Protocolos incumplidos y excesiva violencia: Los hechos que tienen en las cuerdas al general Rozas

Después de un mes de movilizaciones, en las que se han registrado más de dos mil personas heridas, en gran parte por armas de fuego disparadas por funcionarios policiales, este martes Carabineros informó sobre la decisión de suspender el uso de perdigones. Esto ha generado duras críticas contra el general director Mario Rozas por tomar una decisión tardía, sabiendo del daño que se estaba provocando en la población movilizada.

Su justificación fue que el informe elaborado por el Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) sobre la composición de los proyectiles no coincidía con el que entregó el proveedor. En tanto, la respuesta del gobierno fue anunciar un estudio en una universidad “extranjera» e «independiente”, pese a que hace algunos días la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Chile estableció que estos proyectiles se componen de un 20% de caucho y el 80 por ciento de otros materiales (sílice, sulfato de bario y plomo). Una versión completamente distinta a lo dicho por Carabineros que insistía en el material de goma.

Este episodio ha profundizado las críticas hacía Rozas e, incluso, para el mundo social y para algunos parlamentarios, este episodio consolida su inminente salida. Esto, considerando que el mandamás de la institución ha salido a justificar en reiteradas ocasiones el actuar de los efectivos policiales, señalando que se han ajustado a los protocolos para evitar vulneraciones a los derechos humanos, lo que contrasta con la amplia evidencia —en videos, fotos y testimonios recogidos en denuncias— que muestra el uso desproporcionado de la fuerza.

Más aun, la renuncia de Rozas ya ha sido pedida por la plataforma Unidad Social hace semanas y es una demanda sentida en las calles. En particular, después del audio que se filtró el miércoles 13 de noviembre, donde se le escuchaba afirmando “que no daría de baja a ningún policía, aunque lo obligarán”.

“Eso demuestra un completo desacato ante la autoridad civil”, estima el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar. En su opinión, este episodio nuevamente “consolida la percepción de la ciudadanía de que Carabineros está descontrolado (…) Este informe demuestra las irregularidades que han avalado por todo este tiempo”.

Desde La Moneda le han dado total respaldo al actuar de Carabineros, sin hasta ahora dar ninguna señal de remover Rozas. De hecho, en las actas del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), que fueron publicadas la tarde de este martes por la Presidencia, se señala que el gobierno ha tomado “un conjunto de medidas correctivas, incluyendo la revisión periódica de los protocolos para el mantenimiento del orden público”, algo que, en la práctica, dista de lo que se observa en las calles con cientos de personas heridas.

Una profesional que presta ayuda médica en las manifestaciones y que prefirió reservar su identidad para evitar represalias de Carabineros, sostuvo a este medio que esta última situación ha sido reiterada, tanto para profesionales que han recibido perdigones, como para los pacientes, y que ha llevado a una verdadera crisis sanitaria. Esto se observó claramente el viernes pasado cuando personal del SAMU estaba atendiendo al fallecido joven Abel Acuña, pero por acción del carro lanzaguas, no pudieron reanimarlo a tiempo.

A esto se suma que algunos efectivos policiales llevaban nombres falsos en sus uniformes, algo que Contraloría investigará por constituir una eventual irregularidad, por faltar a la transparencia al no entregar su identidad. En tanto, las querellas que se han presentado por tortura y violencia sexual han ido en aumento en estas semanas. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) registra 273 denuncias por los primeros casos y 66 por estos últimos vejámenes. De acuerdo a las cifras entregadas por la agrupación de Abogadas Feministas (Abofem) el 95% de las denuncias por violencia política sexual llevaron desnudamiento forzado.

/ Agencia UNO

Parlamentarios piden su salida

Las respuestas de Rozas han sido calificadas de reprochables e insuficientes. Eso ha llevado a parlamentarios a pedir su salida. El diputado y ex vocero de gobierno de Michelle Bachelet, Marcelo Díaz, se enfoca en la controversia generada a partir de los informes sobre la composición de los perdigones, sosteniendo que no solo es algo que radica en el proveedor, sino que se debía validar el producto. “Es materia de responsabilidad penal, pero también política y del alto mando”, enfatiza.

Su par del Partido Comunista, Carmen Hertz —una de las impulsoras de la acusación constitucional contra Piñera—, cree que Rozas debe dejar el cargo dadas “las graves violaciones a derechos humanos, que se han traducido en miles de detenciones arbitrarias, lesiones graves a manifestantes, mutilaciones de ojos, torturas y abusos”.

La senadora de la DC, Yasna Provoste, también ha dicho que debe dar un paso al costado para que la institución “reconecte con las tareas que el Estado le entrega de resguardar el orden público”.

Desde el Frente Amplio, la presidenta de Convergencia Social, la diputada Gael Yeomans, señala que “no se puede cortar el hilo por lo más fino” y se debe asumir la responsabilidad de mando por la aplicación errática de los protocolos. Mientras que el diputado de esa misma colectividad, Diego Ibáñez, califica a Rozas de “un encubridor de la arbitrariedad policial”.

/AGENCIAUNO

La Constitución no permite acusar a Carabineros

La Constitución establece en su artículo n°52 que pueden ser acusados constitucionalmente desde el presidente hasta los altos mandos de las Fuerzas Armadas. No así, las autoridades de las Fuerzas de Orden y Seguridad, es decir, al general director de Carabineros y al director de la Policía de Investigaciones (PDI). Esto quiere decir que no existe un contrapeso político para garantizar que procedimientos policiales se apeguen a los Derechos Humanos.

Desde la semana pasada, un grupo de parlamentarios de oposición está impulsando un proyecto de reforma constitucional que permita acusar a Rozas. El diputado Raúl Soto (independiente ex DC) ve la necesidad en que exista la misma disposición de acusar a los funcionarios policiales que a los altos mandos militares.

Aunque en el Congreso duerme desde 2006 una iniciativa de similares características que fue impulsada por 10 parlamentarios de derecha. Entre ellos, el entonces diputado y hoy ministro de la Segpres, Felipe Ward.

Por ello, Soto dice que “no veo razón para que ahora el oficialismo se niegue a esta acusación, sobre todo en la condición en que estamos”.