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Sequía, contaminación sin solución y malas prácticas en la industria salmonera: las deudas ambientales de Chile en 2019

Por: Mongabay Latam/ Michelle Carrere / Publicado: 13.12.2019
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Este año, las comunas de Quintero y Puchuncaví, ubicadas en zona de sacrificio por sus altos índices de contaminación, debían obtener soluciones de descontaminación concretas. Sin embargo, las expectativas no se cumplieron.

*Esta información es republicada en el marco de una alianza con el medio internacional de noticia Mongabay Latam

2019 termina con expectativas no cumplidas respecto de lo que significaría para Chile organizar y acoger la cumbre climática más importante del mundo. La explosión social que aún sacude al país sudamericano impidió que la Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se llevara a cabo en Chile y el país perdió terreno, en alguna medida, para exponer su visión y la de Latinoamérica acerca del problema.

Este año, además, se esperaba que el gobierno atendiera deudas ambientales urgentes. Una de ellas era la implementación de un plan de descontaminación para las comunas de Quintero y Puchuncaví en la región de Valparaíso, medida exigida desde hace años por miles de personas, entre ellas las víctimas de intoxicación con gases tóxicos en el 2018. Aunque a inicios de este año comenzó a regir dicho plan, científicos y especialistas aseguran que este no ataca el problema de fondo. La segunda promesa había sido la modernización de la autoridad pesquera. Un compromiso que se cumplió y a partir del cual se espera pueda haber un mayor control de la pesca ilegal.

A este panorama ambiental se sumó una sequía sin precedentes que ha mostrado la cara más fea de una crisis hídrica que lleva 10 años golpeando al país. También las malas prácticas dentro de la industria salmonera que quedaron al descubierto tras el escándalo de Nova Austral, empresa que entregaba información adulterada a la autoridad fiscalizadora.

Este es el balance de los errores y aciertos ambientales de Chile en el 2019.

Lo triste: La COP 25 que no se realizó en Chile

Por primera vez en la historia una COP fue cancelada. “Esta ha sido una decisión muy difícil, que nos causa mucho dolor”, dijo el presidente Sebastián Piñera cuando anunció públicamente que no se celebraría en Chile.

Las organizaciones sociales ligadas a la protección del medioambiente, aunque conscientes de la imposibilidad de celebrar el evento en medio de la crisis social, lamentaron esta decisión.

Cada año, la conferencia elige como sede un continente distinto y 2019 era el turno de América Latina. Con el traslado de la conferencia a Madrid, “se perdió de manera simbólica esta posibilidad de representar las problemáticas y desafíos de Latinoamérica como tal y no tan solo de Chile”, asegura Gary González, economista de la Fundación Terram.

Para Ricardo Bosshard, director de WWF en Chile, la COP25 era la oportunidad que se esperaba para “presentar la visión del sur, de los países que quizás tienen menos responsabilidad en generar el cambio climático pero que son los que se ven más afectados por él”. La ministra chilena de Medioambiente, Carolina Schmidt, intentó compensar esta decepción señalando que si bien la sede es en Europa «la COP es de Latinoamérica y la presidencia se preocupará de mantener esa identidad […] relevando las dificultades y vulnerabilidades que tienen los países en desarrollo”.

Bosshard agrega que con el cambio de sede se perdió también el protagonismo que iba a tener la sociedad civil en un espacio tan importante como la «zona verde», un lugar de encuentro ciudadano y concienciación medioambiental. A partir de esa participación “esperábamos que tuviéramos esa voz presente”, dice Bosshard. Sin embargo, dicha presencia se hizo imposible tal cual se tenía pensado por los “muchos kilómetros y pesos de distancia”.

Katta Alonso, presidenta de la organización Mujeres de Zona de Sacrificio Quintero Puchuncaví —dos comunas declaradas devastadas ambientalmente por la alta concentración industrial—, explica que la COP “era una muy buena oportunidad de haber conversado el tema medioambiental que es gravísimo en el país, pero del que no todo el mundo está consciente”. Según la líder social, quienes habitan los territorios impactados ambientalmente “conocen la dimensión del problema porque lo viven todos los días, pero no pasa lo mismo en Santiago”. Poner la discusión en el centro del debate social a nivel nacional y con ello lograr que las problemáticas medioambientales ocupen un lugar más relevante en la agenda política, era la esperanza de Alonso y de todos los defensores ambientales del país.

