Tras promulgarse la ley de interrupción del embarazo en 3 Causales, algunas personas se contentaron y pensaron que garantizar el derecho a abortar en casos extremos como los planteados era suficiente. Hoy, luego de casi dos años desde su aprobación, hemos sido las frustradas espectadoras de todos y cada uno de los subterfugios utilizados por el gobierno de Piñera para volver impracticable esta ley. Vale la pena, entonces, recordar por qué el movimiento feminista ha sido enfático en señalar que no bastan las 3 causales.

La demanda por el aborto libre y legal ha sido una de las luchas centrales del movimiento feminista, precisamente, porque reafirma el derecho a decidir que las mujeres tienen sobre su cuerpo. Esto es, el reconocimiento de su calidad de titulares de derechos sexuales y derechos reproductivos. Aquello que pareciera trivial, ha estado históricamente condicionado a determinaciones religiosas y estatales del gobierno de turno y no al reconocimiento de la autonomía de las mujeres.

Si el acceso a un derecho es condicionado por circunstancias externas, sean razones sanitarias o geopolíticas, entonces no se está reconociendo a las mujeres una verdadera autonomía, sino que se reafirma que nunca han sido consideradas sujetas de derecho, o al menos no en el mismo nivel o status que los hombres. Su capacidad reproductiva queda al servicio de fines estatales.

Esto no es una casualidad, porque el patriarcado y el capitalismo se han encargado de sustentarse mutuamente de forma simbiótica y esta privación de nuestra autonomía no se juega solamente en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos. Al sistema económico capitalista le viene muy bien que las mujeres estemos subordinadas al mandato social de reproducir y cuidar de la familia, pues así nos deja trabajando sin remuneración en las labores domésticas; cocinando, limpiando y cuidando  para que aquellos trabajos denominados “productivos” puedan realizarse sin este tipo de “distracciones”.

El capitalismo y el patriarcado esconden las desigualdades e injusticias que generan, dan la apariencia de que las mujeres somos iguales en derechos a los hombres, pero esta igualdad es ficticia porque nos reconocen una autonomía parcial, supeditada a roles y responsabilidades que otros determinan.

Lo cierto, es que este sistema es completamente contrario a una comunidad política que pretende garantizar una vida libre, justa y digna para todas y todos. Para que lo fuera, es imprescindible reconocer que la maternidad no es una condición biológica de las mujeres. Y el feminismo, en tanto teoría emancipatoria, viene a mostrar que la penalización del aborto se basa en asimetrías de poder y de género que disciplinan de forma deliberada el comportamiento y el cuerpo de las mujeres.

En efecto, es solo a ellas a quienes se les exige llevar a término un embarazo, sin importar si lo desean o no, obligándolas a dar continuidad a la gestación y a parir. Se les exige que sostengan la vida de un otro, independiente de si lo consintieron o no. Se les obliga a convertirse en meros instrumentos serviles a un sistema, sin importar sus deseos ni planes de vida.  Una barbaridad en pleno siglo XXI.

Porque no considerar el consentimiento de esa persona y disponer de su cuerpo es, precisamente, negarle agencia. Es ignorar su dignidad como ser humano. No bastan 3 causales porque estas no ven la realidad de la diversidad de las mujeres, hacen caso omiso a sus historias y necesidades. Obvian su capacidad de determinación y las obligan a demostrar, ante un orden patriarcal, si son merecedoras o no de alguno de estos permisos de urgencia.

Tres causales que por lo demás ni siquiera son suficientes para este gobierno, cuyo interés está más en obligar a un niña a parir a su medio hermano que en escuchar su voluntad; cuyo interés es más cercano a encarcelar mujeres pobres que a comprender las razones por las que no pueden ni quieren ser madres; cuyo interés no es la vida de las mujeres, sino el mandato social que han de cumplir en familias “bien constituidas” porque poco importan sus sueños y deseos.

Lo que este gobierno y cualquier actoría política que se precie de tal han de tener presente es que la legalización del aborto sujeto a plazos ya no puede seguir siendo escondida bajo la alfombra, porque detrás de ella pervive una pregunta determinante: ¿Es la vida de las mujeres un objeto del que esta sociedad pretende seguir disponiendo?