La denuncia ante la ONU de la francesa acusada por Chile de participar en asesinato de Jaime Guzmán

Mientras la derecha chilena todavía se lame las heridas que le dejó la decisión de Francia de entregar refugio político al ex frentista Ricardo Palma Salamanca, otro caso relacionado con la muerte de Jaime Guzmán –éste basado en falsas acusaciones– llega a instancias internacionales.

El pasado mes de febrero, la francesa Marie-Emmanuelle Verhoeven, a quien jueces y políticos se empeñaron en identificar como “la comandante Ana”, presentó un recurso ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en contra del Estado chileno, al que acusa de “acoso, humillación y violación de sus derechos”.

El vínculo de esta ciudadana francesa con Chile se remonta a 1985, cuando llegó al país con sus dos hijos y su compañero. Trabajó varios años bajo el amparo de Naciones Unidas y en 1994 fue designada por la Dirección Nacional de la Administración Penitenciaria para observar, como psicóloga, las condiciones de detención de los presos políticos. Fue entonces que coincidió en la cárcel con los ex combatientes del FPMR acusados ​​de haber participado en el asesinato del senador pinochetista el 1 de abril de 1991.

Culminada esta etapa, en 1995 regresó a Francia, donde transcurrieron 19 años de su vida con total normalidad. Hasta 2014. Entonces el juez de instrucción Mario Carroza, a cargo del caso Guzmán, puso en marcha una operación internacional para detenerla al considerar que podría haber sido parte del aparato de inteligencia del FPMR en el momento de la muerte del senador.

El primer intento de extradición fue en Alemania, sin éxito. El país germánico declaró “ilegal” la solicitud para entregarla, por lo que la estrategia chilena se centró en perseguirla en otros países, fuera de Europa. En febrero de 2015, un viaje de Maire-Emmanuelle –conocida en Francia como Emma– para un retiro budista propició el escenario para ello. Fue arrestada nuevamente en Sunauli, pueblo fronterizo entre Nepal e India, y permaneció 16 meses en prisión preventiva, pasando incluso por una huelga de hambre de 27 días.

En julio de 2017 llegó, finalmente, su liberación definitiva y pudo regresar a Francia. Desde entonces intenta recuperar su vida y pasar página de la “persecución” de la cual ha sido víctima. Hace unos meses, publicó su primer libro, escrito en la cárcel de Thiar, y ya está trabajando en el segundo. Pero más allá de dar a conocer públicamente su traumática experiencia, Emma quiere ahora cerrar este capítulo de su vida con un acto de justicia y reparación ante instancias internacionales.

«Evitar la colaboración judicial»

En el recurso presentado –una comunicación individual– Verhoeven acusa a Chile de incumplir el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) de Naciones Unidas, ratificado por el país el 27 de mayo de 1992: “Sometió a la demandante a la privación de libertad, acoso, humillación y violación de sus derechos fundamentales garantizados por el PIDCP”, subraya el texto.

Marie-Emmanuelle Verhoeven, que también ha presentado un recurso en contra del Estado indio, insiste que Chile nunca recurrió “legalmente” a Francia para su extradición y que en 27 años –desde la presunta comisión de los supuestos actos– “nunca fue notificada oficialmente de la existencia de un procedimiento en su contra en Chile, ni se la convocó en Francia para ser escuchada, como testigo o sospechosa, a través de una solicitud de colaboración judicial mutua”. En una entrevista con El Desconcierto, Carroza aseguró haber solicitado una comisión rogatoria a Francia y que tanto ella como el gobierno francés lo rechazaron.

Fuentes judiciales conocedoras del caso aseguran que la estrategia de Chile se basó en “evitar la colaboración judicial” con Francia todos estos años. En su lugar prefirieron “abusar del derecho internacional y esperar que Marie-Emmanuelle estuviera fuera, arrestarla y pedir su extradición desde un tercer país”, señalan. Como no lo consiguieron en Europa –explican las fuentes–, “probaron en India, un país con pocos lazos culturales con Chile, y que desconoce su historia y la de América Latina”.