Chile, sin embargo, no perdió ni la presidencia del encuentro ni la responsabilidad de lograr que un mayor número de países se comprometan a ser más ambiciosos en los planes de recorte de gases de efecto invernadero que presentarán en el 2020, las llamadas Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC).

Según advierte el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) los países deben reducir, para el 2030, un 45% de sus emisiones respecto del 2010 y asegurar neutralidad de co2 para el 2050. De no hacerlo, la temperatura global sobrepasará los 1,5°C respecto de los niveles preindustriales, lo que se materializará en un grave impacto para los ecosistemas y la vida de las personas.

Hasta antes del inicio de la COP 25, 58 países ya habían señalado su intención de trabajar en mejorar sus contribuciones. Ayer jueves, la ministra Schmidt anunció que otras 15 naciones se han comprometido también con presentar planes de acción climática mejorados por lo que ya van 73 países dispuestos a aumentar la ambición de sus NDC. Además, 14 regiones, 398 ciudades, 786 empresas y 16 inversores están trabajando para lograr emisiones netas de CO2 cero para 2050.

Aún así, y según ha reconocido el equipo de la presidencia, las negociaciones han tenido poco avance y hay países que están bloqueando las discusiones, sobre todo en lo que respecta los mercados de carbono y el mecanismo de pérdidas y daños que establece compensaciones a los países afectados por el cambio climático. Dos temas relevantes en los que se debe progresar para poder catalogar la conferencia de exitosa. El secretario general de la ONU, António Guterres, afirma que aún se está «a tiempo de hacer que la COP25 sea muy relevante» puesto que es costumbre que los progresos se logren en las horas finales.

Chile es uno de los países que más ha avanzado en términos de proponer una meta ambiciosa para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Sin embrago, la propuesta no ha estado exenta de críticas puesto que, según la bióloga Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram, la propuesta de Chile no alcanza la meta de los 1,5°C y se queda en los 2°C. Por otro lado, si bien el plan cumple con reducir las emisiones en un 45% para el 2030, éste precisa que el país seguirá produciendo más emisiones hasta el 2027 como año peak o pico, y que luego empezará a reducir progresivamente sus niveles hasta alcanzar la meta de carbono-neutral para el 2050. “Quedan grandes dudas de cómo se podrá lograr esa reducción en solo tres años”, señala González.

Para lograrlo, Bosshard señala que sería necesario que por lo menos se considere cerrar las centrales energéticas a carbón en 2030 y no en 2040 como propone el gobierno, adelantar también el año peak de emisiones (para no esperar hasta el 2027) y aumentar la superficie de restauración y manejo de bosque nativo a 500 mil hectáreas. “Adicionalmente, añade Bosshard, es importante que se desarrolle una estrategia a largo plazo para llegar a la meta del 2050 y que se implementen medidas concretas en el corto plazo. Entre ellas, los planes de adaptación deben tener financiamiento e implementación urgente frente a la crisis climática que ya se está viviendo en Chile”.

Lo incumplido: Quintero y Puchuncaví sigue contaminado

Luego de que el año pasado más de 700 habitantes —principalmente niños— de las comunas de Quintero y Puchuncaví sufrieran intoxicaciones tras inhalar gases tóxicos, el gobierno anunció que elaboraría un plan integral para descontaminar la zona que comparten miles de personas con empresas acusadas de malas prácticas ambientales. Dicho plan comenzó a regir, el primero de abril pasado, con la promesa de que en cinco años las comunas afectadas cumplirían con las normas de calidad de aire vigentes en el país y así dejarían de ser consideradas “áreas de sacrificio”.

Desde la ONG Defensoría Ambiental aseguran que ello no es suficiente puesto que las normas vigentes en Chile “superan ampliamente los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud” y porque solo algunos de los elementos que son emitidos al medio ambiente están normados.

De hecho, el plan solo contempla que las empresas reduzcan sus emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxido de nitrógeno (NOx). Sin embargo, el toxicólogo Andrei Tchernitchin, presidente del departamento de medio ambiente del Colegio Médico, asegura que “los gases que aparecieron durante la intoxicación de Quintero no están regulados en ningún plan para disminuirlos” y desde la Defensoría Ambiental agregan que el plan “no se hace cargo del arsénico ni de los metales pesados provenientes de la fundición de cobre y las termoeléctricas a carbón”.

