Una Propuesta de Mecanismo de Salida a la Crisis

Está claro que las medidas que anunció el Presidente Piñera, anteayer y hoy, no han dado satisfacción a las demandas de los millones de chilenos movilizados. Ellas no han ido al corazón de las grandes desigualdades y abusos que los chilenos sufren cada día, ni tampoco a las soluciones estructurales de la crisis de un modelo económico y de un sistema político emanado de la Constitución de 1980. Fueron demasiado tardías e insuficientes. Hay ya demasiados muertos, torturados y víctimas de por medio. La movilización social se está ampliando con nuevos e importantes sectores, como mineros, camioneros, taxistas.

El gobierno tiene que cambiar su enfoque para enfrentar la crisis. El Presidente ha seguido tratando de salir adelante con un equipo ya deslegitimado y al menos ha decidido cambiarlo. Los partidos políticos, todos sin excepción, no son los interlocutores que la gente esté aceptando. El Presidente, a su vez, por sus grandes errores, está profundamente cuestionado por la ciudadanía. Existe un panorama complejo, con militares y fuerzas policiales crecientemente desbocadas.

Por otra parte, la masiva movilización ciudadana no tiene conducción, es espontánea, se arma en minutos a través de las redes sociales, no hay líderes visibles, ni nadie del mundo político con la legitimidad suficiente como para intentar algún liderazgo. Es operativamente muy difícil establecer un diálogo que pueda culminar en acuerdos validados por la ciudadanía movilizada cuando ésta no tiene representantes. Esto podría llevar al Gobierno a la tentación de jugarse a una estrategia de represión y desgaste que termine por fracturar la alianza social fáctica que se ha producido entre sectores medios y sectores populares, como nunca antes. Quizás lo logre, pero eso sólo postergará un nuevo y peor estallido. Muy peligrosa y desaconsejable estrategia.

Pero no es la hora de diagnósticos sino de proponer salidas. La gravedad y profundización de la crisis es innegable. La gente está sufriendo. Es necesario generar una situación diferente. A mi juicio, ello debiera basarse en lo siguiente:

Primero, el Presidente debiera hacer un extenso y profundo cambio de Gabinete, partiendo por los Ministros y Ministras más deslegitimados ante la ciudadanía. Debiera ser un gabinete de unidad nacional con una plataforma de cambios estructurales plasmados en una nueva Constitución, pero no creo que la miopía con que el gobierno ha evaluado la situación dé para tanto. De modo que, en subsidio, la principal característica de los reemplazantes debe ser su auténtica y probada capacidad de diálogo y de respeto por las organizaciones sociales. No deben ser tecnócratas sino buenos políticos y con probada sensibilidad social, no caritativa sino auténtica, que  no abundan.

Segundo, el Presidente debiera llamar a una amplia Mesa Social y Política. A ella debiera invitar a la Unidad Social y la Asamblea por el Pacto Social, organizaciones que juntas representan a sectores importantes del país y a las que cada día se suman más y más organizaciones sociales. Todas esas organizaciones, políticamente plurales, tienen una legitimidad básica como para ser escuchadas por la ciudadanía movilizada, aunque no la representen directamente. Debiera convocar también a todos los partidos políticos sin exclusión alguna, fundamentalmente para que asuman el compromiso de hacer suyos los acuerdos que emanen de esta Mesa con sus debidos plazos y forma de implementarlos, y apoyar en el Congreso sin mayor dilación todo aquello que requiera expresarse en nuevas leyes. Si de tal Mesa sale el acuerdo de llamar a un plebiscito a la ciudadanía para que diga si quiere o no una nueva Constitución como base para resolver los profundos problemas que aquejan a nuestra sociedad, tendrá que hacerse. La Constitución lo permite, o si no, tendría que reformarse sólo en ese punto para que lo permita, en quince días.

Además, los municipios y organizaciones territoriales debieran convocar a Cabildos para llevar a cabo una Consulta Ciudadana sobre los acuerdos que se logren en aquella Mesa. La Consulta debiera tener un plazo no mayor de dos semanas, proporcionando el Gobierno todos los recursos que sea necesario para que los Cabildos puedan funcionar eficazmente. Posteriormente, serán tales Cabildos y la Mesa los que, en sesión permanente, harán un seguimiento periódico del cumplimiento de los acuerdos de la Mesa y dar cuenta a la ciudadanía.

¿Demasiado revolucionario? Sólo miren lo que sigue, y seguirá, pasando en las calles de las ciudades de Chile hasta que no se logren los profundos cambios que reclama la ciudadanía.