Los conflictos al interior del Liceo Darío Salas se han agudizado durante las últimas semanas por la aplicación de Aula Segura. La lista de los expulsados suma alrededor de 50 estudiantes y este lunes diputados de la comisión de Educación de la Cámara conocieron los cuestionamientos a la medida. Los parlamentarios realizaron una visita inspectiva al establecimiento, donde escucharon a los apoderados, estudiantes y autoridades académicas.

Precisamente, uno de los relatos que escaló hasta el Ministerio de Educación (Mineduc) –y conocido por los parlamentarios– es la denuncia de una apoderada por incitación a maltratos por parte de la directora del liceo, Lilian Vincent.

Se trata de Mitsy Ulloa Fuentes, apoderada de N.A.U, quien, en octubre del año pasado, tuvo una reunión con la entonces directora interina del Liceo Manuel Barros Borgoño, Lilian Vincent. En ese encuentro le planteó su preocupación porque una profesora le dijo a su hijo que le llegarían las “penas del infierno” si seguía participando de las manifestaciones. Le pareció un trato inadecuado por parte de una docente.

En ese momento, N.A.U estaba en primero medio en el Barros Borgoño y era un estudiante políticamente activo: pertenecía al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) y al centro de alumnos transitorio.

La apoderada también le planteó sus reparos a la autoridad académica por la conducta de los inspectores con N.A.U. De hecho, actualmente un sumario se encuentra en curso por esto.

“Siento que está siendo perseguido, o sea, él me cuenta que va al baño y que (los inspectores) le preguntan ´y, usted, ¿para dónde va´?, ¿qué va a hacer?´”, le comentó Ulloa, quien, además, le manifestó su preocupación por la estigmatización que sufría N.A.U al interior del liceo. “Hasta yo me quedé extrañada de cómo lo miraban los profesores”, acotó. En ese encuentro estuvo presente el estudiante y también la encargada de convivencia escolar.

Después de escuchar a la apoderada, Vincent hizo su intervención:

“Ya, vamos a revisar el caso, pero hay un tema que me preocupa de N.A.U. Yo encuentro que tiene muchas competencias, tiene hartas capacidades, pero lo he visto hacer cosas que no debería hacer (…) Cuando los profes te ven afuera de la sala de clases empiezan a reclamar”, señaló, de acuerdo a una grabación que registró la apoderada.

Luego de revisar las notas, la directora le pidió que asistiera a clases y que no perdiera la oportunidad de conseguir becas para la universidad, pero también le recalcó que si era un líder tenía que serlo para lo bueno y no para “lo malo”. Más adelante, durante esa conversación, Lilian Vincent, entre risas, le menciona a la apoderada que N.A.U “se está ganando un par de chuletas (…) yo a los míos les pego un par de chuletas”.

Mitsy Ulloa comenta a El Desconcierto que “cuando me vio la cara y escuchó mi “no” porque yo no pensaba pegarle a mi hijo, se rió e hizo como si fuera talla”. Y a esto agrega: “Esa claramente no es mi manera de educar y ella trató de convencerme para que `enmendara el camino´ de N.A.U. Vimos la cara de desconcierto hasta  de la encargada de convivencia escolar (…) Aquí hay un contexto de represión y esa es la línea que ha venido siguiendo la directora”.

Tiempo después de este episodio, a N.A.U le cancelaron la matrícula en el liceo por agresión verbal a la directora, pese a que Mitsy Ulloa presentó declaraciones de otros apoderados que estuvieron en la reunión donde el estudiante supuestamente la insultó, pero que desmintieron el hecho.

Lilian Vicent llegó al cargo de directora subrogante en el Barros Borgoño, en medio de una toma de los estudiantes el año pasado, tras ser profesora del mismo colegio y luego de ocupar un cargo administrativo. En la aplicación de la ley Aula Segura ha trabajado alineada con el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, y junto a otros directores de liceos emblemáticos de la comuna.

/Lilian Vincent

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Motivo del retiro: persecución política

N.A.U comenzó este año escolar 2019 en el Liceo Darío Salas y fue ahí cuando se llevó una sorpresa: la nueva directora era Lilian Vincent.

Pero el estudiante estuvo poco más de dos meses en el establecimiento y fue expulsado por seguir participando en protestas contra Aula Segura. Vincent ya lo conocía.

A propósito de esto, la apoderada detalla: “Psicológicamente N.A.U estaba mal y, al igual que los otros apoderados, decidimos retirar los papeles, es decir, antes que termine la apelación contra la medida, la expulsión no llega a la superintendencia de Educación y queda como retiro voluntario (…) Ha sido un recorrido largo para buscar colegio ”.

Ulloa explica que esto lo hizo para que “no les ´manchen los papeles´ a los estudiantes y los reciban en los otros colegios. Aunque, de todas maneras, cuando te hacen escribir el motivo del retiro aparece que es por persecución política. Aquí el Mineduc está al tanto que retiré a mi hijo por la persecución que se le hace”.

El Desconcierto contactó a la directora Lilian Vicent por la situación, sin embargo, desde el establecimiento señalaron que no se pronunciaría al respecto.

/Agencia Uno

Denuncia por incitación a maltrato

La conversación que la apoderada de N.A.U sostuvo con la directora de Lilian Vincent se tradujo en una denuncia por incitación a maltrato que llegó hasta el Mineduc por dos vías: a través de una denuncia presentada en la Superintendencia de Educación -que no fue acogida-, y por una carta enviada directamente a la titular de la cartera, Marcela Cubillos.

A la vez, se solicitó una audiencia por ley de lobby con Cubillos para darle a conocer el escenario de violencia y persecución que preocupa a los apoderados del colegio. Sin embargo, la apoderada acompañada por representantes de la ONG Emprender con Alas no fueron recibidas por la titular de la cartera y las derivó a una de sus asesoras Katalina Arancibia, en enero pasado.

Desde la ONG aseguran que esto demuestra la protección a una directora que está aplicando la política criminalizadora del gobierno.

Además, en el escrito que se elevó al Mineduc se solicitó investigar la conducta de Vincent porque hasta ahora no ha habido pronunciamiento de las autoridades. Sin embargo, nada de esto ha tenido respuesta y los apoderados apuntan a una infracción del estatuto administrativo que obliga a los funcionarios públicos a iniciar una indagación interna al contar con antecedentes que reflejen eventuales irregularidades.