Con todo, “queda claro que las poblaciones locales seguirán viviendo en un ambiente contaminado”, asegura la Defensoría.

La Corte Suprema falló, en mayo pasado, a favor de las víctimas de las intoxicaciones de 2018 y ordenó que las autoridades de los distintos niveles de gobierno adopten, en el plazo de un año, una serie de medidas para monitorear la salud de los afectados y detener definitivamente los episodios de contaminación en la zona.

Sin embargo, a semanas de terminar el año, los habitantes sostienen que ninguna de esas medidas se han aplicado y que incluso desde el fallo se han registrado alrededor de cinco nuevos eventos de intoxicación. El diputado Diego Ibáñez, miembro de las comisiones de salud y medioambiente de la Cámara de Diputados, confirmó que “no hay mayor claridad sobre las medidas concretas que abordan los puntos estructurales que para los movimientos ambientales son importantes de recalcar en el fallo de la Corte Suprema: hablamos de una nueva norma de calidad ambiental para suelo, aire y agua que regule contaminantes que no existen en la legislación chilena”.

Es por ello que en junio, desde las comisiones de medio ambiente y de salud de las cámara de diputados y senadores, parlamentarios crearon un frente para exigir el cumplimiento de las medidas dictadas por la Corte Suprema. Aunque el diputado Ibáñez confiesa que ese trabajo se ha visto interrumpido por el estallido social, asegura que no lo han abandonado. Hernán Ramírez, investigador asociado de Fundación Terram, precisa que de incumplirse el fallo, los pasos siguientes serán “recurrir con recursos a los tribunales por incumplimiento de las medidas dictadas por la Corte Suprema y paralelamente recurrir a instancias internacionales de Derechos Humanos”.

Mongabay Latam se puso en contacto con el Ministerio de Medioambiente para tener su versión, sin embargo, hasta el cierre de esta publicación no hubo respuesta alguna.

Lo difícil: sequía, un problema que se repite

Este año superó todos los registros históricos. René Garraud, científico experto en climatología del centro científico para el Clima y la Resiliencia (CR2), asegura que si bien han habido otros años en los que ha llovido tan poco como este, el 2019 “llega después de siete, ocho y hasta 10 años secos”, por lo que el efecto acumulativo ha agravado la situación.

La megasequía, como ha sido llamado este fenómeno prolongado de escasez hídrica, es “probablemente el principal desastre socionatural que afecta de manera transversal a Chile continental durante este siglo”, precisa un informe del ministerio de agricultura publicado en noviembre pasado.

Actualmente cuatro regiones del país se encuentran en emergencia agrícola y ganadera por escasez hídrica y dos en especial, Valparaíso y Coquimbo, fueron declaradas incluso zonas de catástrofe. Desde el ministerio de agricultura informaron a Mongabay Latam que un millón 500 mil animales han muerto en las regiones afectadas producto de la sequía.

El problema se ha agudizado, además, con los efectos de un cambio climático que ha provocado una disminución de las lluvias y la sobredemanda de agua para abastecer la agroindustria. Las zonas afectadas por la sequía son también regiones agrícolas. De hecho, Valparaíso es la región del país con la mayor cantidad de hectáreas sembradas con paltos (aguacates): 19 134 hectáreas, según el catastro frutícola de 2017 del Ministerio de Agricultura.

Los cultivos de palta consumen entre 700 y 1200 litros de agua por kilo producido, apunta Ariel Muñoz, científico que ha participado en las mediciones realizadas por el Instituto de Geografía de la Universidad Católica de Valparaíso y del CR2. “Eso, multiplicado por el número de árboles que hay y la cantidad de hectáreas que están plantadas, estamos hablando de cifras enormes de consumo de agua”, precisa, sobre todo en zonas que presentan una alta variabilidad, es decir, donde hay años que pueden ser lluviosos y otros, como ha ocurrido en la última década, que son extremadamente secos, explica Garraud.

