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Luego de presentar una querella ante todas las personas que resulten responsables del constante hostigamiento que recibió Marco Velásquez mientras realizaba el servicio militar en Iquique, el INDH de Tarapacá considera necesario que el desarrollo de la investigación pase a la justicia ordinaria para asegurar las garantías de los tratados internacionales sobre Derechos Humanos.
El pasado 16 de marzo el joven Marco Velásquez González (18) se encontraba de guardia en el Regimiento de Caballería Blindada de Iquique. Mientras realizaba su turno, disparó contra el sargento Fernando Zamorano y el cabo Pedro Benavides. Luego de disparar ocho veces contra los conscriptos se suicidó con motivo del constante hostigamiento que recibió en el lugar.
El 21 de marzo fue sepultado y comenzó la investigación en la Fiscalía Militar. Sobre esto, la familia del joven presentó una querella en el Tribunal de Garantía acusando el constante hostigamiento y trato inhumano que recibió el joven en el recinto mientras cumplía con el proceso de instrucción durante el desarrollo de su servicio militar desde abril de 2018. Esta querella fue apoyada por el Instituto de Derechos Humanos de la región de Tarapacá.
Luego de que la familia presentara esa solicitud, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones en conjunto con la Fiscalía Local de Iquique exhumaron el cuerpo del Velásquez para realizar las pericias respectivas relacionadas a la querella y no sobre los hechos del 16 de marzo, que están bajo la investigación de la Fiscalía Militar.
Al respecto, la directora del INDH Tarapacá, Lorena de Ferrari señaló que «el caso del soldado Marco Velásquez debe ser visto por los tribunales ordinarios, que ofrecen garantías ante estándares internacionales en materia de Derechos Humanos»
Según informa el medio regional Edición Cero, uno de los temas que preocupa al INDH es que hay una grave falencia en los protocolos de utilización de armamento, siendo esto un tema sobre el que están solicitando información ya que resultaría clave para el desarrollo de la investigación.
Para el mismo medio, en una ocasión anterior, la abogada de la familia Velásquez, Paula Altamirano, estima que la investigación debiera ser de competencia de la justicia ordinaria, principalmente porque se trata de un delito común, que protege un bien jurídico civil, no castrense.
