Echen a los funcionarios que hacen bien la pega

“Primero vinieron a buscar a los comunistas y yo no hablé porque no era comunista. Después vinieron por los socialistas y los sindicalistas, y yo no hablé porque no era lo uno ni lo otro. Después vinieron por los judíos, y yo no hablé porque no era judío. Después vinieron por mí, y para ese momento que ya era tarde no quedaba nadie que pudiera hablar por mí» 

 Muchos le asignan la expresión anterior al dramaturgo y poeta alemán Bertolt Brecht y otros tantos al pastor luterano, también alemán, Martin Niemöller, pero sin importar quién es su autor, aunque probablemente su autoría es de los 2, el hecho importante es que se trata de una verdad inobjetable que nos debe hacer recapacitar por lo que sucede en nuestro país.

Desde hace años estamos criticando a la poderosa y muy influyente industria inmobiliaria porque en su búsqueda de hacer más rentables sus negocios, a través de sus asociaciones gremiales empresariales tienen totalmente capturado al enclenque Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), al cual el gobierno le quiere cambiar el nombre a Ministerio de Ciudad, Vivienda y Territorio, fusionándolo con el Ministerio de Bienes Nacionales, con algunos propósito razonables, pero con descabelladas fórmulas para que los inversionistas privados puedan ejecutar sus proyectos en terrenos fiscales siempre y cuando en una fracción del predio que se les asigne se lleven a cabo ciertas iniciativas de integración social.

En general los arquitectos particulares son meros “insumos” de quienes lucran con las edificaciones y cuando algunos de ellos contratado por una inmobiliaria le representa que tal o cual cosa no se puede hacer, el dueño del negocio lo despide y lo cambia por otro que sea más “flexible”. Los arquitectos que se desempeñan en el sector público, ya sea en las municipalidades como en los distintos servicios de la Administración del Estado, tienen una tendencia a favorecer los intereses de los grandes actores del mercado y son extremadamente severos cuando se trata de tramitar permisos de titulares pequeños, esos mismos que carecen de contactos en las altas esferas.

Conocemos el grotesco caso de un Director de Obras de la Municipalidad de La Reina que, por objetar conforme a la ley, un permiso de edificación de un privado, éste puso el grito en el cielo y por ese correcto proceder funcionario le pidió al alcalde que destituyera al arquitecto que se desempeñaba en esa función municipal. El alcalde, desconocedor de las materias técnicas, optó por el simplista camino de destituir al arquitecto que se atrevió a exigir el cumplimiento de la ley a un inmobiliario y, parodiando a los mencionados intelectuales alemanes, nunca el Colegio de Arquitectos de Chile salió en defensa de su asociado.

Pero recientemente hemos sabido que la Delegacional regional de Coquimbo de ese mismo Colegio de Arquitectos, como era su deber moral, ante una decisión indebida de Hernán Pizarro, Seremi de Vivienda y Urbanismo, quien sin fundamento alguno exoneró arbitrariamente de su cargo a una competente arquitecta. Juana Varela, que se desempeñaba como jefa de la División de Desarrollo Urbano en esa dependencia pública, publicó en un medio de prensa digital de la zona una dura declaración en contra de ese funcionario que es de completa confianza del gobierno actual.

Dicha orden gremial profesional fustigó al aludido Seremi enrostrándole que la inexplicable solicitud de renuncia sin previo aviso se motivó porque no fue condescendiente con peticiones de grupos de poder acostumbrados a tener, por parte del Estado, tratos especiales para llevar a cabo sus inversiones. Es más, este columnista, conocedor de los escabrosos manejos que desarrolla el aparato público para entregar privilegios a ciertos actores de los mercados, tiene sospechas que desde el Palacio de La Moneda entregaron instrucciones al Seremi Pizarro para que él, como su jefe directo, expulsara a su subordinada del servicio en el cual la arquitecta Varela trabajó siempre con reconocida probidad y con altísimo conocimiento técnico.

Aprovechamos esta tribuna para alertar a quienes ejercen el poder político pues en la municipalidad de San Ramón, aprovechándose que no tiene un Plan Regulador Comunal (PRC), se otorgó a un privado avispado una resolución de anteproyecto de una torre habitacional de 30 pisos, vulgar gueto vertical, práctica disparatada similar a la ejercida por la indócil Municipalidad de Estación Central. Instamos a su alcalde, como máxima autoridad, y a su Director de Obras, en orden a que el segundo invalide ese acto administrativo trucho.

Y para no ser menos en la zona Norte de Las Cruces, balneario de la comuna de El Tabo, terrenos privados que conforme a disposiciones del PRC presentan perspectivas de desarrollo de viviendas en baja densidad parecen estar frustrándose a consecuencia de prácticas abusivas  de una inmobiliaria. Así es, esa empresa tiene un proyecto inmobiliario con una laguna artificial como centro de interés,  está en la práctica eliminando sustancialmente las vialidades contempladas en el PRC con lo cual los predios urbanos adyacentes, al no tener pleno acceso a calles no se desarrollarán. Para evitar este irracional escenario la municipalidad de El Tabo tiene que ponerse los pantalones para que esa calle se mantenga como tal.

En resumen, para poner coto a los permanentes atropellos de las minorías que tienen el poder económico, las mayorías engañadas tienen que decir basta con denuncias ante los tribunales de justicia, pues si no ejercen sus derechos a tiempo mañana será demasiado tarde.