La revolución de las relaciones

Las históricas protestas de estas semanas en Chile han remecido su convivencia y sistema político y han sido fundamentales para abrir una puerta hacia un futuro distinto. Está claro que esta potencia transformadora no habría venido de ningún gobierno ni del Congreso por sí solos. Por dolorosa que sea esta crisis, llena de esperanza pensar en lo que podamos construir juntos a partir de ella.

Sin embargo, como muchos han señalado, nada ha cambiado todavía. El justificado clamor por más dignidad y justicia ameritan un nuevo trato que pasa en buena parte, a juicio de muchos y me incluyo, por generar una nueva constitución política a través de una asamblea constituyente.

Necesitamos una carta fundamental que defina una nueva relación entre las personas, el Estado y las empresas poderosas de manera de evitar los abusos o, al menos, defender a los más vulnerables cuando aquellos han ocurrido. Es urgente fortalecer áreas deficitarias en la Constitución como los derechos humanos, el reconocimiento a los pueblos originarios, el cuidado del medioambiente y entregar mayor poder político a los ciudadanos.

La presión social seguirá siendo esencial para mantener este impulso político en el tiempo, sobre todo por la previsible resistencia de las elites económicas y políticas. Pero para concretar las reformas se requerirá, además, manejarnos en tiempos más largos y mostrar otra disposición y habilidades.

No bastará con lograr imponer las ideas. Se debe dotar a este ejercicio y su resultado de la legitimidad democrática necesaria. Al final debemos sentir que la nueva Constitución es un punto de encuentro y no de división, un reflejo de los valores de la actual sociedad chilena, la expresión de un proyecto común. Si se transforma en un instrumento de dominación impuesta por una elite, como lo es la de 1980, la resistencia e incomodidad de sectores vencidos brotará de alguna forma.

Por eso quizás lo más importante es hacer que la discusión constituyente sea inclusiva. Frente a un pueblo mayoritariamente desempoderado, brindarles a todos un lugar en la mesa es altamente reivindicatorio, legitimante y contribuirá a aplacar la crisis política.

En la mesa constituyente necesitamos menos expertos (necesarios para algunas cosas, no para todo) y más personas comunes y corrientes. Menos elite, más personas estructuralmente excluidas del poder. No habrá cambio real sin deliberación incluyente. De lo contrario, se replicarán las mismas lógicas dominantes y de lo que se trata es de emparejar la cancha entre los hoy privilegiados y los desaventajados. Como dice Roberto Gargarella, debemos generar una conversación entre iguales.

Además, recordemos que los abusos que muchos sufren a diario no se limitan a los perpetrados por grandes empresas. También están en el espacio doméstico, laboral y político los que se cometen contra las mujeres, están en los históricos despojos contra los pueblos indígenas, en las comunidades que soportan niveles de contaminación desproporcionados respecto del resto solo por ser más pobres o tener menos redes políticas.  Muchos de estos problemas han sido desatendidos incluso por sectores que se consideran progresistas.

Por eso los pueblos originarios deben tener un espacio garantizado en el proceso constituyente, la paridad de género es una obligación, la comunidad LGTBI, los habitantes de las zonas de sacrificio y tantos otros que se sienten sistemáticamente perjudicados e invisibilizados deben ser considerados. Incluso deberíamos crear un espacio para la participación de los niños, niñas y adolescentes.

Junto con ello, debemos hacer el mayor esfuerzo por escuchar. Todos tenemos experiencias de vida distintas. Hay quienes llevan una vida soportando abusos, discriminaciones, pobreza e inseguridad. Debemos entender la rabia en vez de aplastarla con represión. También hay personas vulnerables que no levantan tan fuerte su voz pero cuya realidad es igualmente atendible. Hay que darles un lugar en la mesa. Por cierto, están los que piensan diametralmente distinto y merecen respeto y recoger sus aportes.

La inclusión conllevará mayor diversidad de opiniones y, en consecuencia, avivará los debates y será mucho más difícil de manejar que una comisión de expertos donde todos vienen de experiencias parecidas. Pero será la única manera de dotar de legitimidad y representatividad al resultado final. Por eso, saber conversar en la mesa con un disposición democrática, en condiciones de igualdad y respeto es de suma importancia.

Tenemos que ponernos en los zapatos de otras personas, saber deliberar colectivamente, cerrar acuerdos y respetarlos. La empatía no es un mero ejercicio intelectual sino también emocional y profundamente humano, y es central en la construcción de una sana convivencia entre iguales. Los cientos de cabildos que se han organizado en los barrios en estos días han sido llevados con gran madurez y respeto cívicos y son un excelente apronte para lo que se viene.

La agenda social y económica es y seguirá siendo fundamental para brindar mayor dignidad y bienestar a los más desaventajados. Mejoras urgentes en las condiciones de salud, seguridad social, educación, vivienda, entre tantos, deben estar en el centro de las políticas de todo gobierno. Pero eso no reemplaza hoy a la necesaria creación de una nueva Constitución.

La transformación no está en el estallido social, sino en lograr un cambio político profundo y duradero. Si hay algo revolucionario que puede salir de este proceso es la evolución hacia relaciones basadas en el respeto desde el Estado y las grandes empresas las personas, como también hacia el medioambiente y, no olvidemos, entre nosotros mismos.