El Fiscal de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional de O’Higgins, Sergio Moya, se refirió en entrevista con La Tercera a la investigación que lleva a cabo en contra de 3 ministros de la Corte de apelaciones que están acusados de presunta corrupción.

Los imputados investigados están realizando maniobras para atacar a fiscales y jueces que han dado las autorizaciones pertinentes, con conductas obstructivas a la investigación”, señaló Moya identificando a los jueces Vásquez y Elgueta como responsables de las maniobras para entorpecer la investigación.

Respecto al juez Marcelo Vásquez, el fiscal señaló que este “concurrió en horas de la noche a la corte a retirar en una bolsa una multiplicidad de especies, como pendrives y otros objetos de relevancia penal”, y que además al registrar la oficial del juez “se constató que había cajones que habían sido desarrajados para sustraer información”.

Sobre Elgueta, Moya señaló que se está indagando como el fiscal obtuvo antecedentes de que se encontraba siendo investigado, ya que este retrasó la entrega de su información bancaria luego de conocer en noviembre que se encontraba siendo investigado.

El fiscal de Alta complejidad reveló también que a Elgueta se le indaga informalmente desde el año 2015, producto de cuestionamientos y dudas a las resoluciones de la Corte de Rancagua que variaban dependiendo de si el defensor era público o particular.

“En varias ocasiones defensores penales públicos que defendían a imputados concurrían a la Corte de Rancagua con determinados antecedentes y obtenían resultados negativos. A continuación venía un cambio de abogado, la contratación de abogados particulares, los cuales prontamente concurrían a la corte y con los mismos antecedentes, obtenían un resultado distinto a defensores públicos”, señaló Moya.

El fiscal se refirió también a la conexión del senador Juan Pablo Letelier con los jueces imputados, pero señaló que esta conducta no tiene ninguna relevancia jurídico investigativa. “Él deberá responder ante la Comisión de Ética del Senado, frente a la opinión pública de algunas gestiones que ha realizado. Hasta ahora no tenemos ninguna conducta jurídico penal relevante, pero si llegamos a determinar que la hay, sin duda será indagado”, finalizó Moya.