Para combatir el problema, el ministerio señala que se le ha entregado ayuda a más de 20 mil agricultores con recursos que llegan a los 2 mil 300 millones de dólares. Al mismo tiempo, asegura que el plan de acción se ha centrado en “tecnificar” el riego en el sector agrícola con una inversión de al menos 5 mil millones de dólares y que el plan de adaptación a la sequía mantiene esa ruta. “El Gobierno anunció […] un incremento del orden de un 48% en el presupuesto de este año de la Comisión Nacional de Riego, pasando de los $67 000 millones (86 millones de dólares) a más de $ 100 000 millones (128 millones de dólares)”, aseguró.

Adaptarse a la sequía también implica, entre otras cosas, “plantar lo que es adecuado para cada lugar. Hay lugares que son muy secos como para que estén siendo destinados a cultivos con alta demanda hídrica”, asegura Muñoz. Pero el problema es que en Chile no existe un ordenamiento territorial que permita un manejo adecuado de las cuencas, señala el científico. “Son políticas que jamás se han implementado en el país, pero que se requieren con urgencia”. Desde el Ministerio de Agricultura, sin embargo, aseguran que por el momento no se tiene considerado hacer un ordenamiento de ese tipo.

Además, el experto agrega que “antes de repartir el agua, lo primero que hay que hacer es precisar el balance hídrico, es decir, saber cuánta agua hay”. Pero el último catastro de agua data del año 1987, aunque actualmente la Dirección General de Aguas está realizando un estudio para actualizar los datos de algunas cuencas.

El Ministerio de Agricultura reconoce en un informe de noviembre que el problema de la sequía “no ha sido abordado convenientemente a través de políticas de mediano plazo que superen la condición de marginalidad de campesinos y habitantes rurales involucrados”. En opinión de González, de fundación Terram, no hay indicios de que eso vaya a cambiar en el corto plazo.

Lo feo: malas prácticas de la salmonicultura al descubierto

En agosto la industria salmonera sufrió un importante revés luego de que la empresa de capitales noruegos, Nova Austral, cuyos centros de cultivo se encuentran al interior del Parque Nacional Alberto de Angostini en la zona austral del país, fuera descubierta entregando información falsa al Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca), la autoridad fiscalizadora. La empresa había construido una reputación de sustentabilidad al producir salmones libres de antibióticos. Según ella, sus peces no se enfermaban gracias a la utilización de tecnología de punta, sin embargo, eso no era cierto y la mayoría de sus centros de cultivo presentaban mortalidades superiores al 15%, porcentaje que cuando es sobrepasado acarrea sanciones. Para evitarse las multas, la empresa llevaba una doble contabilidad de sus mortalidades de salmones y reportaba a Sernapesca cantidades menores a las reales.

El escándalo provocó la renuncia del gerente general, Nicos Nicolaides, y desencadenó tres demandas por parte de Sernapesca, una de ellas por “adulteración del fondo marino”.

En efecto, la historia no acabó con el engaño en las cifras entregadas, sino que el Sernapesca comprobó que la empresa alteró su espacio de trabajo para obtener ilegalmente los permisos que le permitieran operar en un lugar que no cumplía con las condiciones biológicas. Para lograrlo, Nova Austral sepultó con piedras el fondo marino que se encontraba en condiciones anaeróbicas —con bajos niveles de oxígeno— para revertir esos índices y seguir cultivando salmones. En agosto, la Superintendencia de Medioambiente, el servicio público encargado de dar seguimiento y fiscalizar los permisos ambientales, abrió cuatro procesos sancionatorios en contra de la empresa.

Nova Austral llevaba tiempo en el ojo de la tormenta. Tras sus intenciones de expandirse a las prístinas agua de la Reserva de la Biósfera Cabo de Hornos, los habitantes pusieron férrea resistencia a principios de año organizando manifestaciones. No quieren que en ese lugar ocurra lo mismo que en el Parque Nacional Alberto de Agostini.

En una columna de opinión, publicada en el sitio especializado Aqua, la directora del Sernapesca, Alicia Gallardo, señaló que el Servicio se encuentra trabajando en el mejoramiento del sistema de fiscalización. “Estamos incorporando nuevas tecnologías de monitoreo de enfermedades y del ambiente para complementar la fiscalización presencial y remota, mediante el uso de ROV’s en el monitoreo de fondo; imágenes satelitales (ex-situ) para la posición de módulos versus la concesión otorgada; monitoreo satelital en la acuicultura; drones; muestreos de fitoplancton en naves transportadoras de peces; sistemas de información geográfico con visualizador de centros y cámaras de monitoreo remoto”.

