Trabajadores vs. empresas: una focalización falsa y regresiva

Dos días tardó en producirse la primera fractura entre los firmantes del «Acuerdo Nacional» para el Plan de Emergencia, suscrito entre el gobierno y algunos partidos de oposición. A minutos de la ceremonia de firma del mensaje presidencial que ingresó a tramitación el llamado “Ingreso Familiar de Emergencia 2.0”, el senador Carlos Montes acusó que el Informe Financiero del proyecto de ley correspondía a la propuesta inicial del gobierno, desconociendo la ampliación de cobertura acordada. Finalmente, sin mayores cambios, la ley fue promulgada y aprobada en el Congreso, con votaciones en que parlamentarios de partidos firmantes del acuerdo rechazaron y se abstuvieron, mientras partidos que lo rechazaron o no concurrieron a él, lo aprobaron de forma entusiasta.

Más allá del análisis del rol y del errático comportamiento de nuestras instituciones democráticas y de sus integrantes, parece necesario poner el foco en el elemento central de esta breve e inocua disputa sobre el IFE 2.0 y sus efectos reales ante la crítica situación económica que viven millones de trabajadores/as y sus familias: la validación de políticas de focalización, más aún, en un contexto de crisis, cuyos efectos exceden con creces a los «focos» puestos en el paquete de medidas fiscales que son parte del acuerdo.

La discusión respecto de las limitaciones de la focalización de políticas sociales no es nueva en nuestro país. Los argumentos que legitimaron su implementación en las décadas de 1990 y 2000, son los mismos que se repiten hoy: los recursos del país son limitados; resulta regresivo disponer de recursos públicos para favorecer a segmentos «privilegiados»; la eficiencia del gasto público sólo resultaría compatible con su inversión dirigida a segmentos reducidos de la población. Desde la segunda mitad de la pasada década y, por cierto, con las demandas expresadas por el Estallido Social que convulsionó a nuestro país desde octubre del año pasado, se han cuestionado estas premisas y abierto caminos a exigencias que superan la lógica de focalización, imponiendo en la agenda la incorporación de Derechos de Cobertura Universal como necesidad para el desarrollo del país y, particularmente, para superar la escandalosa inequidad que sigue siendo la marca central del modelo de desarrollo neoliberal chileno.

Pero basta con revisar someramente las medidas ya implementadas como respuesta a la Crisis Sanitaria del COVID-19, así como aquellas que son parte del llamado «Acuerdo Nacional», para evidenciar que la focalización sólo aplica respecto de las políticas dirigidas a los/as trabajadores/as y sus familias, mientras aquellas que se dirigen a las empresas se amplían, «Acuerdo Nacional» de por medio, a adquirir carácter universal. Dicho de otra manera, el criterio de focalización se implementa bajo la tradicional premisa de la «Ley del Embudo», el lado estrecho para unos, y el lado ancho para otros.

La Encuesta CASEN 2017 mostró la dura persistencia de las desigualdades en nuestro país, como muestra el gráfico de Distribución del Ingreso entre hogares según decil, con un decil I que sólo alcanza a percibir el 2% de los ingresos, mientras el decil X acumula un 34% de los mismos, a su vez con una profunda inequidad interna, tal como lo han demostrado los análisis llevados al nivel de percentil. Así, la brecha entre la media de ingresos entre el decil I y X alcanza la grosera cifra de 50 veces.

Las medidas de emergencia se han focalizado, con evidentes falencias, en el 40% de menores ingresos de la población, o usando el eufemismo comunicacional creado por el gobierno, en el «70% de las familias vulnerables«. Esto implica una focalización diseñada para cubrir a un segmento, los 4 deciles de menores ingresos, cuya brecha interna, medida como relación entre la media de ingresos entre el primer y último segmento, es de 5 veces, tal como se puede observar en la tabla de Ingresos Autónomo per cápita para el año 2017.

En contrapartida, las medidas de emergencia dirigidas a empresas han seguido una lógica contrapuesta. De acuerdo con los datos del Servicio de Impuestos Internos, para el año 2018 se registran 1.007.503 empresas, cuya distribución de acuerdo con sus ventas anuales, las clasifica en los 12 tramos definidos en la tabla siguiente. De ese universo, un 98,56% corresponde a pymes, mientras el 0,43% restante se desagrega entre los 4 segmentos de grandes empresas, con un total de casi 15.000.

Sin embargo, y tal como ocurre con la distribución del ingreso entre hogares, la concentración del volumen de ventas implica que los tramos de grandes empresas 3 y 4, concentran el 76% del total las ventas, y los cuatro tramos de grandes empresas alcanzan conjuntamente el 86,3% de las mismas. El conjunto de las pymes, 98,56% de las empresas, sólo alcanza la modesta cobertura de 13,7% de las ventas. Es claro que las ventas no son un reflejo directo de la renta, pero es un dato disponible en estadísticas públicas, útil para desarrollar una comparación de ingresos y que no está lejos de la realidad económica de las empresas en nuestro país.

