Las críticas en contra del alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, no han parado desde que anunció que se revisarán las mochilas, de manera aleatoria, a los estudiantes del Instituto Nacional, como parte de las “10 medidas urgentes para devolver el instituto a los alumnos”. Incluso, grandes cadenas de cine salieron a desmentir al edil, quien aseguró que en las entradas de los cine también se revisaban los bolsos.

Ese ambiente de reproche podría extenderse aún más ahora, tras conocerse una denuncia que presentó Alessandri en contra de una mujer. Se trata de V.S.R, de 31 años y actriz de profesión, quien fue denunciada por el alcalde por un mensaje que publicó en sus redes sociales, el 11 de octubre del año pasado, emulando así una situación de similares características que protagonizó Cecilia Pérez, vocera de Gobierno, quien en 2018 también fue, supuestamente, amenazada por un usuario de redes sociales.

El mensaje decía: “Me quiero puro pitiar a Felipe Alessandri” y se replicó tanto en su cuenta de Twitter como de Facebook. Según dijo V.S. R a El Desconcierto, esto lo comentó en el contexto de las detenciones violentas a estudiantes del INBA y el Liceo Darío Salas.

Dos meses después, en diciembre, la notificaron para que se presentara a declarar, de manera voluntaria, a la Brigada Investigadora del Cibercrimen Metropolitano, de la Policía de Investigaciones (PDI). Esta notificación le llegó a su casa, en Pudahuel.

Finalmente, el 7 de enero pasado, V.S.R declaró por el caso y recién ahí se enteró de la denuncia que había presentado el edil en su contra por el delito de amenaza simple contra las personas y propiedades.

De acuerdo al artículo 296 n°3 del Código Penal, se considera una “pena de presidio menor en su grado mínimo, si la amenaza no fuere condicional, a no ser que mereciera mayor pena el hecho consumado, en tanto, si las amenazas se hicieren por escrito o por medio de emisarios, se estimarán como circunstancias agravantes”.

El proceso judicial se inició el 30 de enero de este año en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. La causa está caratulada como Felipe Alessandri v/s V.S.R –RUC1801024996-8/RIT 1686-2019–  y es investigada en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

“Desincentiva la libertad de expresión”

Dado que V.S. R no se presentó al tribunal, la detuvieron el 8 de mayo pasado y estuvo una noche en la comisaría. Al otro día asistió a una audiencia donde rechazó la suspensión condicional del procedimiento porque, con su defensa, esperan probar que fue una acción desproporcionada por parte del alcalde y no constitutiva de delito.

“Me parece que detrás de esto hay una intención de amedrentar, porque mi publicación no llevaría a nada. Incluso, hay una actitud de paranoia al pensar que alguien que publica esto realmente puede hacerle daño y emprender acciones legales de este tipo para atacar a una persona que está expresando algo. La forma se puede discutir, pero no el nivel al que es capaz de llegar una figura pública”, afirmó la joven El Desconcierto.

Agregó, además, que esta no era una publicación masiva y que ni siquiera tenía hashtag.

Me cuestiono si está tomando estas medidas con otras personas”, indicó.

En tanto, su abogado del Grupo Defensa de Comunicadores, Javier García, explicó que es un delito que está vinculado a la libertad de expresión.

“Parece una sobrerreacción por un comentario que no reúne los elementos que configure una amenaza real, ni tampoco una amenaza inminente. Es un comentario coloquial, que no se convirtió en un mensaje viral y Alessandri tampoco le contestó (…) Es un mensaje que desincentiva la libertad de expresión”, explicó el abogado.

Se le consultó a la encargada de prensa del municipio de Santiago por este tema. Pero, hasta el cierre de esta edición, no obtuvimos respuesta.

Debate al interior del municipio

Respecto a la medida anunciada por el alcalde en el Instituto Nacional, se han generado diferencias al interior del concejo municipal. Un sector estudia llevar el tema a la Superintendencia de Educación e iniciar alguna acción legal por vulneración a las garantías de los estudiantes.

La concejala comunista Irací Hassler indicó que esta es una medida ha generado un clima adverso al interior del establecimiento.

“Si hay temas que investigar, que se haga, pero sin criminalizar a una comunidad educativa”, señaló a El Desconcierto.

Mientras que para su par Natalia Contreras, de Revolución Democrática, al alcalde está tomando “medidas desesperadas” y, con esto, ha instalado en “el sentido común de la represión al interior de la comuna”.

En línea con Alessandri, el concejal Leonel Herrera, independiente del sub pacto UDI, expresó que esta era una medida aplicable porque “el que nada hace, nada teme”.

“Aquí hay un grupo que habla mucho de defender los derechos de los estudiantes, pero también hay deberes y obligaciones que cumplir y dentro de ellos está el velar por que el colegio tenga clases normales y que no destruyan el mobiliario, además de terminar con las amenazas a apoderados y a funcionarios”, indicó.