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A través de las redes sociales, los trabajadores y trabajadoras de Empresas Hites se contactaron con su sindicato para denunciar amedrentamientos y hostigamiento por parte de sus superiores, para que firmaran los pactos de suspensión de su contrato. Esta realidad contrasta mucho con lo que ocurría a fines de marzo, cuando la compañía aseguraba a sus trabajadores que, mientras durara la emergencia sanitaria, recibirían su sueldo base y gratificaciones sin tener que cesar su vínculo con la tienda.
La crisis sanitaria por el COVID-19 ha sacado a relucir la peor cara del sistema, en varios aspectos. Así lo han sentido los trabajadores y trabajadoras del retail en Chile, quienes han visto suspendidos sus contratos y remuneraciones – unilateralmente en la mayoría de los casos –, quedando obligados a subsistir durante la pandemia con sus ahorros del seguro de cesantía.
Estas grandes empresas comerciales se han amparado en la Ley de Protección al Empleo, promovida por el Gobierno de Sebastián Piñera, para cesar sus obligaciones y vínculos laborales, desentendiéndose de sus trabajadores durante la emergencia de salud, y adhiriendo a una iniciativa que, se supone, estaba pensada para ayudar a las pequeñas y medianas empresas del país.
Una de ellas es Empresas Hites, que en los últimos días ha amenazado y hostigado a sus funcionarios para que firmen un pacto de suspensión de su contrato por un plazo de dos a cuatro meses, como denuncian desde el Sindicato de la empresa a El Desconcierto.
Es más, el día 15 de abril la Gerencia de Recursos Humanos de Hites les comunicó oficialmente a sus empleados y empleadas que pasaría a suspender los contratos – sin hacer firmar ni preguntar nada a la contraparte, solo notificándole – cuando la compañía se viera en esta necesidad por causas “de fuerza mayor”.
Lo que las y los trabajadores de la casa comercial no se explican es cómo la empresa pasó, en tan solo un mes, de comunicarles que durante la emergencia sanitaria recibirían sus sueldos base y gratificaciones “indefinidamente”, a perseguirlos y amedrentarlos para que suspendan sus vínculos laborales, argumentando que la contingencia ha derivado en importantes pérdidas para la empresa.
Por último, las dirigentas sindicales que hablaron con El Desconcierto, también acusan que la empresa se habría identificado como una entidad financiera para otorgar salvoconducto a sus trabajadores, y continuar operando aún en las comunas bajo cuarentena, alegando que proporcionan un servicio básico. Las trabajadoras aseguran que, bajo este método, Hites ha continuado realizando ventas de sus productos – sobre todo en el área de electrónica -, y que en los recintos ubicados en Santiago Centro, por ejemplo, se han llegado a producir entre 15 y 20 millones de pesos diarios, ingresos que, si bien corresponden en parte al pago de cuotas, también provendrían de la venta de productos en los locales y comercio online.
Desde el domingo 22 de marzo hasta el miércoles 15 de abril, la empresa Hites envió, a sus más de 4.300 trabajadores y trabajadoras a lo largo de todo Chile, tres circulares diferentes para aclarar la política que tomaría la compañía con respecto a la emergencia sanitaria y el posible cierre de sus sucursales.
La primera de estas circulares fue distribuida el domingo 22 de marzo, luego de que el Gobierno decretara Estado de Catástrofe por la pandemia del coronavirus.
En este comunicado, la empresa establece que desde ese día, «y hasta nuevo aviso, las tiendas que estén autorizadas legalmente a funcionar, solo continuarán atendiendo público, en turnos y jornada reducida, para servir principalmente las necesidades financieras de nuestros clientes». Así, y en consecuencia, afirman que suspenderán la jornada laboral diaria de su personal, con excepción de funcionarios que deban cumplir con la atención de estos servicios de créditos, préstamos y demás.
Luego – y también «hasta nuevo aviso» – se aclara que «a quienes no asistan a trabajar se les pagará únicamente el sueldo base y la gratificación».
Así, la compañía mostraba una disposición – y solvencia monetaria – para asegurar estas remuneraciones a sus trabajadores y trabajadoras durante el tiempo que durara la crisis sanitaria.
Después de la promulgación de la Ley de Protección al Empleo, todo cambió.