Si graficamos esta distribución del total de ventas por segmento en un formato distinto, resulta aún más evidente el nivel de concentración de nuestra economía. Pero, además, no se trata de “deciles” de empresas sino de tramos, por lo que graficar el promedio de ventas por tramo, puede mostrar con mayor claridad aún esta realidad, que en formato lineal resulta imposible de representar, pero en escala logarítmica (en que cada línea de cuadrícula incrementa en 10 veces la anterior), deja en evidencia la crudeza de la concentración económica en nuestro país.

El primer paquete de medidas implementado por el gobierno creó, entre otras, algunas de ellas improvisadas ante el fracaso de las medidas iniciales, la Línea de Crédito FOGAPE COVID-19, anunciado como un respaldo decisivo a las pymes, incorporando a las empresas con ventas de hasta 1.000.000 de UF anuales. Es decir, hasta el tramo de empresas Grandes 2, cuyas ventas llegan hasta los $1.435 millones mensuales, cubriendo a un 99,68% del total de empresas. Más aún, es parte del acuerdo suscrito entre el gobierno y algunos partidos de la oposición la ampliación del llamado FOGAPE Plus para cubrir al 100% de las empresas. Así, usando los mismos formatos de comparación aplicados para el IFE 2.0, el diseño abarca a un segmento cuya brecha, medida como relación entre los rangos máximos del primer y último tramo, es de 5.000 veces, tal como se puede observar en la tabla de Tramos de Empresas por Ventas Anuales.

Y con ello, el mantra de la focalización, que justifica las restricciones e insuficiencias de las medidas económicas dirigidas a los/as trabajadores/as y sus familias, queda expuesto como lo que es: una decisión política discrecional, cuya aplicación no depende de los recursos fiscales disponibles, ni de la eficiencia del gasto público, sino, simplemente, de la expresión concreta de la representación de los intereses de los segmentos más privilegiados de nuestra sociedad.

Se argumentará que las medidas universales dirigidas a las empresas tienen por objeto proteger el empleo, lo que a la luz de las cifras de desempleo y despidos informadas por el propio gobierno queda al menos relativizado. Pero, en lo fundamental, no se hace cargo de la evidente inequidad en restringir el gasto fiscal cuando se dirige a los/as trabajadores/as y liberarlo cuando se enfoca en las empresas. Mientras se fuerza a los/as trabajadores/as de ingresos medios y superiores a hacer uso de sus ahorros y patrimonio, a recurrir al endeudamiento privado en desfavorables condiciones, se pone a disposición de empresas que concentran la riqueza del país recursos fiscales presupuestarios viabilizados por el Ministerio de Hacienda y la DIPRES, así como aquellos inyectados por el Banco Central.

Se argumentará que las medidas dirigidas a empresas no constituyen gasto fiscal, sino préstamos que retornarán al Tesoro Público, lo que en primer lugar no es efectivo, porque incluso las garantías estatales implicarán en definitiva costo fiscal y otras implican directamente gasto tributario. Pero, además, porque tanto la Suspensión Laboral, como el Seguro de Trabajadores/as a Honorarios, son mecanismos de préstamo, con garantías de devolución en exceso robustas, cuya cobertura ha sido limitada bajo la excusa de la necesidad de focalización y de escasez de los recursos públicos disponibles.

La emergencia sanitaria que vive nuestro país, sus graves efectos económicos y sociales, no pueden seguir sirviendo de excusa para limitar las respuestas del Estado a los designios y el chantaje de los poderes fácticos que han diseñado y sostenido por décadas la institucionalidad del país y sus políticas económicas y sociales para mantener los privilegios del 1% más rico de la población. Si el mal llamado “Acuerdo Nacional” se constituye en una camisa de fuerza para los actores sociales y políticos democráticos, sólo se abrirá camino para que el malestar, la protesta y la exigencia de transformaciones estructurales que han conducido a la Crisis Social que vive nuestro país, se profundicen y expresen con mayor crudeza, y con redoblada desconfianza, por la incapacidad de la representación democrática de canalizar sus necesidades y urgencias. Hoy, estas se encuentran literalmente ancladas en la defensa de la vida y la supervivencia material de las mayorías de nuestra patria, puestas en riesgo por decisiones gubernamentales que han priorizado la proyección, sin cambio alguno, del modelo económico que por 40 años ha cimentado la inequidad social que asola a nuestro país.