La Fiscalía Nacional Económica (FNE) publicó hoy el informe preliminar del Estudio de Mercado sobre textos escolares y entregó una serie de recomendaciones que apuntan a fortalecer la competencia en los sectores público y privado y a una rebaja en los precios de los libros.

Durante el desarrollo del estudio, la FNE comprobó que “existen espacios tanto en el mercado estatal como privado de textos escolares que no se encuentran funcionando correctamente desde el punto de vista de la competencia, lo que estaría provocando que las condiciones comerciales a las que pueden acceder tanto el Estado como los consumidores no sean las óptimas, lo que sería atribuible a una baja intensidad de competencia en el mercado de textos escolares”.

En este sentido, el Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco, destacó la profundidad lograda por el estudio y el alcance de las propuestas que está realizando la Fiscalía. “Nos encontramos con un segmento con menos competencia de la esperada y con precios muy diferentes entre el mercado público y el privado. Este informe aporta con un diagnóstico claro y con recomendaciones sencillas de implementar que estimamos podrían impactar en productos de mejor calidad a menor precio, tanto para el Estado como para las familias que tienen que adquirir estos bienes”, señaló.

De hecho, se estima que el paquete de medidas enfocado en el sector público puede traducirse en un ahorro de entre 20% y 30% en la impresión de los textos y que las propuestas planteadas para el sector privado generarían una caída de 25% en el precio de los libros en el corto plazo y de hasta 70% en el largo plazo, al ser implementadas.

Esto último significa que una familia podría ahorrar alrededor de $ 87 mil por cada hijo en edad escolar al año. Si se considera tanto el segmento público como el privado, el país gastaría entre US$ 5,6 millones y US$ 19,4 millones menos anualmente en este ítem.

Diagnóstico

En cuanto al mercado público, el estudio reveló que el Ministerio de Educación realiza un proceso de licitación exitoso para adquirir textos escolares a bajo precio, los que son, de acuerdo a dos informes de expertas, sustancialmente similares a los que se comercializan en el sector privado a un precio al menos 10 veces superior.

El producto que hoy compra el Ministerio de Educación consiste en un texto del estudiante, una guía didáctica del docente y recursos digitales complementarios. En el caso del segmento privado, cuando los apoderados adquieren estos textos, la editorial, otorga además al colegio una serie de bienes y servicios, tales como plataformas web de preguntas y respuestas, asesorías y seminarios de capacitación.

También se observó que el número de oferentes en el mercado público se ha concentrado crecientemente en los últimos años y que ha disminuido la intensidad competitiva, lo que se explicaría por una serie de reglas existentes en las licitaciones públicas, como el limitado tiempo con el que cuentan las editoriales para preparar sus propuestas y para imprimir los textos.

En el caso del mercado privado, se constató que las editoriales compiten por factores distintos al precio, destinando una gran cantidad de recursos a marketing y utilizando una fuerza de ventas considerable.

En este segmento, se observó también un problema de agencia que se produce entre los colegios y los apoderados, ya que son los establecimientos los que deciden el texto a utilizar, pero son los padres quienes deben adquirirlo.

La FNE detectó que pocos colegios cuentan con protocolos reales para elegir los textos y que existe un comportamiento generalmente pasivo en la búsqueda de mejores precios.

Adicionalmente, los colegios enfrentan elevados costos de búsqueda para evaluar alternativas de textos, lo que favorece a las editoriales de mayor tamaño, que poseen una red de vendedores establecida, en desmedro de editoriales más pequeñas. Además, algunas prácticas, como el empaquetamiento de un set de libros por nivel, está debilitando el funcionamiento del mercado de textos usados.

Recomendaciones

1. Mejoras a la licitación pública:

-Ampliar el plazo general de la licitación, especialmente para el desarrollo del producto y la impresión.
-Revisar la utilización de factores que no tienen definición absolutamente clara para declarar fuera de bases a participantes de la licitación.
-Separar licitación de contenido e impresión.
-Fijar número de reimpresiones.
-Establecer una política pública de largo plazo de adquisición de textos.

2. Mejoras al mercado privado:
-Incentivar a que colegios adquieran textos como un insumo más del servicio educacional que proveen.
-Establecer a los colegios la obligación de informar y justificar a los apoderados, mediante una comunicación estándar, las decisiones tomadas en la elección de los textos escolares.
-Crear un sistema de información de la oferta de textos centralizada, que facilite la búsqueda de alternativas a los colegios y que genere una vitrina especialmente a las editoriales que no ganan la licitación pública, pero cuyos textos fueron aprobados técnicamente por el Ministerio de Educación.
-Adoptar medidas para permitir el funcionamiento de textos usados, tales como desempaquetar productos e informar de cambios menores que ocurran cada año en los textos.

Metodología

La investigación de la FNE consideró la revisión de literatura especializada y de información pública disponible sobre el mercado, pero también el uso de otras herramientas. Así, por ejemplo, se realizó una encuesta a aproximadamente 140 colegios particulares pagados (que equivalen al 20% del total nacional de esos establecimientos), que permitió conocer de mejor manera la forma en que éstos eligen los textos que piden a sus estudiantes.

Adicionalmente, se solicitó información a doce editoriales que participan del mercado y se entrevistó a expertos, empleados de editoriales y autoridades.

Además, durante la realización de este estudio, la Fiscalía contó con la asesoría del economista Nicolás Figueroa y encargó tres informes a expertas en educación. Uno de ellos a la investigadora Sylvia Eyzaguirre, del Centro de Estudios Públicos (CEP), y otros dos a las economistas Claudia Peirano y Pilar Campero, de Grupo Educativo.

Este es el tercer estudio de mercado que publica la Fiscalía, luego de que en la última modificación legal realizada al Decreto Ley 211, se le confiriera la facultad de desarrollar estudios sobre la evolución competitiva de los mercados y, en los casos que correspondiera, hacer recomendaciones sobre modificaciones normativas a la autoridad.

El primer estudio abordó el mercado de las Rentas Vitalicias y el segundo abordó el mercado de notarios. Además, desde abril del año 2018 se encuentra en desarrollo un Estudio de Mercado sobre Medicamentos.

El documento estará disponible hasta el 23 de abril en www.fne.gob.cl para comentarios, los cuales serán considerados en la versión final del estudio, cuya publicación está agendada para fines del mismo mes. Los aportes deben enviarse al correo estudiosdemercado@fne.gob.cl y serán públicos, salvo que los autores pidan la confidencialidad de todo o parte de su contenido.