Las irregularidades

Verhoeven denuncia ante la ONU que Chile violó cinco de los derechos recogido en el PIDCP. En primer lugar, asegura haber sido víctima de “arresto y detención arbitrarios e ilegales” (artículo 9.1) en Alemania e India. Unas operaciones que –dice– “sólo fueron posibles gracias a las acciones de las autoridades chilenas”. En este sentido, cita la primera orden de detención en Alemania, el 27 de enero de 2014, extrañamente, emitida dos días después de su captura.

La francesa se refiere, también, a una segunda solicitud de extradición que la Embajada Chilena en India emitió el 24 de marzo de 2015. Aunque los jueces de la Corte Suprema de Chile ya se habían pronunciado a favor de que fuera entregada, el embajador reiteró la petición a través de una “nota verbal” en la que hacía referencia a un Tratado de Extradición de finales del siglo XIX, cuando India aún era colonia británica. La presión diplomática de Chile a base de “notas verbales” –que son documentos meramente diplomáticos, no judiciales– se repitió de nuevo, así lo denuncia Emma en su recurso. La segunda fue emitida luego de que el Tribunal Superior de Nueva Delhi dictaminara que su encarcelamiento había sido ilegal y que, por ley, no podía exceder de 60 días. Pese a que la justicia india ordenó su liberación, las gestiones de la Embajada chilena, con apoyo de la UDI, impidieron su excarcelación y alargaron el presidio por diez meses más. En julio de 2016 fue puesta en libertad bajo fianza tras pagar casi $10 millones de pesos.

La ley de Extradición india de 1962 prevé un período de detención de hasta dos meses. Sin embargo, Verhoeven permaneció 16 meses en preventiva en la cárcel de Thiar. “Chile violó la ley india. También violó las reglas de la diplomacia internacional y el derecho internacional al procurar que la demandante permaneciera encarcelada durante mucho tiempo en la India”, establece el recurso.

También se alargó más de lo debido el proceso judicial al que fue sometida. El PIDCP (artículo 14.3) establece el derecho a un juicio “sin demora debida”, pero Emma fue liberada más de dos años y cinco meses después de su detención. “Las tácticas dilatorias de Chile han llevado a una demora excesiva en la decisión final de la justicia india”, subraya la denuncia.

La francesa, además, acusa al Estado chileno de interferir en su libertad de movimiento (artículo 12) hasta diciembre de 2018, cuando la Comisión de Control de Archivos de Interpol (O.I.P.C) le notificó la cancelación de su orden de detención internacional. “Las autoridades chilenas interfirieron deliberadamente en su libertad de movimiento, ya que ésta [Marie-Emmanuelle] podría haber sido escuchada en el marco de una solicitud de cooperación judicial formulada por Chile a Francia, desde su regreso al territorio francés en 1995”, sostiene el documento.

Verhoeven, quien asegura haber sido perseguida “por razones políticas”, señala la vulneración de su derecho a la presunción de inocencia (artículo 14.2); y de su vida privada y familiar, su honor y reputación (artículo 17.1). “Las acciones de Chile obligaron a la demandante a ser detenida fuera de su país de residencia habitual y lejos de sus dos hijos desde enero a junio de 2014 y desde febrero de 2015 a julio de 2017, es decir, casi tres años en total”, apunta el documento. Asimismo, insiste que durante el tiempo de permanencia “forzada y duradera” en India, no pudo presenciar el nacimiento de su nieta ni tampoco la muerte de su padre.

/ Prensa Libre: NDTV

Funcionarios «coludidos»

La comunicación individual que Emma dirige a la ONU pone especial énfasis en las “maniobras y presiones” de las autoridades chilenas sobre las autoridades indias, incluso la autoridad judicial, «a pesar del principio de separación de poderes”, dice.

La francesa apunta al diputado de la UDI Issa Kort, conocido por señalar públicamente a los supuestos implicados en la muerte de Jaime Guzmán, por haber emitido “declaraciones intimidatorias” sobre ella en la prensa. Explica que eso motivó al Estado francés a solicitar a la Oficina Central de Investigaciones (CBI) de India medidas para su protección durante el período de libertad condicional.

