Las tragedias sociales en Sudamérica que desnudan el discurso de la ayuda humanitaria a Venezuela

Una de las imágenes políticas del pasado fin de semana fue la del autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, durante el intento de llevar camiones con ayuda humanitaria desde Cúcuta, cercado por tres de los mandatarios de la región que lo respaldan más abiertamente: el colombiano Iván Duque, el paraguayo Abdo Benítez y el chileno Sebastián Piñera. Faltó el brasileño Jair Bolsonaro, que alegó estar en recuperación por su salud para no dejar Brasilia, aunque envió a su canciller, Ernesto Araújo, a la frontera brasileña con Venezuela, en otro local por donde se intentó ingresar con camionetas de ayuda.

Lo curioso de la situación es que los cuatro países mencionados están lejos de poder dar lecciones al vecino por razones sociales. Millones de personas de esas cuatro naciones seguramente miran con ironía -o rabia directamente- la escena de sus presidentes poniendo tanto énfasis en la necesidad de llevar alimentos y medicinas a Venezuela cuando a ellos mismos les cuesta un montón acceder a esos productos, o viven situaciones especialmente desastrosas que han tenido menor atención por parte de sus mandatarios.

En la misma semana que precedió el evento de 23 de febrero, Chile vivió el debate sobre la presencia de Piñera en Cúcuta mientras el sur del país vive un incendio de gigantescas proporciones, un desastre ambiental que además de poner una duda más (junto con el caso de Quintero, los ríos y lagos que se secan y tantos otros) en las condiciones del país para enfrentar la próxima cumbre del cambio climático, también muestra a un gobierno que ha dado menos prioridad a sus ciudadanos que han sido afectados no solo por las tragedias de ahora como por las de años anteriores, incluyendo las víctimas de terremotos, erupciones volcánicas y otros desastres.

Tampoco hay respuesta efectiva del gobierno chileno para la tragedia humanitaria de los jubilados que viven con pensiones miserables entregadas por las AFP. Por lo contrario, el gobierno de Michelle Bachelet (que tardó pero se posicionó a favor de la ayuda humanitaria, aunque desde lejos) no pasó de los paliativos, mientras que el de Sebastián Piñera ha tratado de defender el modelo creado por su hermano, que ha generado miseria y un vergonzoso récord mundial en la tasa de suicidio entre adultos mayores.

Curiosamente, Chile vive en su territorio las consecuencias de las situaciones que configuran la tragedia social de otros dos países que trataron de mostrarse como paladines de las causas sociales en Venezuela. Los colombianos llegan al país en cantidad mucho mayor que los venezolanos, tratando de huir de la miseria y la guerra civil que no se terminó por completo tras el Acuerdo de Paz negociado entre 2016 y 2017 – que no ha sido aplicado a cabalidad, y es menos probable que lo sea ahora con el gobierno de Duque, que pasó su campaña electoral criticando el acuerdo.

Los colombianos que viven en Chile son solamente una pequeña muestra del problema que viven los que todavía residen en su país, incluso en ciudades como Cúcuta, donde se encontraron los mandatarios y el presidente autoproclamado, y que es la cuarta ciudad más pobre de su país con un nivel de pobreza de 33,5% – según datos del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística sobre Pobreza Monetaria y Multidimensional en Colombia), la capital del departamento Norte de Santander solo es superada por Quibdó (47.9%) y Riohacha (46,9%), sin contar la campeona Buenaventura, con un 68% de pobreza y un 37% en la indigencia, además de otras tantas cifras alarmantes.

Cúcuta y Buenaventura también coinciden en un índice de informalidad laboral de más de 70% y el desempleo superando a los 15%, según la Red de Defensores de Derechos Humanos de Colombia.

Si bien es verdad que los niveles de pobreza en Venezuela son claramente más acentuados, con muchas ciudades igualando el nivel de la colombiana Buenaventura, también es cierto que el gobierno presidido por Nicolás Maduro tiene la excusa de sufrir con sanciones económicas que hacen que sea más difícil la adquisición de alimentos y medicinas – lo que además es otro dato que refuerza la hipocresía de la ayuda humanitaria cuando esta viene sobretodo de los Estados Unidos, el país que ha impuesto estas sanciones -, argumento que no puede ser usado por los presidentes de Chile, Colombia, Brasil o Paraguay para justificar sus miserias.

El Paraguay de Abdo Benítez tiene niveles de pobreza extrema que llegan a 28,86% de población, según la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC), mientras que la pobreza infantil ya supera los 40%. Números que explican la cantidad de paraguayos que tratan de migrar sobretodo a Argentina y Brasil, aunque en el norte de Chile han habido no pocos casos de grupos grandes de trabajadores paraguayos en condiciones de semiesclavitud, descubiertos por la PDI y la Dirección del Trabajo.

En el Brasil de Jair Bolsonaro, además de la creciente verificada por los índices de la pobreza desde el gobierno de Michel Temer – tras salir del Mapa del Hambre de la ONU, durante el gobierno de Lula da Silva, el país está a punto de regresar a este triste escenario, según la FAO, el órgano de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación – están los efectos de la tragedia ambiental en Brumadinho, que ha dejado cientos de fallecidos y miles de desalojados, mientras que el gobierno y la empresa mineradora Vale tratan de empujar el uno al otro la responsabilidad de asistir a las familias afectadas, a las cuales les haría bien un par de camionetas con alimentos y medicinas como las que el canciller brasileño Ernesto Araújo trató de hacer pasar por la frontera brasileño-venezolana. Además, hay que recordar que el gobierno de Brasil determinó hace pocas semanas el cierre del programa Farmacia Popular, que entregaba medicinas para diabetes, hipertensión y otras enfermedades crónicas, como medida del ajuste económico sobre el presupuesto para Salud, lo que también choca con lo gastado en insumos médicos enviados a Venezuela.

Finalmente, en la Argentina de Mauricio Macri la pobreza también suma y sigue, con una inflación que todavía no está al nivel de Venezuela, pero casi, por encima de los 50%, y un desempleo que hace tiempo supera los dos dígitos y que amenaza con ingresar a la casa de los 20% a la brevedad. Eso sin contar el aumento del endeudamiento argentino, que tiene al Estado, con un reciente pedido de rescate al Fondo Monetario Internacional (FMI) de 57 mil millones de dólares, que tienen al país al borde de un default igual al de su crisis interna de 2001. Quizás por eso el gobierno macrista trató de darle un apoyo desde lejos al evento de 23 de febrero, para no exponer aún más a un presidente que sufre niveles de desaprobación muy superiores a los de Maduro y que tendrá la dura tarea de buscar la reelección este año.