Inmunidad de grupo: El peligro del apresuramiento

Se cumplen poco más de seis semanas del inicio de la epidemia de SARS-CoV-2 en Chile. El número de casos nuevos no ha disminuido y el momento del peak de la enfermedad es incierto. Sin embargo, el Gobierno ha mostrado un inusitado apuro por volver a la “normalidad”. Para justificar esta decisión se han dado algunas razones, una de las cuales es el concepto de inmunidad de grupo (o inmunidad de rebaño).

Este concepto corresponde a la protección que tiene ante una infección una determinada población, debido a la presencia de un elevado porcentaje de personas inmunes entre sus integrantes. A lo largo del tiempo, eso produce la desaparición del virus en la comunidad o que disminuya su presencia. El porcentaje de la población que debe estar protegida para que la inmunidad de grupo sea efectiva fluctúa entre un 60% a un 80 %.

Cuando inoculamos una vacuna en una población susceptible, esta no provoca una protección homogénea en las personas. Siempre existe un porcentaje de individuos, que por condiciones biológicas propias o por las características de la misma vacuna, no queda protegido. Esa aparente debilidad es superada porque la inmunidad que se desarrolla en las personas en las que la vacuna funciona, impide la multiplicación del virus, y, por lo tanto, bloquea la diseminación viral en la población.

De manera similar, cuando no hay vacuna disponible, se apuesta a que la población menos suceptible de enfermar gravemente se infecte y desarrolle defensas en contra de la infección, y de esta manera, el virus disminuye su presencia en la población y así su diseminación es menor.

La diferencia más importante entre la inmunidad de grupo en presencia de una vacuna y la inmunidad de grupo en ausencia de ella, es que en esta última situación y dependiendo de la contagiosidad y letalidad del virus, un porcentaje muy grande de la población debe contagiarse, y obviamente muchos individuos enfermarán gravemente y/o morirán. En este sentido, en la situación sin vacuna se “privilegia” a la población con más condiciones biológicas, sociales, culturales y económicas para enfrentar la infección y se desplaza la mayor letalidad hacia poblaciones que, ya sea por su falta de recursos o por otras condiciones, están más expuestas a enfermar y a morir.

Dejar a una sociedad librada solo a la capacidad que tenga de generar inmunidad efectiva ante un virus desconocido es claramente una visión aberrante en lo ético, en lo científico y en lo médico. Es retroceder históricamente hasta antes de que se implementaran las cuarentenas en el siglo XIV, antes de que el progreso médico aprendiera cuál es nuestra relación con los patógenos. Es lanzar a la población a una especie de darwinismo social.

Cuando la autoridad sanitaria explicita que su objetivo es generar inmunidad de grupo sin que exista aún una vacuna, lo que realmente dice, es que está apoyando parte de su estrategia en que la enfermedad siga su curso poblacional natural. Esta estrategia se vuelve incierta y aún más peligrosa cuando la respuesta inmune natural frente a ese virus es desconocida, como ocurre con el SARS-CoV-2. Tenemos todavía preguntas acuciantes para las que no hay respuesta médica en este momento: ¿Qué tipo de inmunidad desarrollamos? ¿Somos capaces de generar memoria inmunológica duradera? ¿Existen individuos que pueden reinfectarse? ¿Qué porcentaje de la población corresponde a este segmento? ¿Eurante cuánto tiempo contagiamos? ¿Cuántos días contagia una persona? ¿Qué pasa cuando combinamos este virus con otros como influenza o virus respiratorio sincicial?.

Por todo ello, es urgente aclarar y detallar a la población y a la comunidad académica la estrategia sanitaria que el Gobierno esta siguiendo. Como lo ha mostrado la experiencia de los países que han tenido más éxito en el control de la epidemia y lo indican los principios epidemiológicos, la estrategia correcta en esta etapa de la infección es privilegiar -y sostener económica y socialmente- medidas que prevengan el contagio, más que las iniciativas que lo faciliten.

Sin embargo, es necesario precisar que la inmunidad de grupo puede ser útil en una pandemia. Pero la clave para proponer que esta apoye una estrategia sanitaria chilena, sería enfocarse fundamentalmente en dos aspectos: asegurar que las medidas de aislamiento y distanciamiento físico sean eficaces para que esta inmunidad sea adquirida lentamente en la población, y generar políticas dirigidas específicamente a proteger a aquellas poblaciones cuyo riesgo de enfermar gravemente y morir sea mayor.

Para que las medidas de prevención del contagio sean eficaces, además del apoyo socioeconómico a la población, es fundamental  tener acceso a la información detallada sobre cómo el virus se está diseminado. Esto significa una amplia cobertura de pruebas para identificar la transmisión comunitaria y  hospitalaria de la infección. Y eso depende de la existencia de test diagnósticos gratuitos suficientes y de una red de atención primaria de salud robusta que cuente con suficientes recursos e insumos y  que permita que el testeo no esté sesgado por las desigualdades de la sociedad chilena. Más aún cuando se opta por la alternacia comunal de las cuarentenas, la transparencia, oportunidad y detalle de la información que se entrega a la comunidad es de vital importancia para lograr la adhesión de la población.

Por otro lado,  para generar políticas efectivas dirigidas a los grupos de mayor riesgo, en un país como Chile, es crucial que estas políticas aseguren la protección socioeconómica de estas poblaciones. Uno de los grupos de riesgo más importantes lo constituyen las personas mayores de 70 años, cuya gran mayoría recibe pensiones bajísimas, están muy endeudadas y muchas de ellas en mora; según la encuesta CASEN 2017 hay aproximadamente 460 mil personas mayores que viven solas, en su mayoria mujeres, que, si no se establecen medidas de apoyo adecuadas, tendrán grandes dificultades para poder mantener las medidas de aislamiento físico que se requieren y poder acudir oportunamente a sus centros de salud.

Si esto no se considera, el costo de una tal política lo pagarán quienes tienen menos recursos médicos, alimenticios y de vivienda, quienes viven de su trabajo y deben exponerse al virus al salir de sus casas a buscar su sustento. En Chile son las y los trabajadores quienes hoy son lanzados a adquirir inmunidad, mientras quienes tienen recursos permanecen en sus casas encerrados (aunque hayan levantado la cuarentena). En Chile lo pagarán los más viejos y los que tienen alguna enfermedad crónica, personas cuya muerte no debería sorprendernos, según nos machacan a diario cuando se informa el número de decesos. Es el retorno de una eugenesia que creíamos desaparecida hace décadas.

El desafío mayor de una estrategia que incorpore como uno de sus elementos el desarrollo de inmunidad de grupo sin vacuna, como pareciera ser que se implusa en Chile, es mantener el débil equilibrio observado en la capacidad del sistema de salud chileno de responder a la pandemia. Relajar las escasas medidas de prevención con las que estamos combatiendo el aumento de COVID-19, lejos de favorecer el desarrollo de inmunidad y proteger a la población, pone en riesgo las medidas de aislamiento y distanciamiento que han enlentecido el avance de la infección hasta el momento. Es crucial evitar medidas contradictorias y apresuradas, ya que no solo aumentan la incertidumbre en la población y debilitan las medidas que se han logrado tomar, sino que también, podría significar romper el débil balance observado.