Cumplió promesa de campaña: Bolsonaro firma decreto que facilita la tenencia de armas en Brasil

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, firmó este martes un decreto que facilita la tenencia de armas de fuego en el país, cumpliendo así una de sus principales promesas en su campaña electoral.

Actualmente, la ley brasileña ya permite la posesión de armas para personas mayores de 25 años que no cuenten con antecedentes penales. Asimismo, se debe demostrar estar psicológicamente capacitado para su uso, al igual que es necesario justificar adquisición.

De mano del discurso contra la delincuencia y centrado en la seguridad de las personas, el decreto hace más sencillo el trámite para poseer armas de fuego. Esta nueva normativa flexibiliza el «Estatuto sobre el desarme» de 2003, que restringía el acceso y ponía varios obstáculos administrativos para portar estos artefactos.

Pese a que Bolsonaro era partidario de este detalle, la medida no permitirá portar armas en la calle.

Estos cambios entrarán en vigor tan pronto como sea publicado en el Diario Oficial de la Unión, sin pasar por el Congreso Nacional, al tratarse de un decreto presidencial.

Según los detractores de esta iniciativa, esta normativa incrementará los índices de violencia en el país, realidad que ya es preocupante para los brasileños.

«Por mucho tiempo, el Estado determinó quién tenía o no derecho a defenderse a sí mismo, a su familia y a su propiedad. Hoy, respetando la voluntad popular manifestada en el referéndum de 2005, devolvemos a los ciudadanos brasileños la libertad de decidir», indicó Bolsonaro tras la firma del decreto.

Igualmente, el mandatario indicó que «el pueblo decidió por comprar armas y municiones y nosotros no podemos negar lo que el pueblo quiso en ese momento”, agregó el ultraderechista, en una ceremonia en la que también estuvieron presentes algunos de sus ministros, entre ellos el de Justicia y Seguridad Pública, Sergio Moro.

Cabe destacar que esta nueva normativa se suma a las numerosas modificaciones que el presidente ha cursado a través de decretos presidenciales, que no necesitan la aprobación del poder legislativo. Ejemplos de esto son la reducción del salario mínimo previsto para este 2019 o el traspaso de responsabilidades al Ministerio de Agricultura sobre las tierras de pueblos indígenas.