para aceptar conductas indebidas de quien decide si el postulante queda en el cargo o no.

En ese sentido, como representantes de los trabajadores hacemos un llamado al Ejecutivo y al Parlamento para que se modifique la Ley Orgánica del Ministerio Público y sea fiscalizado externamente en el ámbito laboral y financiero por un Organismo Contralor, como ocurre con la mayoría de los Servicios Públicos.

Asimismo, consideramos que la institución debiera efectuar una revisión de las denuncias no acogidas por los Fiscales Regionales en estos últimos meses. También considerar la posible cifra negra de afectados que no han denunciado por temor a represalias o por considerar que no existe un sistema de denuncias que los resguarde y garantice sanciones a los responsables.