Los planes de Piñera para la Ley de Migraciones: ¿Se viene otro decretazo?

“Llegó el momento de poner orden en la casa”. Esta polémica frase del presidente Sebastián Piñera cumplirá un año el próximo martes 9 de abril. Aquel día el mandatario presentó su reforma migratoria y anunció las dos grandes acciones que hasta ahora han marcado su política para el sector: el proceso de regularización masiva y el «decretazo» que implementó un nuevo sistema de visas tramitadas en los consulados de los países de origen y que eliminó el permiso por motivos laborales.

Han pasado casi 365 días desde entonces y el presidente no quiere dejar escapar la efeméride para eventualmente lanzar un nuevo y polémico anuncio. Según ha podido saber El Desconcierto, la próxima semana, Piñera tiene previsto informar a la ciudadanía sobre un nuevo decreto con el que pretende aprobar por vía administrativa uno de los puntos más controvertidos del proyecto de ley de migraciones: el cambio de categoría migratoria.

Según fuentes de la Subsecretaría del Interior, el mandatario anunciaría el nuevo decreto en el marco de la inauguración de la Sala de Exposiciones del Departamento de Extranjería y Migración (DEM), instalada en la nueva sucursal del DEM de la calle Matucana 1223. Este medio ha contrastado con tres fuentes distintas los datos entregados desde la Subsecretaría y todas las versiones obtenidas corroboran que el presidente quiere prohibir el cambio de estatus migratorio por decreto, al margen del debate parlamentario y del rechazo que esta cuestión provoca en los sectores de oposición.

Los planes del presidente prohibirían que un extranjero pueda cambiar su plan de vida en Chile y decidir quedarse luego de haber encontrado un trabajo estable o haber establecido vínculos y arraigos. El Ejecutivo considera que el extranjero que entra como turista “no sincera su intención real al ingresar al territorio” –según dijo el mandatario hace un año– y no considera que las circunstancias por las que una persona decide llegar a Chile pueden cambiar.

Las intenciones del presidente han llegado a oídos de investigadores y algunas organizaciones de defensa de los derechos de las personas migrantes. De hecho, se insinuaron este martes en una carta al director publicada en El Mostrador, en la que varios académicos aseguran que “es muy probable que a un año del anuncio de las medidas en materia migratoria, precisamente, se anuncien más medidas próximamente”. Entre las nuevas medidas, hablan de “seguir regulando la dinámica migratoria sin discusión parlamentaria ni ciudadana”, es decir, a golpe de decreto por vía administrativa; y subrayan que “no es de extrañar que se fije la restricción al cambio de estatus mediante algún tipo de interpretación de la actual normativa”.

/ Agencia Uno

Irregularidad y abuso laboral

El cambio de estatus migratorio es, precisamente, uno de los puntos más controvertidos de la Ley de Migraciones del gobierno de Piñera, que hoy se encuentra en la Comisión de Gobierno Interior del Senado en su segundo trámite parlamentario. El proyecto remitido a la Cámara Alta establece en su artículo 56 que “los titulares de Permiso de Permanencia Transitoria que se encuentren en el país, no podrán postular a un permiso de residencia”.

Hasta ahora, miles de extranjeros han pasado de una categoría transitoria (visa turista) a una temporaria, y posteriormente a una definitiva. De hecho, según datos del DEM, en 2018 se entregaron 444.012 visas (no confundir con las permanencias definitivas), la mayoría de ellas temporales. Una cifra que casi duplica las que se tramitaron en 2017, que fueron 267.596. En ambos casos, la mayoría de ellas para personas procedentes de Venezuela, en primer lugar, y de Haití, en segundo. Estas personas entraron como turistas a Chile y, una vez en el país, mutaron su estatus migratorio tras haber construído vínculos estables.

El Desconcierto ha preguntado a varios expertos en la materia sobre las consecuencias que podría traer la modificación por decreto administrativo de este punto. El ex director del DEM, Rodrigo Sandoval, hace la distinción entre los efectos para aquellas personas que aún no llegaron a Chile y los que ya están en el país en calidad de turista y con la esperanza de cambiar estatus migratorio. Sobre el primer caso, alerta de «una presión mayor en los consulados de Chile, que es donde las personas tendrán que tramitar sus permisos de residencia». En el segundo caso, explica que los afectados se encontrarán con un «dilema»: volver a sus países para conseguirse un permiso o quedarse en Chile haciendo su vida, pero en una situación irregular. «La experiencia demuestra que las personas optan por lo segundo», afirma Sandoval.

Coincide con él el sociólogo y ex presidente del Consejo Consultivo Nacional de Migraciones, Eduardo Thayer: «Es un modelo que incentiva la llegada y desincentiva la permanencia regular», asegura. Y agrega: «fomenta la permanencia irregular después de que se venza el permiso».

Sin embargo, en opinión del ex director del DEM, la consecuencia más importante que podría derivarse de esta decisión tiene que ver con sus efectos en el mercado laboral. «La visa sujeta a contrato obliga a la persona a depender del contrato de trabajo y no permite acceder a la regularidad», apunta Sandoval. Para él, esta visa «reproduce un modelo esclavizante», por lo que pronostica un «esperable aumento de los niveles de abuso a la población laboral migrante».

/ Agencia Uno

¿Decreto por encima de la ley?

Thayer critica que el eventual decreto «refuerza los mensajes del Ejecutivo a la ciudadanía de que la migración es ilegítima y que los migrantes engañan al sistema». Pero se muestra poco convencido sobre el recorrido que podría tener una medida de ese tipo. «Si se publica, este decreto va a nacer muerto porque si a una persona que ingresa como turista se le niega posibilidad de tener visa temporaria, va a poder apelar a los tribunales y éstos van a tener que fallar de acuerdo con la legislación vigente, que permite el tránsito de una categoría migratoria a otra», asegura.

La normativa actual, que data de 1975, establece en su artículo 23: “Se otorgarán visaciones de residente sujeto a contrato a los extranjeros que viajen al país con el objeto de dar cumplimiento a un contrato de trabajo. La misma visación se podrá otorgar a los extranjeros que se encuentren en el territorio nacional y se radiquen en el país para dar cumplimiento a un contrato de trabajo”.

Este diario ha consultado con expertos juristas el margen que tendría el gobierno de Sebastián Piñera para llevar a cabo una eventual modificación del estatus migratorio por decreto. «Desde la jerarquía normativa, jamás una norma de inferior rango puede modificar una ley», aseguran las fuentes legales. Según cuentan, la regulación actual en materia migratoria es un decreto ley visado en dictadura, pero que al llegar la democracia tuvo toda la fuerza de ley. Por eso, «a menos que la propia Ley de Extranjería no habilite la potestad reglamentaria para hacer un cambio de este tenor, eso no se podría hacer», concluyen.

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