Liesbeth van der Meer, Directora Ejecutiva de Oceana Chile, resalta con incomodidad cómo las empresas salmoneras se han negado en los últimos siete años a proporcionar información sobre la cantidad de antibióticos que utilizan en su producción.  “Algunas de ellas, como Mowi y Ventisqueros, son parte de la Global Salmon Initiative donde dicen compartir valores de transparencia, integridad y sustentabilidad pero, por otro lado, realizan esfuerzos colosales para impedir la publicidad de la información en Chile”. Según Van der Meer, “dichos esfuerzos por impedir o dilatar la entrega de la información, dan para asumir que los datos ocultan escenarios nefastos”, por lo que “creemos que es esencial que se apruebe la ley que tiene dentro de sus artículos la obligación de cada salmonera de publicar de manera mensual el uso de antibióticos junto con la biomasa producida”.

CHILE – MARCH 14, 2014: Staff members of AquaChile, the largest exporter of salmon in Chile, pitches fish food to salmon stocks that have been in their cages for two weeks, near Puerto Montt in southern Chile. PHOTO: Meridith Kohut for The World Wildlife Fund

A pesar de que Chile es el segundo productor mundial de salmones, el país no cuenta con investigaciones científicas que analicen el impacto de la industria a escala ecosistémica. Cristián Vargas, biólogo marino y director del Centro para el Estudio de Forzantes Múltiples en Sistemas Socio-Ecológicos Marinos, señala que si bien existe bastante evidencia científica de lo que ocurre bajo las jaulas donde se crían los salmones, “no hay análisis de lo que pasa a escala de un ambiente completo, por ejemplo, un fiordo”. Esa información, en opinión del científico, sería de suma relevancia sobre todo en sistemas que tienen una gran carga productiva, es decir, que tiene muchos centros de cultivo.

Lo bueno: más control de la pesca ilegal

Tras tres años de tramitación, este año se creó la ley que moderniza y fortalece la función del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) en el control y combate de la pesca ilegal.

Esta nueva norma ha permitido establecer los parámetros con que se calculan las multas y establecer también las infracciones específicas dentro de toda la cadena productiva: el procesamiento, la elaboración, el almacenamiento y la comercialización de pesca ilegal. Ello, con el principio de que es necesario enfocarse en toda la cadena criminal y no solo en el eslabón más débil que, por lo general, es el pescador artesanal.

Además, la nueva ley permite sancionar con mayor severidad la pesca ilegal que afecta a recursos marinos sobreexplotados o colapsados.

También se ha trabajado en diseñar sanciones más drásticas para el delito de extracción ilegal de recursos en áreas de manejo: lugares donde organizaciones de pescadores artesanales extraen recursos bentónicos mediante un plan de manejo basado en la conservación. Con la nueva ley, “esa acción será castigada enérgicamente”, asegura el Sernapesca en un comunicado.

Por otra parte, el Sernapesca y la ONG Global Fishing Watch firmaron un convenio para que la información registrada por el sistema de monitoreo de embarcaciones (VMS) sea publicada en la plataforma web de la organización internacional. De esa manera, los datos de posicionamiento que hasta ahora eran privados, quedaron abiertos para que cualquier persona desde cualquier parte del mundo pueda acceder a ellos. “Será una gran herramienta para evaluar el grado de cumplimiento dentro de las áreas marinas protegidas, algo que podrá ser monitoreado públicamente, incluidas las comunidades que habitan en esas áreas”, afirmó Liesbeth van der Meer, Directora Ejecutiva de Oceana Chile.

Por último,  todas las naves industriales y artesanales mayores a 15 metros de eslora deberán instalar de manera obligatoria cámaras de vigilancia a bordo. El objetivo es que esas cámaras puedan suplir la labor de un observador y la totalidad de la flota pueda ser debidamente fiscalizada. La noticia que fue anunciada a fines del año pasado debía concretarse este año, sin embargo, hasta la fecha aún no se pone en marcha este mecanismo que permitirá saber lo que efectivamente es capturado por las embarcaciones y queda pendiente como uno de los temas impostergables del 2020.

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