Kort habló sobre las presiones de su partido y de la embajada chilena a funcionarios indios en un artículo publicado por este medio hace casi dos años. Las negó y aseguró haber actuado en coordinación con el Estado de Chile. Su perfil de Twitter da cuenta de un viaje a India en febrero y marzo de 2015 para apoyar al gobierno chileno en el procedimiento de extradición.

Hoy Corte Suprema India rechaza recursos de Cdte Ana para zafar justicia. Gran labor de @Minrel_Chile pro justicia pic.twitter.com/fQbLCvj3WZ

— Diputado Issa Kort G (@issakortg) April 28, 2016

La “colusión” entre chilenos y funcionarios indios fue detallada en una carta que la francesa envió a la ministra de Asuntos Exteriores india enero de 2018. La misiva menciona que el fiscal general se opuso “sin ningún fundamento legal” a que Francia pudiera ser parte del procedimiento en el Tribunal Supremo indio, además del “silencio y desprecio” de la Secretaría de Extradiciones del Ministerio de Asuntos Exteriores (MAE) de India cada vez que recibía una “nota verbal” procedente de Francia, mientras ejecutaba “inmediatamente” las órdenes de las “notas verbales” recibidas desde Chile. Los descargos contra el MAE también apuntan al entonces subsecretario de Extradición, Rajeev Ranjan, y a su “consciente e ilícita connivencia” con el embajador de Chile del momento, Andrés Barbé.

En la misiva se hace referencia, además, a otra de las irregularidades que Verhoeven denuncia en su recurso internacional: la creación de un supuesto Tratado de Extradición entre India y Chile dos meses y medio después de su arresto, aunque –dice– “hasta la fecha no existe en Chile”.

La primera solicitud ordenada por la Embajada de Chile por «nota verbal» fue el 24 de marzo de 2015, en base a un Tratado de Extradición entre Chile y Reino Unido fechado en 1897, cuando India era aún un protectorado británico. Sin embargo, el acuerdo no fue ratificado una vez India se independizó, tal y como exige la Ley de Extradición de 1962 del país asiático. De hecho, incluso la Corte Suprema de Chile afirmó en una sentencia dictada apenas días antes –el 9 de marzo– que no existía un tratado vigente entre ambos países.

Sin embargo, el gobierno de India publicó la conformidad a la vigencia del tratado con Chile el 29 de abril, más de dos meses después de la detención de Marie-Emmanuelle, pese a que nunca fue ratificado por el Parlamento indio, tal y como requiere la ley. “Cocinaron un tratado después de mi arresto. Cuando eres capaz de hacer eso es porque tienes gente involucrada a niveles más altos. Luego empezamos a ver protocolos y leyes que no se respetaban. Entendimos que era todo una gran fabricación, porque no tenían posibilidad de la extradición, el caso está vacío”, concluyó Emma en el artículo antes mencionado de El Desconcierto.

El caso de Verhoeven en la prensa francesa.

Un fallo simbólico, pero vergonzoso

Pese al poco interés de la prensa chilena en la liberación y regreso de Marie-Emmanuelle Verhoeven, los medios galos han dedicado páginas a explicar la historia de su compatriota.

El escrito ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha sido una forma de tomar cartas en este asunto y buscar justicia. Emma solicita al organismo internacional que ordene a la República de Chile “tomar todas las medidas para poner fin a las violaciones del PIDCP y prevenir futuras violaciones”. Consciente de que el daño que le provocaron no se puede reparar, su objetivo ahora es que no se repita la historia.

Si el Comité admite el recurso presentado, abrirá una investigación que podría durar entre un y dos años. En caso de fallar a favor de la francesa, las consecuencias para el Estado chileno serían meramente simbólicas, pero supondrían otra vergüenza en materia de memoria histórica y derechos humanos que el país tendría que tragarse ante la comunidad internacional. Otra más.

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