Educación

Miedo y estrés: Los preocupantes efectos en los estudiantes expulsados por Aula Segura

Por: Natalia Figueroa / Publicado: 13.06.2019
A_UNO_1024062_425af-640x430 / /Agencia Uno
La comunidad estudiantil acusa graves consecuencias psicológicas y desprotección por parte del Ministerio de Educación ante la aplicación de la ley Aula Segura, una de las iniciativas clave de la ministra de Educación, Marcela Cubillos. Desde la oposición evalúan presentar una acusación constitucional contra la secretaria de estado por su gestión en la cartera.

Hace poco más de un mes, la ministra de Educación, Marcela Cubillos, salió a respaldar la expulsión de estudiantes bajo la aplicación de la ley Aula Segura. “No queremos profesores o asistentes de la educación siendo víctimas de agresiones”, expresó la secretaria de estado, quien este miércoles se mantuvo invicta ante el segundo cambio de gabinete de Sebastián Piñera.

Pero los efectos de la aplicación de esta normativa la han mantenido en el foco de las críticas. Esto, porque desde la comunidad estudiantil reconocen que el Ministerio de Educación (Mineduc) no se está haciendo cargo del apoyo psicológico ni de reubicar a los estudiantes expulsados.

En detalle, esta ley 21.128 permite expulsar y cancelar la matrícula de un estudiante por el uso, tenencia y almacenaje de ciertos tipos de armas, además, de artefactos incendiarios, pero también por agresiones físicas contra docentes y asistentes de la educación.

Al aplicar la medida, la normativa establece que, a su vez, el Mineduc, a través de la Secretaría Regional Ministerial respectiva, “velará por la reubicación del estudiante sancionado, en establecimientos que cuenten con profesionales que presten apoyo psicosocial, y adoptará las medidas para su adecuada inserción en la comunidad escolar”.

Precisamente esto último no se estaría garantizando desde la cartera, según apoderados y estudiantes que se han visto obligados a buscar apoyo de manera particular.

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“No se habla del daño humano”

Durante el último mes, la ONG Emprender con Alas ha recibido a 12 estudiantes, de octavo a cuarto medio, requiriendo apoyo psicológico, tras una publicación que hicieron por redes sociales. Desde la organización aseguran que el interés por parte de la comunidad estudiantil es creciente y que, incluso, algunos de los jóvenes han acudido sin encontrarse suspendidos o expulsados, más bien para tener conocimiento y apoyar a sus compañeros que sí enfrentan la situación.

Así lo explica la psicopedagoga de la ONG Cecilia Deserafino quien ha tenido contacto directo con los jóvenes. La profesional asegura a El Desconcierto que los estudiantes llegan altamente dañados, ya sea solos o con sus apoderados.

Aquí no se habla del daño humano que se está provocando con la aplicación de esta ley. Hay daños a la autoestima, casos de violencia intrafamiliar y sentimientos de culpabilidad”, detalla.

A esto, agrega que han conocido denuncias por interrogatorios por parte de inspectores a los estudiantes para conocer las identidades de sus compañeros que participan de las movilizaciones.

“Han llegado apoderados y apoderadas sumamente preocupadas porque no quieren que les ´manchen los papeles´ a sus hijos; dicen que no van a poder matricularlos en otros colegios. Y eso es lo que está pasando: van a un colegio, dicen que fueron expulsados, por ejemplo, del Liceo Darío Salas o del Barros Borgoño, los buscan en el sistema y les responden que no hay cupos. Es como un ´dicom escolar´. Sabemos, incluso, que en algunos colegios están completando los informes con notas que no corresponden y con eso evitan su reincorporación en otros liceos porque les bajan las calificaciones”, comenta Vanesa Hermosilla, profesora y directora ejecutiva de Emprender con Alas.

La seremi de la Región Metropolitana, Bárbara Soto (UDI) fue consultada por El Desconcierto sobre la situación, pero al cierre de esta edición, no obtuvimos respuesta.

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Las consecuencias

La Corporación de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación (Corpade) maneja un registro aproximado de 70 estudiantes que se han visto afectados por la aplicación de Aula Segura; de ellos, cerca de 30 serían estudiantes expulsados.

Al interior del liceo Darío Salas, los estudiantes reconocen un clima de atemorización y estrés generalizado.

La presidenta del centro de alumnos del establecimiento, Allison Estay, fue expulsada por la supuesta transgresión a la normativa de convivencia escolar, pero se reintegró al colegio tras una resolución judicial.

La estudiante dice que muchos están prefiriendo faltar a clases porque el clima de violencia se ha intensificado durante las últimas semanas. “En el caso de los terceros medios –el nivel que cursa– iniciaron el año escolar 35 estudiantes y ahora asistimos solo 12. La depresión y la pena es cada vez mayor y sabemos de varios que están pidiendo apoyo por esto. En cuartos medios están asistiendo muy pocos”, aclara.

Algo que le parece más preocupante a la psicopedagoga Cecilia Deserafino es que esta normativa podría llegar a encubrir actos de acoso sexual por parte de los funcionarios del establecimiento en contra de alumnas, en caso de presentarse denuncias y los agresores se sientan afectados. “Son efectos que se tienen que evaluar porque es una medida que se está aplicando arbitrariamente”, advierte la profesional.

/Agencia Uno

Acusación contra Cubillos

Al interior del Partido Socialista (PS) se analiza presentar una acusación constitucional en contra de la ministra Cubillos. Durante la próxima semana se reunirá nuevamente el equipo técnico a cargo de elaborar el documento con el jefe de bancada, el diputado Manuel Monsalve.

Por ahora el partido está entablando conversaciones con otras colectividades de la oposición para sumar apoyos. Según indica el diputado socialista Juan Santana, el Partido Radical ha dado señales favorables a la acusación.

“Las tensiones que se están generando en el mundo social dan cuenta de elementos que vemos necesarios de fiscalizar en la gestión de la ministra Cubillos”, indica el parlamentario.

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