Desalojo de toma en Cerro Navia: Acta revela que Serviu no respetó acuerdo con pobladores

La mañana de este viernes 20 de diciembre estuvo marcada por las denuncias de violencia extrema que tuvo Carabineros con las familias del campamento «Macarena Valdés», en el desalojo de la toma de la comuna de Cerro Navia, que comenzó al rededor de las 5 de la madrugada.

Esta toma de terreno comenzó el 13 de diciembre y de acuerdo al seremi de Vivienda, Manuel José Errázuriz, en declaraciones a La Tercera, «el día domingo -15 de diciembre- ya ingresó personal del Serviu a conversar con los dirigentes, a establecer contacto, a explicarles que no se podían tomar el terreno, a invitarlos a dialogar en el Serviu siempre que depusieran la toma».

También aseguró que solicitaron una nómina a los vecinos para detallar quiénes podrían ser beneficiarios de subsidios, pero que «esa nómina no llegó. Habíamos acordado entre las partes un plazo que se cumplió ayer a las 12 y si no se cumplía el plazo tenemos procedimientos legales que tenemos que respetar, y eso es dar aviso a la Intendencia quien a su vez da aviso a Carabineros para proceder al desalojo».

El Desconcierto tuvo acceso al acta de reunión que tuvieron los vecinos organizados de la toma con el Serviu, el día martes 17 de diciembre, a las 9 de la mañana. En los acuerdos logrados, en el documento se mencionó que «la lista será entregada el 23 de diciembre con 200 familias y si se baja -la toma- con la revisión, no se repone».

Incluso, en el texto también agregaron que «el viernes -20 de diciembre- a las 19:00 horas se irá a ‘terreno’ a evaluar terreno (zic) junto a arquitecto que los ha ha asesorado». 

Por si fuera poco, en el acta establecieron que «el lunes -23 de diciembre-, junto a la entrega de la nómina, se hará reunión en Ejecutivos de Proyectos (Arturo Prat 46, subterráneo) a las 10:30 horas».

Sobre el final del escrito, además acordaron que «hay disponibilidad de atender casos críticos, mientras se trabaja en la solución definitiva del resto».

“Me sacaron arrastrando”

Viviana Caripan es una de las pobladoras que estuvo la madrugada de este viernes en la toma que fue violentamente desalojada por Fuerzas Especiales. Cuenta que las patrullas irrumpieron por el sector y algunos funcionarios policiales comenzaron a quemar parte de los materiales de construcción de las casas y los objetos personales de las familias. “Fue terrible; me pegaron caleta me sacaron de la carpa arrastrando”, relató la mujer a este medio. 

Pese a que Carabineros ha dicho que no se registraron lesionados, esta versión dista de la que han dado los ocupantes del lugar, que alcanzan las 200 familias. De hecho, indicaron que varias personas resultaron heridas por perdigones y por bombas lacrimógenas recibidas en su cuerpo que han sido llevadas a centros asistenciales. Además, habría un niño desaparecido, de acuerdo a la información que aportó Viviana. 

En este terreno está contemplado que se contruya el Parque Mapocho Río, que tendría una extensión de cerca de nueve kilómetros de áreas verdes. Pero los pobladores venían en conversaciones hace un tiempo con el Serviu y esta semana fue decisiva. Si bien existía una orden de desalojo, se había llegado a un acuerdo de respetar el tiempo mientras no se llegara a acuerdo con la comunidad.“Los pobladores quieren seguir resistiendo hasta el último”, dijo Viviana. 

Cynthia Cortez, pobladora del lugar, señaló que sabían sobre la orden de desalojo, pero confiaron en que se iba a respetar la reunión q tendrían este viernes a las 11 de la mañana. 

Otra vecina consultada por El Desconcierto también sostuvo que el Serviu “ha dado declaraciones totalmente falsas”. “Dicen que tuvieron ocho reuniones y eso no fue así. Fueron dos reuniones. Que ellos como que no habían querido como juntar los papeles, eso tampoco es así. Al contrario, corrieron, trataron de conseguir los papeles lo más pronto posible para hacer el desalojo. Ellos estaban en negociaciones. Por eso que también fue una estrategia para dilatar, no sé, para que ellos bajaran si se quiere la guardia. Ahí hay un tema de cómo actuó Serviu. Que ellos pidieron el desalojo a Intendencia. Como es público, ellos son los que tienen que hacerlo.  Es más fácil en ese sentido que fuera un terreno particular, eso yo estaba hablando recién con un abogado”, expresó. 

«El discurso hacia los miembros de la toma era que iba a existir una solución. Ellos ni siquiera estaban como porfiando de quedarse allí. Porque en la nota de prensa que sacaron explican que ese lugar tiene otro uso y eso se sabe. No era la porfía de ellos de quedarse allí. Esa es una cuestión importante a explicar», agreagó la misma vecina. 

Un integrante del campamento Violeta Parra, donde viven cerca de 500 familias, también ubicado en Cerro Navia, explicó que es necesario evaluar la legalidad del desalojo en Macarena Valdés. “Estaban fuera de plazo, habían pasado 48 horas después de la orden, pero los sacaron igual. Habría que ver a qué se debe, qué lo justificó”, indicó Juan, enfatizando que el Serviu no cumplió con lo comprometido. 

La respuesta que dio el seremi de Vivienda, Manuel José Errázuriz, es que si hubiesen entregado la nónima se podrían haber revisado los casos particulares porque “entendemos que algunos casos de las personas que están en toma son beneficiarios de subsidios en otras comunas”. Dijo que era probable que no se hubiese dado la orden de desalojo de tener este papel. 

INDH cuestiona procedimiento policial

Beatriz Contreras, jefa Metropolitana del INDH señaló que “estas acciones incumplen los estándares internacionales en materia de desalojos, que ponen el foco en los perjuicios físicos y sicológicos que generan dichos procedimientos, especialmente tomando en consideración que hay personas pertenecientes a grupos de especial protección, (niños, niñas, adolescentes y migrantes), respecto de quienes la obligación del Estado es reforzada.

La jefa del INDH en la Región Metropolitana explicó que “los procesos de desalojo exigen a los organismos del Estado responsables, medidas que deben tomarse antes, durante y después. Con antelación al procedimiento se les debe dar un aviso a los pobladores y buscar su reasentamiento”.

“Recibimos denuncias de un uso desproporcionado de la fuerza por parte de Carabineros dado que habrían sido utilizados medios disuasivos en contra de grupos familiares integrados por niños, adolescentes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas migrantes”, complementó la jefa metropolitana del INDH.

Beatriz Contreras agregó que a los municipios también les cabe responsabilidad sobre los asentamientos informales que se instalen en sus territorios. Por ejemplo les correspondería “realizar un catastro de las familias para conocer en forma disgregada su composición, de manera de identificar a los grupos de especial protección respecto de quienes el Estado tiene una responsabilidad mayor, para disponer medidas de apoyo”.

Personal del INDH constató que al menos en la Posta 3 del Hospital San Juan de Dios, ingresó un poblador con una lesión testicular, quien, según el reporte del centro asistencial, se encuentra en estado grave.

A este caso se suma el de otro hombre, derivado a la Posta Central por una herida en la cabeza, y el de un adulto mayor atendido en un consultorio de Cerro Navia, donde se le suturaron 6 puntos por una herida también en la cabeza.