Un Pacto Eco-social para Chile

La actual Constitución incluye en su en su Artículo 19, entre otras cláusulas, el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación. No obstante, este derecho es dependiente a una norma que lo aplique. Si esta no existe, no existe tampoco la contaminación. Otro ejemplo, es que el Estado se reserva el derecho a establecer límites normativos. ¿Pero qué pasa cuando estos son estándares mínimos, como en algunas disposiciones legales de nuestro país que están muy por debajo de los límites recomendados internacionalmente? La consecuencia es que en ambos casos el derecho no se puede ni ejercer ni ser respetado y menos proteger a la población. Por eso, considero que en la nueva Constitución se debe consolidar el derecho a vivir en un ambiente sano para el desarrollo de la vida.

Por otro lado, la actual Constitución –nacida de manera impuesta por una dictadura cívico-militar– estableció jerarquías a los derechos y priorizó la propiedad por sobre derechos humanos básicos y con ello priorizó el extractivismo. Una de sus principales consecuencias es la postergación del derecho a un ambiente libre de contaminación, todo para que el crecimiento económico sea desarrollado sin contrapesos. Esta sola razón sugiere lo esencial de definir las prioridades que permitan el resguardo a los bienes comunes, tomando como ejemplo el caso del agua, y su acceso a ella como un derecho humano.

La privatización de los derechos de uso del agua ha tenido como consecuencia que existan poblaciones enteras que carecen de ella, y que ven cómo el agua se destina a regar plantaciones con una alta huella hídrica, mientras estas poblaciones no cuentan con  las medidas higíenicas en pandemia debido a que el agua no está priorizada para las personas y porque sólo reciben 50 litros por personas al día, aun cuando lo mínimo recomendado es el doble. Esto fue denunciado por el relator de las Naciones Unidas sobre Derecho Humano al Agua y Saneamiento, quien afirmó que el gobierno chileno “no cumple sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos si da prioridad a proyectos de desarrollo económico sobre los derechos fundamentales de la ciudadanía”.

Es probable que la nueva carta fundamental sólo obtenga los mínimos acuerdos politicos que se esperan, pero al menos debemos consolidar que esos pisos permitan a la institucionalidad quebrar la brecha que existe entre el uso industrial y poblacional del agua. No podemos seguir con un modelo neoliberal poco eficiente ni saludable y que no asegura a la ciudadanía el derecho humano al agua.

En esa línea, debemos hacer un llamado urgente a proponer  alternativas del cómo nos vinculamos a una visión de la gestión hídrica, que considere el derecho humano al agua, pero además a una estrecha vinculación con el territorio y las necesidades de sus habitantes. Esta nueva gestión debería considerar la participación ciudadana como un eje central de la gestión del agua y además consolidar, en la Carta Magna, nuevas formas de gestión comunitaria del agua, con apoyo estatal real. Para abandonar esa asimetría, además, es necesario dotar a las instituciones de herramientas que permitan denunciar y sancionar el daño ambiental con mayor fuerza cuando se trate de agua, especialmente en un escenario de escasez hídrica agudizado por el impacto del calentamiento global, sumado al extractivismo y la agroexportación.

Considerando el contexto actual de pandemia, debemos estar atentos a que la reactivación de la economía deba ser regenerativa y mediante tasas de reposición, con una huella ecológica medible de los patrones de consumo para recuperar los ecosistemas devastados por nuestro actual modelo extractivista. Para esto debemos promover el resguardo de las funciones ecosistémicas, tanto terrestres como hídricas, generando una potencial redistribución de los bienes en el largo plazo, lo que implicará incluso un mayor retorno económico en el tiempo.

Para que esto sea posible, es fundamental asegurar las garantías mínimas en la nueva Constitución en la que se consoliden de una vez por todas el derecho humano al medioambiente sano y al agua, como pasos básicos para el término de la visión antropocéntrica que la naturaleza es infinita y sin derechos. En la nueva Constitución deben establecerse los criterios para la actividad económica, a través de un modelo productivo que considere múltiples criterios para asegurar el bienestar humano, pero a través del cuidado de la naturaleza y con ello apuntar a reducir drásticamente nuestra Huella Ecológica.

Debemos resistir para vivir, marchar para transformar, empujar hacia un Estado garante de los derechos humanos y ambientales, protegiendo el patrimonio de la biodiversidad; salvaguardando una democracia participativa, transparente, inclusiva  y socioecológicamente responsable, con justicia climática, y que pueda llevarnos desde un modelo individualista voraz a uno cooperativo y fraterno, que permita que todos los habitantes de este país puedan vivir en un ambiente sano y digno.

Hay una esperanza activa en muchos territorios, pero esta debe constituirse y organizarse para transformar las cosas. Los pequeños cambios no necesariamente llevan a un cambio profundo, pero estamos ante un momento histórico que nos da la oportunidad de empujar un estado plurinacional feminista ecologista; uno que desde el bienestar y lo comunitario genere una red colaborativa desde cada territorio y que nos otorge un Nuevo Pacto Eco-social.

Es vital que en el proceso constituyente pensemos cómo proteger y establecer que el medioambiente sea sujeto de derecho, ya que en un nuevo pacto socioambiental el rol del Estado y la protección de los seres humanos dentro del espacio ecológico debería ponerse por sobre cualquier otro derecho, comprendido como una función ecosistémica de la vida en general.