Las trabajadoras y ex funcionarias de los programas del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género denunciaron situaciones de “violencia institucional” dentro de la cartera y exigieron mejores condiciones laborales.

A través de una carta las firmantes dieron a conocer distintas situaciones de precariedad laboral como “despidos injustificados, retardos excesivos en el pago de remuneraciones” e incluso “no pago de pre y post natal“.

En la declaración las trabajadoras indican que “el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, precedido por el Servicio Nacional de la Mujer, tiene por objetivo dar voz a todas las mujeres que han sufrido violencia en el ámbito público y privado, visibilizando, desnaturalizando y erradicando la violencia sistemática a la que somos expuestas de manera histórica en nuestro país”.

Con este fin se crearon una serie de políticas a nivel país como “Centros de la Mujer (103 centros en las 16 regiones del país)”, “Casas de Acogida (43 casas)”, “Área de Prevención, Unidad de violencia extrema, femicidio y casos CP” “Centros atención reparatoria a mujeres víctimas de agresiones sexuales (3 centros ubicados en regiones Metropolitana, Valparaíso y del BíoBío)”, “Casa de Acogida para mujeres Vulneradas por Trata de personas y Migrantes en Situación de Explotación”, ”Centros de Reeducación de hombres que ejercen violencia de pareja (presentes en las 15 regiones del país)”. Cada uno de los programas mencionados cuenta con profesionales de
excelencia, cuyo trabajo es prestar atención (jurídica, social y psicológica), protección y reparación de violencias contra las mujeres”.

Sin embargo, las funcionarias señalan que esta intención por parte del Estado no se corresponde con la realidad de las trabajadoras de los programas implementados por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género

“Durante años nos hemos visto expuestas a múltiples vulneraciones laborales, tales como: negación de condición de trabajador conforme al Código del Trabajo, despidos injustificados, sueldos y reajustes precarios, retardos excesivos en el pago de nuestras remuneraciones, no pago de pre y post natal de las trabajadoras, entre otras situaciones. Creemos firmemente que un Estado que asume compromisos internacionales tendientes a erradicar la violencia contra la mujer, no puede perpetuar o tolerar diferentes manifestaciones de violencia institucional a funcionarias públicas, tal como señala la Convención Internacional para la Prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la Mujer, “Belém do Para” (1994), Capítulo 1, articulo 2, letra c) Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra”.

Según las firmantes “cada Gobierno se ha comprometido a la construcción de una Agenda Mujer, cuyos objetivos han sido la creación de una nueva institucionalidad, reformas legales, políticas públicas y la acción transversal del Estado en el sentido de promover un cambio cultural para que las mujeres tengan más autonomía y puedan ejercer sus derechos. Actualmente, la Agenda de Género presentada por el Presidente de la República, Sr. Sebastián Piñera Echenique, adopta como principales objetivos: Igualdad de Derechos, Deberes, Trato y Participación; Autonomía e integración laboral; terminar con la violencia contra la mujer; situaciones de especial vulnerabilidad y respeto a la dignidad de la mujer”.

Para cerrar, las funcionarias señalaron que “como mujeres que trabajamos con mujeres sobrevivientes de violencia, tenemos la convicción de que la erradicación de la violencia machista debe ser prioridad para el Estado de Chile y por lo tanto, se deben implementar políticas públicas destinadas a garantizar condiciones laborales adecuadas al interior del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, que permitan un goce digno y efectivo de nuestros Derechos“.