El comunicado del día lunes 13 de abril, se parte estableciendo que en el contexto de la pandemia se han producido múltiples pérdidas para la compañía y que, por lo tanto, y en vista de los nuevos anuncios del Gobierno, se acogerían a la nueva legislación, cesando los vínculos laborales de sus trabajadores – por un período de dos a cuatro meses – de dos maneras: la suspensión de contrato por acto de autoridad (válido para personal de establecimientos en comunas en cuarentena) y el pacto de acuerdo de suspensión del contrato de trabajo (válido para personal de establecimientos en comunas sin cuarentena).
Si bien, se establece que en la primera modalidad los trabajadores solo serían notificados, ya que esto estaba mandatado por el Gobierno, también se da a entender que, en el segundo escenario, firmar el pacto sería un acto voluntario, al que podrían acogerse los trabajadores para obtener el seguro de cesantía durante los meses siguientes.
Sin embargo, la mayoría de las funcionarias y funcionarios se negaron a firmar este pacto, de acuerdo a lo que comenta Teresa Riquelme, presidenta del Sindicato de Trabajadores Comercializadora S.A. Hites – el más grande y antiguo de la firma -, quien afirma a El Desconcierto que, de sus más de 1.400 asociados, entre 800 y 1.000 no han firmado el acuerdo propuesto por la empresa, pues lo consideran una vulneración de sus derechos laborales.
Por último, en el escrito se menciona una «ayuda» que la empresa entregará a sus trabajadores para que puedan sobrellevar de mejor manera la crisis: una gift card de 50 mil pesos, que se entregará una única vez a fines de abril.
«Ese incentivo usurero ni siquiera reemplaza el vale de colación que nos quitaron», reclama enojada la dirigenta.
Amenazas y hostigamiento
Así también, desde el sindicato denuncian que muchos de sus afiliados fueron hostigados laboralmente y amenazados con no pago de sueldo y otros amedrentamientos, para que firmaran el pacto que suspende sus contratos, incluso a quienes aún se encontraban desempeñando sus funciones.
Las presiones para firmar el pacto llegan incluso a las personas que se encuentran realizando sus labores de manera habitual.»Esto sucede aún cuando hay tiendas que están teniendo ingresos, y a las que las y los trabajadores se encuentran actualmente concurriendo a trabajar, porque está abierto todo lo que es electrónica», especifica Riquelme, asegurando que los establecimientos en comunas en cuarentena, como los de Santiago Centro, Chillán, Temuco y Osorno, continúan abiertos a público, y venden mucho más que créditos.
Paralelamente a esta negativa del personal, y al acoso al que afirmaron estuvieron expuestos para obligarlos a firmar el pacto, aparece la tercera circular, fechada el 15 de abril.
En este comunicado, que posee un tono más amenazante, se asegura que es el poder legislativo el que decide qué empleados pueden acogerse a la norma y cuáles no, y que «sin perjuicio de los trabajadores que acepten el pacto (…) la empresa ha tomado la determinación de suspender contratos de trabajo para otros colaboradores, por verse la actividad paralizada total o parcialmente a razón de la pandemia, siendo este hecho un caso fortuito o de fuerza mayor».
Se señala, según el documento, que las partes «se eximirán de sus obligaciones contractuales», y que «se les notificará por carta certificada a aquellos trabajadores a quienes se les suspenda su contrato por las razones señaladas», sin que importe si el trabajador acepta o no esta medida.
Sin embargo, la presidenta del sindicato acusa que Hites ni siquiera esperó a que los trabajadores y trabajadoras que no firmaron fueran notificados, ya que como organización fueron a chequear el 9 de abril su estado en la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC), y se encontraron con una sorpresa: a pesar de que muchos no habían acordado la suspensión de su contrato, y que otros se encontraban realizando turnos éticos, en el registro ya se encontraban como cesados. La respuesta de la empresa, según los dirigentes, es que se trataría de un error de la AFC.
Ante esta vulneración de derechos, como lo interpreta la dirigenta, Riquelme informa que denunciaron lo sucedido a la Dirección del Trabajo, como también el hecho de que no se hayan cancelado las quincenas de abril adeudadas a los funcionarios y funcionarias, y aseguró además que se encuentran analizando otras acciones legales para tomar a futuro en relación al cese obligado de sus contratos.
El Desconcierto trató de contactarse en reiteradas ocasiones y a través de distintos medios con Empresas Hites para obtener su versión al respecto. No obstante, no hubo respuesta por parte de la compañía.
