El gobierno del control preventivo

El gobierno materializó su promesa: la semana pasada vimos la aprobación del proyecto que pretende rebajar la edad de aplicación del Control Preventivo de Identidad a adolescentes desde los 16 años.

El Control Preventivo, como herramienta de prevención de la delincuencia, ha demostrado no solo ser ineficaz e innecesario para detener los delitos en nuestro país, sino que también ha legitimado el actuar arbitrario de las policías en su aplicación.

En ese sentido, no se ha establecido protocolos claros de su aplicación, atribuciones de las policías ni medio o formas eficientes de efectuar reclamaciones en aplicaciones arbitrarias. Con ello, y como se ha establecido por un estudio de la Universidad Diego Portales (UDP), son las mismas policías quienes entre 2017 y 2018 han efectuado controles a niños, vulnerando no solo la ley vigente, sino una serie de convenios internacionales que van en su directa protección.

De acuerdo a datos recabados por el propio estudio de la UDP, 98 de cada 100 niños y niñas no tiene orden de detención alguna pendiente, es decir, el control solo tiene como finalidad identificar a 2 de cada 100 niños y niñas, vulnerando a 98 de estos. Desde el propio Ministerio Público, diferentes voces han manifestado que dicho control ha demostrado ser una herramienta que no ayuda ni previene los eventuales delitos.

Finalmente, creemos que nuestro país está en una deuda enorme con una serie de medidas que van más allá de la criminalización de los adolescentes. En ese contexto, los controles preventivos ilegales realizados actualmente por las policías (con la excusa de sospechar que aquellos eran mayores de edad), no solo vulnera la ley -pues en duda respecto de la edad, la propia ley presume la minoría de edad y hace inaplicable el control-, sino que también estigmatiza y marca a los niños y niñas que son controlados.

El Gobierno no debe seguir criminalizando a los niños y niñas, ignorando la evidencia empírica tanto nacional como internacional en la materia.

Esto, pues significa una medida que no solo daña la integridad de los niños y niñas, sino que también genera confusión y desinformación en la sociedad.

Por ello, la consigna de Los Niños Primero debe ir en apoyo real y específico en la protección y prevención de niños y niñas, y no en políticas que vulneren sus derechos y avalen actos ilegales como los cometidos hasta el momento por carabineros y policías.

Es triste ver que en mi país un niño pobre sea visto como un objeto de protección, de caridad barata, pero cuando pasa a ser un adolescente pierde toda consideración y automáticamente es visto como un delincuente.