Cuestionan a Cathy Barriga por promocionar marca de cremas en sus redes sociales
Por: El Desconcierto
| Publicado: 08.04.2019
| / Agencia Uno
En la publicación, Barriga explica que «es una crema de rostro, cuello y escote» y que «será parte de mis cuidados diarios».
La alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, sigue causando polémica. Esta vez, porque este fin de semana compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en la que posa junto a una crema, marca Xhekpon.
En la publicación, Barriga explica que «es una crema de rostro, cuello y escote» y que «será parte de mis cuidados diarios».
El problema fue que se le vinculó con una eventual falta a la probidad de un funcionario del Estado, al promocionar el producto comercial de una empresa privada.
Incluso, señalan que en su rol de funcionaria pública no puede hacer publicidad de productos, menos una autoridad que dentro de sus funciones tiene que, por ejemplo, resolver permisos de funcionamiento. Así lo corroboraron especialistas en la materia para El Desconcierto.
En el ámbito de la probidad, el investigador del centro de estudios Espacio Público, Manuel Arís, sostuvo que los funcionarios, en general, tienen que resguardar el bien común y eso se podría ver afectado al promocionar un producto comercial. Por lo mismo, afirmó, las autoridades deberían abstenerse de estas conductas.
«Se está usando la imagen que se tiene gracias a un cargo público en beneficio directo de un interés particular que es una empresa privada. Pareciera que la marca es inocua, pero podría darse el caso que sí pueda generar conflictos con el interés general de la población», señaló.
Mientras que el director de Chile Transparente, Alberto Precht, coincidió con esta mirada y sostuvo que, las autoridades se rigen por el principio de probidad establecido en el artículo octavo de la Constitución.
El artículo en cuestión, establece que «el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen».
«Esto dice que todo actuar de la autoridad tiene que tener el interés general por delante. No sabemos, por ejemplo, si con esto se está velando por la sana competencia», sentenció.
Además, agregó que «esto es claramente algo que la Contraloría debiese resolver mediante un dictamen y que los consejeros deberían poner en cuestión ante este organismo fiscalizador», indicó.
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