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Restan solo algunos días para que el equipo parlamentario presente las conclusiones de su trabajo. Aquí, la parlamentaria por Comunes adelanta parte de las conclusiones que tendrá el informe: “Lamentamos la hasta ahora indolencia de las instituciones del Estado que han tomado definiciones ideológicas o morales antes de responder a las tareas que imponen sus responsabilidades”, dice.
Desde su primera sesión en marzo pasado, la comisión de la cámara baja que investiga la crisis de VIH en Chile y la relación en esta del Minsal y otros organismos, se ha visto enfrentada a información preocupante en diversos aspectos: por el aumento sistemático y significativo de los casos de portadores, por los niños y adolescentes que viven con el virus, y sobre todo por el silencio transversal de los gobiernos de turno.
Durante la primera parte del mes de julio, y después de cuatro meses de trabajo (y dos secretarios de Estado a la cabeza de la cartera de Salud, el último con experiencia y responsabilidad del anterior periodo de Sebastián Piñera), el grupo entregará sus conclusiones respecto a los culpables de esta situación y las soluciones para el futuro. Aún el documento final está en construcción, pero ya se asoman ciertas conclusiones. La presidenta de la comisión y diputada por Comunes, Claudia Mix, adelanta: no hay vuelta atrás.
¿Podría contarnos parte de las conclusiones que están desarrollando como comisión?
-En general, creemos que se debe reformar el modelo actual del Programa de de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de VIH/SIDA. Debemos volver a tener un ente coordinador de las diferentes instancias públicas y con la sociedad civil que tengan relación con el VIH; establecer campañas permanentes y anuales de información y, sobre todo, asegurar el desarrollo obligatorio de programas de educación sexual en consultorios y escuelas a lo largo del país. Debemos tomarnos esta crisis en serio, porque estamos en un punto de no retorno y están en riesgo la vida de miles de personas.
¿Cómo fue el proceso de investigación de la comisión, y también presidir la el equipo de trabajo?
-Cuando propusimos la Comisión Especial Investigadora, entendíamos que asumíamos una enorme responsabilidad, porque nuestro fin no es sólo impugnar y establecer responsabilidades políticas, sino que es escuchar a todos y recopilar la mayor cantidad de antecedentes sobre las causas del aumento de casos de personas que viven con VIH, y desde allí tener los insumos necesarios para generar las propuestas que apunten a solucionar el problema que tenemos. Por supuesto, también construir una política pública que se implemente sin los errores, que hoy tienen tremendas consecuencias. Este último es un enorme desafío, pues queremos construir una política pública que esté al servicio de la gente y no que se aplique para cumplir metas o que se aplique a medias para quedar bien con los sectores progresistas o conservadores del país. Queremos que se implemente educación sexual integral a nuestros niños y niñas desde pequeños, que entiendan la sexualidad como parte de la vida diaria y no como un pecado. Hemos puesto muchas energías en este trabajo porque creemos que lo desarrollado en los últimos 20 años ha puesto en riesgo innecesario a quienes viven en Chile.
Sin buscar responsabilidades, uno de los puntos comunes a los que llegó la comisión -y el periodo investigado; es decir, desde 2010- fue la transversalidad. Es decir, el estado actual del VIH Sida en Chile va más allá del gobierno de turno y sus colores. ¿Qué otros factores trascienden el problema?
-Hasta la década del 90 existía Conasida, que actuaba como ente coordinador entre distintas reparticiones públicas (ministerios, departamentos o jefaturas de servicio) y se lograron buenos resultados en materia de prevención, control y tratamiento. A partir de los 2000, esa estructura se desarmó y se disgregaron las labores que coordinaba Conasida entre diferentes instancias públicas que comunicaban, lo que implicó que las campañas de prevención no fueran efectivas, dejar fuera a ONGs u organizaciones sociales que trabajan en terreno y de forma directa con quienes están en mayor riesgo de contraer el VIH, o que los programas de diagnóstico, notificación y tratamiento fueran poco efectivos y, en consecuencia, los factores del actual escenario con 67 mil personas diagnosticadas y casi 30 mil que viven con VIH, pero que lo ignoran. Y hasta ahora nadie ha asumido la responsabilidad de esto.
Uno de los datos que más alcance mediático tuvo fue el de los adolescentes afectados con la enfermedad. ¿Cuál fue la reacción ante esa información?
-Es terrible y lamentamos la, hasta ahora, indolencia de las instituciones del Estado que han tomado definiciones ideológicas o morales antes de responder a las tareas que imponen sus responsabilidades. El no implementar programas de educación sexual de forma obligatoria en los establecimientos educacionales sólo por no contradecir la “libertad de enseñanza”, es muy contradictorio con la responsabilidad pública en materia sanitaria. Aquí se ha actuado con una enorme irresponsabilidad social y esto hay que remediarlo de forma urgente.
¿Cómo evalúa las presentaciones de los Ministros de Salud respecto al tema?
-Ha sido una representación de la acción del Minsal en materia de VIH, sin mayor trabajo en prevención ni datos certeros de la realidad de la enfermedad en el país. Han expresado la triste realidad del Estado en esta materia. Quizás tengan buenas intenciones, pero la voluntad política de dar el paso adelante en generar propuestas de reformas profundas en el trabajo que se debe realizar no lo percibimos.
