Compin | Fotografía de Agencia Uno
En la presentación enviada a Contraloría se cita el caso de una funcionaria de 54 años, que fue atendida el día 14 de marzo, confirmando diagnóstico de coronavirus positivo. «Se le ordenó reposo en su casa y fue dada de alta el día 30 de marzo. Esta funcionaria antes de presentar síntomas tuvo contacto no solo con otros funcionarios, sino también con un número incalculable de usuarios», explican en el documento, donde acusan a las autoridades de no tomar las medidas correspondientes a tiempo.
Este martes, el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), José Pérez Debelli, junto a Marcia Lara Acuña, presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Seremi de Salud (Afuseremi), realizaron una presentación al Contralor General de la República en la que piden determinar responsabilidades administrativas en una serie de irregularidades con las que las jefaturas y autoridades de la Secretaría Regional Ministerial de Salud y de la Corporación de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), habrían puesto «en riesgo la vida e integridad de los funcionarios y sus familias».
El período que solicitan investigar corresponde a los hechos acaecidos entre los días 3 al 23 de marzo, en el que acusan que no se tomaron «las medidas sanitarias necesarias en ambas instituciones frente a la propagación del virus COVID-19».
En este contexto, y luego de que los primeros casos confirmados de coronavirus se conocieran el día 14 de marzo, aseguran que la Afuseremi envió un correo a Jaime Mañalich el miércoles 18 del mismo mes, con copia a Rosa Oyarce – quien hasta ese momento ocupaba el cargo de seremi de Salud – y a Paula Labra, directora nacional de la Compin.
«En dicho correo se manifestaba nuestra profunda preocupación por la situación sanitaria y se proponía una serie de medidas a implementar en la Compin, con el fin de recepcionar y tramitar de forma eficaz y eficiente las recetas médicas de los usuarios y también la protección de la salud de los funcionarios de la Compin», señala la presentación a la Contraloría, agregando que la única autoridad que dio respuesta fue Paula Labra, quien mencionó medidas para proteger a los usuarios, sin mencionar a las y los empleados de la institución.
Luego, Lara envió otro correo directamente a las mismas autoridades el día viernes 20 de marzo, solicitando el cierre inmediato de las dependencias de la Seremi y de la Compin, el cual no tuvo respuesta de las autoridades aludidas, acusan en el documento presentado ante el ente fiscalizador.
Para manifestar la gravedad de la situación, en el informe se cita el caso de una funcionaria de 54 años, que fue atendida el día 14 de marzo de 2020, confirmando diagnóstico de coronavirus positivo. «Se le ordenó reposo en su casa y fue dada de alta el día 30 de marzo de 2020. Esta funcionaria antes de presentar síntomas tuvo contacto no solo con otros funcionarios, sino también con un número incalculable de usuarios», ejemplifican.
Esto, para los dirigentes, constituye una «vulneración explícita al derecho a la vida» como también al derecho a la salud y su debida protección por parte de las autoridades.
«Se sabía de el alto contagio que genera este virus y pese a ello, se tomaron las medidas a destiempo, sin la debida diligencia», concluyen.
Por su parte, ayer la dirigenta de la Afuseremi se refirió a esto y también a la desvinculación de la seremi de Salud Rosa Oyarce, la cual tilda de «impresentable», asegurando que «si se tratara de un hombre, esto no habría sucedido».
