¿Quién paga la crisis? Una posibilidad para redistribuir la riqueza

Aunque el Presidente dijo en Cadena Nacional que no hay que elegir entre resguardar la salud de la población y soportar la crisis económica, cuando su Gobierno se esmera en que la gente vuelva al trabajo, se menosprecian las consecuencias de un colapso en el sistema de salud. Incluso sin cuestionar dicha priorización solapada, vale la pena dilucidar qué se entiende por privilegiar el resguardo de lo económico. Más que proteger a los trabajadores, desempleados y pequeños emprendedores, con la apresurada vuelta a la normalidad se quiere evitar el aumento de la deuda pública y los problemas financieros de las empresas más grandes. Por lo tanto, resulta relevante distinguir los intereses en juego y ver cómo el Gobierno se posiciona frente al debate acerca de quién paga la crisis. Apenas se abra la posibilidad de una reforma tributaria para que lo hagan los más ricos, la derecha buscará que la paguen todos por igual y así no alterar la actual distribución de la riqueza.

Hay al menos tres discusiones relevantes en el contexto de la crisis económica. Primero, sobre las políticas de emergencia inmediatas. Ya mencionamos que el supuesto detrás de las acciones del Ejecutivo es reducir el impacto de la crisis económica al mínimo posible, aunque en esto -literalmente- se nos vaya la vida. Así, no está en sus planes detener más decididamente la actividad económica del país para enfrentar la pandemia y, de hecho, se intenta que la gente vuelva a trabajar cuanto antes. Es por esto que todas las políticas de ayuda que han propuesto se reducen a complementos momentáneos de ingreso, ante una inminente vuelta de la normalidad. Los montos y coberturas ofrecidas no persiguen el objetivo de que la gente pueda permanecer en sus casas para evitar el aumento de los contagios.

Un botón de muestra es el proyecto de Ingreso Familiar de Emergencia anunciado el 20 de abril, entre una serie de medidas propuestas a cuentagotas. Ninguna de ellas implica un gasto público considerable, en comparación a estrategias adoptadas por otros países, pues el gobierno se rehúsa a adquirir una mayor deuda fiscal pese a que Chile cuenta con las condiciones macroeconómicas necesarias para hacerlo a bajo costo. Sin embargo, hay que señalar que el Gobierno se ha ido moviendo de menos a más y hoy se dan cuenta que su primera propuesta de un bono de $50.000 fue completamente insuficiente, dada la situación de millones de desempleados y trabajadores informales que han perdido su fuente de sustento. Pero esa apertura del Gobierno no se habría producido sin el espíritu propositivo de la oposición. Aunque la centroizquierda no ha logrado que los bonos del oficialismo se conviertan en una Renta Básica de Emergencia, han logrado, unidos, tensionar el proyecto del Gobierno. Por último, cabe decir que lo más importante de esta discusión es el carácter de las medidas- si acaso son focalizadas o universales- junto con que el monto entregado sea suficiente para cumplir los objetivos de la política. A su vez, emerge la posibilidad de poner sobre la mesa las postergadas necesidades de los trabajadores informales y el reconocimiento del trabajo doméstico.

En segundo lugar, está la discusión sobre las ayudas estatales para empresas en riesgo. En relación con las empresas más pequeñas, hay bastante acuerdo entre todos los sectores políticos sobre la necesidad de aplazar algunas de sus obligaciones, facilitar el acceso a crédito y otras medidas que les entreguen liquidez frente a la crisis, aunque un punto problemático es la posibilidad de que esto termine siendo un negocio para los bancos, contando con el aval del Estado. Hechas las prevenciones, la pregunta que se abre es qué hacer ante la posible quiebra de las empresas más grandes. Aunque la crisis en Chile aún no alcanza la magnitud para que esta discusión tome lugar más allá de industrias particulares  (y en gran medida porque la Ley de protección al empleo significó un importante subsidio indirecto, con fondos de los trabajadores, a las empresas), el oficialismo buscará salvar empresas como LATAM, socializando sus pérdidas. Acá vale la pena preguntarse por las condiciones de un salvataje económico del Estado a privados.

En efecto, se abre una oportunidad para que, a cambio del rescate, las empresas deban cumplir un rol más allá de generar empleo y puedan darle mayor participación a sus trabajadores. Del mismo modo, una de las condiciones podría ser el cumplimiento de mínimos en relación a la igualdad de género y el cuidado del medio ambiente. La crisis y la necesidad de ayuda estatal abre la posibilidad de que el Estado tome una participación activa en áreas estratégicas, promoviendo una transformación al modelo de desarrollo. Para ello, se necesita construir una institucionalidad acorde a la magnitud del desafío. Finalmente, nótese que el hecho de que LATAM inaugure esta discusión es a lo menos incómodo para el Presidente Piñera.

En tercer lugar, la discusión más importante es sobre cómo pagar las medidas forzadas por la crisis. La respuesta del oficialismo hasta el momento ha sido clara: Es la gente común y corriente y no los grandes capitales quienes hoy han pagado la crisis. Así, son los trabajadores con sus fondos del Seguro de Cesantía quienes subsidian la reducción de los costos laborales de las empresas, o son los beneficiarios de otros programas estatales quienes financian el Ingreso Familiar de Emergencia, a través de reasignaciones. Sin embargo, si el escenario sanitario exigiera extremar las medidas de distanciamiento, el endeudamiento será inminente. Incluso imaginando un escenario intermedio, como el que tenemos hoy, es menester pensar en el elemento presupuestario y debatir sobre quienes cargarán con los costos de la crisis.

Considerando que la mayoría de las políticas de ayuda ya se han tramitado o se están tramitando con rapidez, y entendiendo el lugar de una oposición que se debate entre aprobar los proyectos del gobierno o quedarse con las manos vacías, la discusión tributaria es la más importante del futuro próximo. Acá, se juega la posibilidad de redistribuir la riqueza de unos pocos o, como reza el neoliberalismo más ortodoxo, cargar el déficit a todos por igual mediante impuestos al consumo. Centros de pensamiento derechistas como Horizontal, relacionado a Evópoli, plantean que frente a la deuda habría que subir el IVA, lo que es equivalente a pensar que la crisis la tienen que pagar mayormente los más pobres. La oposición, en cambio, debería plantear que la deuda adquirida sea pagada por quienes tienen más dinero. Lo anterior mediante una reforma tributaria con medidas progresivas como crear un impuesto al patrimonio, avanzar en la desintegración del sistema o aumentar el impuesto a la renta en los tramos superiores.

Es interesante notar que parte de esa discusión ya se puede esbozar con la Ley de Protección al empleo, el proyecto recién aprobado que echa mano a los fondos del Seguro de Cesantía para que las empresas no quiebren al tener que pagar los sueldos de sus trabajadores. Sin siquiera discutir el contenido de dicho proyecto, que permite que mega-empresas como Cencosud puedan retirar utilidades para sus dueños, en la discusión tributaria venidera se podría plantear la restitución de ese dinero perdido por los trabajadores, con los impuestos de los más ricos.

Cuando el Gobierno plantea el Retorno Seguro o la Nueva Normalidad, mientras desoye al Consejo Asesor en materias sanitarias, está mostrando con los hechos sus prioridades políticas. El asunto estriba en que cuando eligen arriesgar vidas humanas con tal de mermar los efectos de la crisis económica, no parecieran estar pensando en proteger económicamente a los trabajadores, sino más bien en evitar una crisis que por su envergadura los obligue a una discusión más profunda respecto a la distribución de la riqueza. Y es que llegada dicha discusión podría volver a emerger su peor pesadilla: el Chile que Despertó.